Indemnización millonaria en Roca: un accidente laboral marcó la vida de una policía y la Justicia lo reconoció

La Justicia de Río Negro condenó a una aseguradora a pagar una millonaria indemnización a una oficial de la policía provincial. La agente, víctima de un accidente mientras cumplía su deber, obtuvo un fallo a su favor que no solo reconoce las secuelas físicas del siniestro, sino que también valora de forma crucial el daño psicológico sufrido.

La sentencia, que condenó a la ART a abonar más de 8 millones de pesos. El caso se remonta a marzo de 2021, cuando la oficial, en ese entonces subinspectora, se encontraba participando de una investigación por una «muerte dudosa» en una vivienda de Roca. Durante la diligencia, la agente sufrió un traumatismo ocular al golpearse con un perfil metálico que sobresalía del marco de una puerta.

El siniestro fue aceptado por la aseguradora, que le brindó las prestaciones médicas correspondientes y le dio el alta médica sin secuelas, fijando una incapacidad del 4,90%. Disconforme con esta determinación, inició una demanda para que se reconociera la verdadera magnitud de sus lesiones, tanto físicas como emocionales, desatando así un camino judicial que terminó en condena.

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Detalles del camino judicial y la disputa por la incapacidad

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Tras el alta médica sin secuelas otorgada por la ART, la oficial acudió a la comisión médica, que emitió un dictamen donde consideró una incapacidad del 4,90%. Sin embargo, la agente no se conformó y decidió llevar el caso a los tribunales. En su demanda, sostuvo que su incapacidad era mayor y que la ART no había contemplado los daños psicológicos sufridos a raíz del accidente.

La disputa se centró en la discrepancia de las valoraciones. La policía reclamaba una incapacidad superior, mientras que la aseguradora se aferraba al porcentaje fijado por la Comisión Médica y negaba la existencia de una dolencia psíquica vinculada al hecho.

En el transcurso del juicio, se ordenaron pericias clave. La perito médica determinó una incapacidad física del 5% por la disminución visual en el ojo derecho. Su informe fue contundente y no fue impugnado por las partes.

Sin embargo, el punto de mayor conflicto surgió con la pericia psicológica. La licenciada que la evaluó, diagnosticó una Reacción Vivencial Anormal Neurótica (R.V.A.N) de Grado III, una dolencia que representaba un 20% de incapacidad psíquica. La perito aseguró que este trastorno estaba directamente relacionado con el «impacto traumático» del accidente.

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El debate científico y la postura de la ART

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La pericia psicológica desató una fuerte impugnación por parte de la aseguradora. A través de una experta en la materia, la compañía cuestionó la valoración del 20%, argumentando que la perito no había considerado la existencia de una patología ocular preexistente en la trabajadora y que los síntomas psicológicos, como la ansiedad y la depresión, podrían estar vinculados a su «personalidad de base». En su escrito, la ART sugería que el tratamiento recomendado de dos años era excesivo para un cuadro de Grado III, que, a su entender, no debería superar un año de duración.

La respuesta de la perito psicóloga fue decisiva. Ratificó su dictamen en todos sus términos, refutando categóricamente las objeciones de la demandada. Explicó que había evaluado y descartado cualquier predisposición o psicopatología previa, y que la personalidad de la oficial no podía ser tomada como una causa preexistente, ya que antes del accidente había logrado una adaptación satisfactoria en su vida.

La experta insistió en que el hecho de autos fue «compatible con el concepto psicológico de trauma» y que el impacto traumático había desbordado la capacidad de respuesta de la agente, justificando la incapacidad diagnosticada y la necesidad de un tratamiento prolongado.

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El fallo: dos posturas, una condena millonaria

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El tribunal, al momento de resolver, se enfrentó a un dilema. La Cámara del Trabajo de General Roca debatió las dos posturas de sus jueces. Por un lado, el juez Nelson Walter Peña, quien sostuvo en su voto que la pericia psicológica era «plenamente eficaz» y que la impugnación de la ART no lograba «desestabilizarla».

Peña consideró que la oficial sufría una incapacidad del 25,79%, combinando el 5% físico y el 20% psicológico, calculado con el método de la capacidad restante (Balthazar). De esta forma, su cálculo arrojó una indemnización superior a la fijada.

Victorio Gerometta, el otro magistrado, si bien coincidió con la condena, discrepó en el porcentaje de la incapacidad psicológica. En su voto, argumentó que la valoración del 20% era excesiva y que el cuadro de la agente encuadraba más en una RVAN de Grado II, que representa una incapacidad del 10%.

Para este juez, los elementos de la pericia no justificaban una valoración tan alta, ya que algunos de los síntomas mencionados por la perito eran potenciales y no se habían constatado. La jueza restante, Paula Inés Bisogni, adhirió a esta segunda postura, lo que definió la sentencia final.

La resolución del tribunal, por mayoría, determinó que la incapacidad total de la oficial era del 16,19% (10% psicológico y 6,19% físico, calculado por el método Balthazar). En consecuencia, condenó a la aseguradora a pagar la suma de $8.050.910,98 a la oficial.

La sentencia también ordenó a la aseguradora a continuar brindando el tratamiento psicológico a la víctima hasta su completa curación, una medida que reconoce la importancia de la rehabilitación mental en los casos de accidentes laborales.