Juicio a la comunidad mapuche Buenuleo: el denunciante dijo ser propietario legítimo
Nueve personas están imputadas por el delito de usurpación ocurrido en 2019. En la primera audiencia declaró el querellante Emilio Friedrich.
Nueve personas, integrantes de la comunidad Buenuleo y un referente mapuche de Chubut, están imputados por el delito de usurpación en Bariloche. Foto: Chino Leiva
El juicio por usurpación en el que están acusados nueve miembros de la comunidad mapuche Buenuleo ingresó hoy en la etapa definitoria con la apertura del juicio oral en Bariloche, en el que prestó declaración el denunciante original, quien se presenta como propietario de las tierras en litigio, ubicadas al pie del cerro Ventana.
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La causa arrastra una accidentada historia que se inició hace más de cuatro años, cuando la comunidad inició la ocupación de las tierras comprendidas en el “lote 132”, del barrio Pilar II, sobre las que alegan tener derechos ancestrales y “propiedad tradicional”, como les reconoció una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, luego fue anulada por la Justicia.
Los imputados en la causa son el lonko de la lofche, Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, su hijo Nicolás Quijada, Lucas Dinamarca, Caludio Railén, Sandra Fermán, Leonardo Feltez y Mauro Millán. Este último participó del recupero de tierras en septiembre de 2019 pero es lonko de la comunidad Pillan Mahuiza, de Chubut.
La primera audiencia quedó absorbida hoy en buena medida por cuestiones preliminares y solo fue escuchado un testimonio de los seis programados. El único que brindó su versión de los hechos fue Emilio Friedrich, quien denunció el 10 de septiembre de 2019 la irrupción del grupo mapuche en “el patio” de su vivienda, emplazada en el predio que compró “comprado de buena fe” unos años antes a un intermediario.
Dijo que en la mañana de ese día, y luego de algunas discusiones, la casa quedó cerrada con candado y a resguardo de la policía, pero tiempo después fue ocupada por los Buenuleo.
Friedrich es también querellante en la causa y por eso declaró en primer término. A su vez, entre 2014 y 2016 enfrentó un juicio por usurpación iniciada por los Buenuleo, en la que resultó sobreseido.
La defensa oficial ejercida por Marcos Cicciarello y Natalia Araya recordó ese antecedente, para excusar a los miembros de la comunidad, quienes observan en la Justica una “doble vara”. Los Buenuleo perdieron ya varias batallas preliminares en la causa acusados de apelar a “vías de hecho”, que fueron descalificadas como recurso en cualquier caso, aun para reivindicaciones legítimas, según lo expuesto por el STJ.
Cicciarello subrayó que Friedrich está “flojo de papeles”, dijo que instaló una casilla y puso un cuidador, en actitud hostil hacia la comunidad, y enfrentó una causa “por los mismos hechos de los que acusa” ahora a los Buenuleo.
El defensor observó que “pretende ahora obtener por vía penal” lo que no obtuvo en la Justicia Civil, que nunca le reconoció su condición de propietario de la parcela.
En su interrogatorio al denunciante y víctima, Cicciarello buscó profundizar sobre la operación de compra de las 92 hectáreas, preguntó sobre el precio pagado (120 mil pesos, en su momento 34.000 dólares) y quiso saber si no le llamó la atención esa cifra, al punto de sospechar sobre los legítimos de derechos de quien las ofrecía en venta.
Ese tema generó visible incomodidad a la fiscal Betiana Cendón y al abogado querellante Alejandro Pschunder, quienes impugnaron varias preguntas de la defensa por “improcedentes”, pero chocaron una y otra vez con el “no ha lugar” de la presidente de la jueza que preside el tribunal, Romina Martini.
Friedrich negó que se trate de tierras valiosas, dijo que solo una pequeña parte junto al río Ñireco es plana (donde instaló su vivienda) y el resto es una ladera con fuerte pendiente hacia el cerro Ventana.
Actos de violencia
La defensa le preguntó al denunciante si había gente a su servicio que “portaba armas de fuego” en el lugar y Friedrich respondió que sí, pero dijo no haber visto cuchillos. Esto en razón de que luego de la denuncia de usurpación hubo al menos un incidente grave cuando un empleado de Friedrich intentó expulsar a la familia mapuche por cuenta propia, y sin esperar la decisión de la Justicia. Varios de los atacados terminaron con heridas y los agresores fueron condenados.
En su alegato inicial la fiscal Cendón dijo que la cuestión a dirimir no serán los derechos de la comunidad mapuche sobre las tierras, sino su apelación a las “vías de hecho” para iniciar la “recuperación” por cuenta propia, y que ya fue cuestionada con severidad por el STJ, cuando revirtió el sobreseimiento inicial que había favorecido a los Buenuleo.
La defensa, en cambio, subrayó que Friedrich “firmó un boleto privado” y compró a “quien no tenía derechos” y había comprado a su vez a un descendiente del propietario original, Antonio Buenuleo, quien no tenía documentación acreditante ni aval de la comunidad.
El defensor Cicciarello aseguró que los imputados pertenecen “a una comunidad pacífica, que no tiene denuncias por violencia” y consideró que la querella “ha tenido la astucia de vincularlos con el llamado conflicto mapuche”.
Subrayó que la comunidad “nunca perdió contacto con el territorio y siempre fueron a recolectar leña, plantas medicinales y hacer ceremonias”, algo que fue negado por Friedrich.
Cicciarello dijo que los Buenuleo fueron víctimas de actos previos de violencia y “ejercieron su derecho a la legítima defensa y a permanecer en el territorio”, lo cual “jamás puede ser delito”. Aseguró además que el caso fue evaluado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “dictó una cautelar para que el Estado argentino garantice el resguardo de la comunidad”.
La discusión sobre la propiedad
Millán observó al cabo de la primera audiencia que “la discusión de fondo es por el concepto de propiedad privada, que es tomada como un derecho absoluto, cuando no es la única ley que existe”.
Subrayó que Friedrich adquirió tierras a alguien que “no era titular primigenio del territorio”. Señaló que en el juicio se puede ver “un grado muy grande de negacionismo en la querella y la fiscalía, que hablan de leyes nacionales y leyes indígenas, cuando no existe esa distinción, porque el derecho indígena es constitucional, e incluso internacional”. Millán opinó que esa discusión es de índole “política” y no debería ser parte del juicio.
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