Homicidio de Julián Salvo en El Bolsón: el acusado seguirá detenido, así lo definió la Justicia

Aunque no escapó de la escena del crimen y permaneció en su casa a la espera de la policía, el imputado de un homicidio cometido días atrás en El Bolsón se cambió de ropas antes de ser detenido, se bañó y también habría lavado el cuchillo empleado en el hecho. Estos actos fueron tomados por la Justicia como un intento de “entorpecer” la investigación y justificaron la decisión de mantenerlo bajo prisión preventiva.

El abogado defensor de Richard Salazar promovió una audiencia para reevaluar la medida cautelar de privación de la libertad -que se realizó ayer al mediodía- y propuso un régimen más atenuado, que podía consistir en presentaciones periódicas, prohibición de acercamiento a testigos o “en última instancia” prisión domiciliaria con tobillera.

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Qué dijo la defensa de Richard Salazar

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Según el letrado, Hugo Cancino, su defendido tiene arraigo y oficio (es carpintero), además de enfrentar ya una causa por “transporte de estupefacientes” ante la Justicia Federal, que le fijó pautas de presentación mensual y las cumple regularmente.

Salazar está acusado de acometer a puñaladas a Julián Salvo y causarle la muerte en la madrugada del último 29 de septiembre.

Pero el juez Martín Arroyo, encargado de evaluar el pedido, resolvió no retroceder sobre la dispuesto hace dos semanas por su par César Lanfranchi y confirmó la prisión preventiva de Salazar hasta el 2 de marzo próximo.

Atendió así las razones del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, quien expuso las razones que a su juicio eran suficientes para no cambiar la medida cautelar contra el imputado. Dijo que “desde el inicio Salazar procuró entorpecer la investigación” y que no era suficiente dictarle una “prohibición de contacto”, porque conoce a uno de los testigos clave y existe riesgo de que lo presione para favorecer su situación.

Según Arrien, existieron “evidencias acreditadas” en la audiencia de formulación de cargos sobre el riesgo procesal, que no perdieron vigencia.

El abogado defensor tomó el caso en fecha reciente y reemplazó a dos defensoras oficiales. Se propuso cambiar el enfoque sobre el hecho pero fracasó en su intento de aliviar la situación de Salazar y también de acortar el plazo de investigación, que fue extendida hasta marzo -a su entender- “sin sustento objetivo”.

Sobre la prisión preventiva argumentó que no debe ser de aplicación automática ni debería importar la gravedad del delito imputado, sino las constancias fehaciente sobre las causales de entorpecimiento.

Cancino dijo que el imputado no cometió “ningún acto tendiente a afectar los medios de prueba” y aunque está acusado de homicidio simple, adelantó que su intención es demostrar a lo largo del juicio que esa calificación es errada porque se trató de un “homicidio en riña”, de pena mucho menor, en razón de que intervinieron cuatro personas y que hubo “agresiones recíprocas”.

Sobre el arma con la cual se habría cometido el crimen, el abogado dijo que Salazar no la reconoce como propia y niega haberla empuñado. Subrayó que “falta desarrollar elementos de prueba” para sostener lo contrario.

Ninguno de sus argumentos resultaron efectivos. El juez Arroyo dijo que “la libertad es la regla durante el proceso, pero puede haber excepciones ante determinados supuestos”.

Sostuvo que “hay un grado de sospecha para tener como probable la participación del imputado en el hecho” y tambén que existe un testigo presencial “que lo sindica personalmente a Salazar” como autor del homicidio, quien podría “influir en su declaración”.

Por esa razón, Arroyo se inclinó por mantener la prisión preventiva y sostuvo que esa decisión “no puede ser considerada como un acto contrario a derecho”.