Fijarán la pena a exjefes policiales condenados por la represión en la que fue asesinado Fuentealba
El tribunal escuchará este jueves la petición de la fiscalía, la querella y las defensas. Ayer declaró el actual subjefe de la fuerza que habló del 2007 como la época en que ocurrió "el fallecimiento del profesor".
El 4 de abril del 2007 fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba, durante una represión en Arroyito. Foto archivo: Matías Subat.
El defensor Gustavo Lucero le preguntó al testigo Luis Arango, de jerarquía comisario general, actual subjefe de la policía de Neuquén, con 32 años de antigüedad, si conocía a Moisés y a Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido. En 2007 los ahora imputados integraban la cúpula de la fuerza. Pasaron 16 años, están retirados y condenados por abuso de autoridad. Su respuesta fue:
-Sí, a los cuatro los conozco porque son todos superiores míos.
Arango trabajaba en el departamento de operaciones el 4 de abril cuando el cabo José Darío Poblete, del grupo especial Zapala, le disparó con una pistola federal a la luneta del Fiat 147, en cuyo asiento trasero iba el docente Carlos Fuentealba, y lo mató. Viajaba en dirección a Neuquén capital, ya que el sindicato ATEN había desistido de realizar el corte de ruta a la altura de Arroyito. La policía reprimió esa protesta con gases en el puente y también en la estación de servicio YPF. Tras una tregua, los manifestantes se retiraban.
El jefe del operativo fue Rinzafri. Allí también estaban el subjefe de policía, Moisés Soto, el superintendente de Seguridad, Adolfo Soto y Garrido, a cargo del departamento de Seguridad Metropolitana. Durante la jornada llegaría el jefe, Carlos Zalazar, quien había sido instruido por el gobernador Jorge Sobisch.
Los cinco fueron declarados penalmente responsables de haber pemitido un uso indiscriminado de la fuerza, por sus roles de planificación y ejecución del procedimiento. El tribunal -integrado por Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc- consideró que daban las órdenes, y por tanto tenían la posibilidad de frenar cualquier atropello y garantizar el derecho a la protesta.
Aún con la condena a Poblete en 2008 y a los cinco exjefes en marzo pasado, Arango habló del 2007 como la época en que ocurrió «el fallecimiento del profesor» Fuentealba. Cuando se le pidió opinión sobre los acusados, se refirió a Adolfo Soto, con quien dijo haber trabajado, como «muy amable», «muy agradable» y sobre el resto afirmó que eran correctos. Evitó profundizar sobre si el fallo que los declaró responsables dañaba el prestigio de la institución, porque indicó que si se iniciaba una actuación administrativa a partir de la sentencia él iba a tener que intervenir.
El subjefe fue uno de los nueve testigos que se presentaron este miércoles. El tribunal tendrá que definir que pena les impone a los cinco exjefes condenados por abuso de autoridad y a Benito Matus, que por entonces era oficial principal del área de Logística y actualmente es comisario en Chos Malal, declarado responsable del delito de abuso de armas agravado.
El grueso de quienes declararon fueron familiares y compañeros de los imputados. Todos ellos aseguraron que eran «personas de bien», «fueron a trabajar, hicieron su trabajo y lo hicieron bien».
Quien aportó datos sobre los legajos de los seis imputados fue Andrea Noelia Quevedo, de la dirección de personal de la policía. En el caso de Matus planteó que tuvo seis sanciones y que se lo pasó a disponibilidad en febrero de 2002, luego de que fuera condenado a un año de prisión en suspenso más dos de inhabilitación por vejaciones, y en abril de 2007 por los hechos ocurridos en Arroyito.
Rinzafri se retiró en 2008 y tuvo sólo una sanción. Moisés Soto y Zalazar fueron retirados el 10 de abril de 2007, por disposición de Sobisch. El exjefe tuvo una sanción en 1979, ingresó a la escuela de cadetes en 1977. El último en retirarse fue Garrido, en 2017. Ninguno de este grupo registra antecedentes penales.
Este jueves, a partir de las 8.30, se escuchará a los últimos testigos y después la fiscalía, la querella y las defensas tendrán como máximo 20 minutos para pedir la pena que les corresponde a cada uno. El tribunal puede resolver inmediatamente o tomarse hasta dos días para comunicar su decisión.
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