Estafa al Ipross: primer mes a paso lento para el juicio más largo de los últimos años en Río Negro

El proceso contra cuatro farmacéuticos que se realiza en Roca podría terminar ahora entre fines de octubre y noviembre.

El juicio por la estafa al Ipross cumplirá hoy un mes desde su inicio y los avances fueron tan lentos que la expectativa de una sentencia en septiembre empieza a desvanecerse. Entre funcionarios judiciales y representantes de cada una de las partes se instala la idea de que octubre o noviembre darán el escenario para las audiencias finales, antes de la resolución de primera instancia que indicará si los cuatro farmacéuticos acusados son responsables por los delitos investigados.

El análisis de documentación, con repasos línea por línea de planillas; la corroboración de firmas y las preguntas de fiscales, querellantes y defensores mantuvieron a algunos testigos declarando hasta en cuatro jornadas consecutivas, alterando los planes iniciales, que proyectaban un juicio extenso pero no más allá de diez semanas después del 27 de junio, cuando se puso en marcha.

Fuentes judiciales consultadas ayer confirmaron que se trata del juicio más largo desde que se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de Río Negro, en agosto del 2017.

Claro que lo trabado del camino inicial no significa que lo ocurrido en los tribunales provinciales de Roca haya sido irrelevante. Por el contrario, para la Fiscalía hubo confirmaciones muy importantes durante las audiencias desarrolladas en estas primeras cuatro semanas, en las que se avanzó sin pausas, más allá de la feria judicial.

Esa valoración positiva de los acusadores surge principalmente a partir de la declaración de exautoridades y miembros de la Comisión Fiscalizadora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, órgano que intervino cuando a principios del 2019 se detectaron las primeras irregularidades en la facturación de un grupo de farmacias a la obra social del Estado rionegrino.

Lógicamente, desde las defensas miran el panorama con otra lupa y creen que hasta el momento no aparecieron elementos contundentes para considerar acreditados los hechos que imputan a Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano.

Los tres primeros eran o son propietarios de farmacias en Roca, en tanto que la última imputada era la auditora del Colegio de Farmacéuticos, sospechada de haber actuado en connivencia con sus colegas para que el Ipross pague por remedios nunca entregados a los afiliados o por cantidades superiores a las realmente retiradas de los mostradores.

La postura de tranquilidad de las defensas se basa en la convicción de que la Comisión Fiscalizadora integrada por tres farmacéuticos -cuyo trabajo derivó en la denuncia penal que abrió paso a la investigación judicial- es un órgano que no forma parte de los estatutos del Colegio de Farmacéuticos, por lo tanto su accionar no tiene respaldo formal.

Además, los abogados afirman que los documentos elaborados por ese equipo no fueron firmados y que tampoco existe respaldo físico para corroborar datos, por lo tanto no ofrecerían garantías de confiabilidad, integridad, ni coherencia.

Cabe recordar que las previsiones iniciales fueron de unos 500 testigos para todo el juicio y hasta el momento declararon sólo 20 personas.

Durante el último mes hubo varias instancias para arribar a “convenciones probatorias”, que son acuerdos entre las partes para incorporar al juicio elementos o testimonios obtenidos durante la etapa preliminar, evitando la convocatoria a testigos para que declaren en el juicio.

Para la semana próxima se prevé aumentar el ritmo en el paso de los testigos, con 26 citaciones previstas. La mayoría de ellas (18) corresponde a funcionarios y empleados del Ipross, que declararán en forma virtual desde Viedma.

Mastandrea, Mascaró y Caffaratti, durante la audiencia del martes. (Foto: Juan Thomes)


Juicio al Ipross: Políticos, por escrito y cerca de la audiencia final


Las declaraciones más extensas en el mes inicial del juicio por la estafa al Ipross fueron las de Marcelo Yop, expresidente del Colegio de Farmacéuticos que presentó la denuncia penal en el 2019, y de Nabil Zgaib, integrante de la Comisión Fiscalizadora de la entidad.

Sólo esos dos referentes del sector ocuparon siete jornadas, respondiendo preguntas y verificando datos asentados en diversos registros que les fueron exhibiendo desde Fiscalía, querella y defensas.

Ayer fue el turno de los contadores de la entidad durante el período en el que ocurrieron los hechos investigados (2013-2019) y de otros empleados, entre ellos el responsable de los Servicios Informáticos del Colegio.

En tanto, la expectativa inicial por las declaraciones de autoridades provinciales, extitulares del Ipross y legisladores provinciales, convocados por la defensa de los imputados, aparece menguada, porque la mayoría de ellos responderá preguntas por escrito.

Según confirmaron fuentes con acceso al expediente, sus declaraciones se leerán al final del debate, en el día previo a los alegatos de clausura, es decir hacia finales de octubre.


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