Investigan a un millar de empleados públicos de Neuquén que cobraban planes sociales
La denuncia la presentó la fiscalía de Estado luego de una auditoría de la Contaduría General de la provincia. La cifra es varias veces millonaria.
Vignaroli (a la derecha), Narváez y el representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon. (Archivo/Matías Subat)
La fiscalía de Delitos Económicos abrió una investigación contra un millar de empleados públicos de la provincia de Neuquén que según una denuncia, cobraban planes sociales además de su sueldo.
La presentación la hizo la fiscalía de Estado de Neuquén con la firma de su titular, Raúl Gaitán, y su apoderado, Gustavo Kohon. Son dos carillas y media con un resumen sucinto de los hechos, y como anexo aportó el listado de las y los empleados y el resultado de una auditoría que realizó la Contaduría General de la provincia.
El período auditado va desde enero a diciembre del 2022. Según la conclusión provisoria, los empleados públicos percibieron el Subsidio Social Transitorio; Subsidio para la Desocupación Laboral y Subsidio Tres Programas de Familia de manera indebida, porque esos pagos son incompatibles con la condición de empleados estatales.
El monto de la maniobra
En cuanto al monto de la maniobra, la estimación es que fue por 117.910.831,96 pesos.
La fiscalía de Estado (un organismo que representa los intereses del erario público) entregó como documentación a la fiscalía de Delitos Económicos (dependiente del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, que investiga hechos delictivos) un anexo con las identidades de los empleados.
Por trascendidos se sabe que son como mínimo 700 personas, aunque el número final rondaría o superaría los mil, y la mayoría pertenecería al ex Ministerio de Desarrollo Social. De la misma manera extraoficial surge que el grueso ingresó a esa cartera durante la gestión de Mariano Gaido, actual intendente de Neuquén.
Nombres que se repiten
Algunos de los empleados que además cobraban subsidios ya figuran como imputados en la investigación de la estafa con tarjetas de débito. Son parte de los 31 acusados de asociación ilícita.
Entre ellos, dos de los acusados de ser cabecillas: Marcos Ariel Osuna, con prisión preventiva, y Néstor Pablo Sánz, con prisión domiciliaria.
Al presentar la denuncia, la fiscalía de Estado sugirió que se abra un nuevo legajo, independiente de la causa principal de las estafas, con lo cual serían cuatro las investigaciones en marcha.
Las cuatro investigaciones
La original, la estafa con planes sociales que investiga hechos cometidos con tarjetas de débito entre septiembre del 2021 y julio del 2022, por un monto superior a los 153 millones de pesos, con 31 imputados, cinco de ellos como jefes de la asociación ilícita, dos con prisión preventiva y uno con domiciliaria.
La Planes Sociales II en la que se investiga la maniobra similar pero cometida con cheques destinados al pago de planes sociales. Abarca a gestiones del Ministerio de Desarrollo Social anteriores a la de Abel Di Luca.
Y la Planes Sociales III que se abrió luego de la declaración como arrepentido de Néstor Pablo Sánz: incluye a más personas y también un lapso más prolongado de tiempo.
Plazo hasta julio del 2024
La investigación más avanzada es Planes Sociales I. La fiscalía que comanda Pablo Vignaroli con Juan Manuel Narváez solicitó y logro un plazo de 8 meses más, hasta julio del 2024, para presentar su pedido de elevación a juicio.
Hasta entonces, avanza con pericias contables e informáticas sobre dispositivos electrónicos que les secuestraron a los imputados.
En Planes Sociales II y III no se realizó aún la formulación de cargos.
Comentarios