Estafa con planes sociales: seis meses más de prisión preventiva para Soiza y Osuna
Se resolvió hoy en una audiencia, a pedido del fiscal Pablo Vignaroli. Aseguró que es "inminente" la elevación a juicio.
Soiza y Osuna, dos de los principales imputados, continuarán en prisión. Foto: Matías Subat.
Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna, dos de los principales imputados por la estafa con planes sociales en Neuquén continuarán en prisión preventiva otros seis meses, según resolvió hoy la jueza de Garantías, Carina Álvarez. La extensión fue solicitada por la fiscalía tras considerar que los riesgos procesales que los llevaron a permanecer detenidos «siguen vigentes». Uno de los acusados presentó un descargo por escrito esta semana intentando mejorar su situación, sin éxito.
El fiscal Pablo Vignaroli fundamentó el pedido para ambos acusados en función del riesgo procesal que implicaría dejarlos en libertad hasta el juicio, cuyo plazo está previsto para julio. Enumeró «acciones de ambos imputados hacia otros coimputados, en ocasiones a través de su abogado defendor de entonces, Alfredo Cury». Afirmó que el objetivo era «entorpecer, hacer que no es encontraran dispositivos electrónicos o que se les borrara información».
Planteó que «no hay ningún elemento nuevo que haga que esta situación varíe para no sostener la prisión preventiva, sino que todo lo nuevo, y que es del avance de la investigación, la hace cada vez más sólida y trae el juicio cada vez más cerca».
El plazo que tiene la fiscalía para investigar vence el 29 de julio, pero Vignaroli aseguró que «la fiscalía quizás esté en condiciones de presentar la acusación antes».
Osuna y Soiza están acusados como jefes de la asociación ilícita que se dedicaba a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales de Desarrollo Social de la provincia a través de cheques y tarjetas de débito. El otro imputado con prisión preventiva, Pablo Sánz, está con domiciliaria.
Las defensa de los imputados reclamaron hoy el mismo tratamiento, pero la jueza Álvarez se inclinó por el pedido de la fiscalía.
Los otros imputados
Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados, entre particulares, empleados de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
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