Juicio contra la comunidad Buenuleo: la fiscalía y la querella pidieron condenas por usurpación

Se realizaron los alegatos este miércoles. Integrantes de la comunidad mapuche acusados en Bariloche dieron su versión ante el tribunal.

La dura controversia que mantuvieron las partes a lo largo de todo el juicio oral seguido contra los miembros de la comunidad Buenuleo y otros referentes mapuches por una causa de usurpación en Bariloche quedó expuesta hoy con mayor profundidad en la audiencia de alegatos.

La fiscal Betiana Cendón y el abogado querellante Alejandro Pschunder, quien representa al supuesto titular privado del terreno objeto del litigio, pidieron condenas para los nueve acusados, algunos de los cuales hablaron por primera vez en los momentos previos, alegaron de que se trata de una tierra comunitaria y dijeron no entender por qué habían sido llevados a juicio.

Cendón afirmó que a lo largo de las dos semanas de audiencia quedó “acreditada de modo contundente” la autoría y la responsabilidad de los involucrados. Los acusó de haber irrumpido en la mañana del 10 de septiembre de 2019 en la parcela de 92 hectáreas que forma parte del lote pastoril 127, al pie del cerro Ventana, y haber ocupado la vivienda precaria levantada allí por Emilio Friedrich y su socio.

Última audiencia en el juicio contra la comunidad Buenuleo, en Bariloche. Foto: Chino Leiva

La fiscal fundó buena parte de su exposición en un fallo previo del STJ, que intervino en la causa para revertir un primer sobreseimiento en favor de los Buenuleo, promovido por el fiscal actuante en aquella primera etapa, Martín Lozada.

Cendón dijo que no estaba en juego el derecho de propiedad sobre las tierras sino la impugnación de la conducta de la comunidad indígena, por haber empleado “vías de hecho”, tal como lo subrayó el máximo tribunal para ordenar la continuidad del juicio.

Del mismo fallo se tomó a su turno el defensor oficial Marcos Ciciarello para sostener que no habían sido considerados algunos datos centrales -porque los jueces los desconocían-, por ejemplo que la fracción reivindicada por Friedrich “se encuentra dentro del lote mayor, que es de los Buenuleo” y que para acceder debían transitar necesariamente por esas tierras, que son propiedad de la comunidad.

El juez Ignacio Gandolfi participó de las últimas audiencias del juicio contra la lof Buenuleo por vía remota. Romina Martini y Víctor Gangarrosa desde el tribunal en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Cendón también argumentó que Friedrich era titular de la “posesión material” de las 92 hectáreas y que las había adquirido a un intermediario, a quien antes le había vendido Antonio Buenuleo, antiguo referente de la comunidad.

“Se reconocen las propiedades de las comunidades originarias, pero no contra las propiedades privadas -señaló-. Está claro que existieron personas despojadas de buena fe”.

Dijo que la lofche Buenuleo, si quería ejercer un supuesto derecho sobre la tierra en cuestión debió anteponer una demanda de “recobrar” y no ingresar por cuenta propia y despojar al tenedor.

Los acusados son el lonko de la comunidad Ramiro Buenuleo, su pareja Sandra Ferman, Rosa Buenuleo, su hijo Nicolás Quijada, Lucas Dinamarca, Claudio Railén, Aucan Maliqueo, Leonardo Feltez y Mauro Millán, quien ese día los acompañaba con el objeto de participar de una ceremonia, pero es lonko de otra comunidad, en territorio de Chubut.

Cendón pidió para todos la declaración como responsables del delito de usurpación “agravado por la participación de menores”.

El querellante Pschunder adhirió a lo expuesto por la fiscalía y puso en duda la existencia del derecho a la propiedad comunitaria indígena, “mientras no haya una ley especial” que la reconozca. Dijo que los mapuches hablan repetidamente de “recuperación” de tierras y a su juicio esa expresión no es otra cosa que “reconocer las vías de hecho”.

Pschunder pidió también la investigación por falso testimonio de la extitular del INAI y actual legisladora provincial Magdalena Odarda, quien declaró en el juicio el último lunes. La acusó de “mendacidad” y de haber “ratificado y convalidado las vías de hecho”.

El abogado querellante Alejandro Pshunder adhirió al pedido de responsabilidad pedido por la fiscalía. Foto: Chino Leiva

El abogado fue amonestado más de una vez por leer su argumentación (lo cual está vedado) e incluyó varias reivindicaciones al actual gobierno nacional. “Como dice el presidente de la Nación, que las fuerzas del cierlo nos protejan”, dijo al final de su alegato.

“No es un caso político”


El defensor Marcos Ciciarello se quejó de que la acusación haya pretendido en distintos momentos instalar el litigio por supuesta usurpación “como un caso político”.

Fundó su exposición en cuestionar los derechos de Friedrich sobre la tierras objeto de la controversia. Recordó que tenía apenas un boleto de compraventa privado al que calificó de “trucho” y resaltó que a pesar de las gestiones no pudo escriturar ni tampoco logró el registro a su favor en Catastro de la provincia.

Para llegar a esas 92 hectáreas han debido ingresar por el lote que pertenece a la comunidad”, subrayó Ciciarello. Recordó que hubo varios incidentes violentos anteriores al día de la supuesta usurpación y por eso los Buenuleo decidieron cerrar el camino y poner fin a ese permiso tácito.

Señaló que el reconocimiento de la presencia de la comunidad Buenuleo en la zona con una antigüedad de más de 100 años por parte de una resolución del INAI “fue importante”, pero no es el único pronunciamiento de un organismo del Estado. También citó un fallo de la Justicia Federal de Bariloche -”insospechada de ser kirchnerista”, dijo-, que “ordenó que se tramite el título de propiedad comunitaria de todo el lote” en favor de la lofche Buenuleo.

Subrayó que ese lote pastoril 172 ubicado en los faldeos del Ventana “es indiviso” y cuestionó “la delimitación de 92 hectáreas sin ningún respaldo” invocada por Friedrich para defender su titularidad sobre esa fracción.

“Esto no puede ser delito de usurpación” dijo Ciciarello, luego de hacer hincapié en la debilidad de los derechos del querellante y de recordar también “las agresiones previas”, que derivaron en los hechos de septiembre de 2019. El defensor pidió la absolución de todos los acusados y advirtió que de terminar en una condena, el juicio contra los Buenuleo expondría al país a posibles sanciones, porque “hay obligaciones internacionales que generan responsabilidad al Estado argentino, más allá del derecho privado.

La cultura y la historia mapuche


Todos los acusados se habían negado a declarar al comienzo del juicio pero hoy -luego de escuchar todos los testimonios- algunos de ellos ejercieron el derecho a dar su versión. “No entiendo realmente qué hago acá”, dijo el lonko Mauro Millán, quien aseguró que el día del incidente había ido a acompañar a la comunidad en una ceremonia, como lo hacía habitualmente. Habló de sus abuelos, del reconocimiento como mapuche a partir del uso del mapuzungun y de su “empatía” con la historia de los Buenuleo.

Hay una sola ley y una sola Constitución y allí se establecieron los derechos indígenas”, subrayó Millán. También hablaron ante el tribunal Claudio Reile -quien dijo que se dedicaba a enseñar la lengua mapuche a adultos y niños, de allí su relación con los Buenuleo-, Aucan Maliqueo, Sandra Ferman y Lucas Dinamarca, hijo de Deolinda Buenuleo. Todos aseguraron que la Buenuleo son una comunidad pacífica y relataron algunas de las agresiones sufridas, de las que culparon a un empleado de Friedrich, identificado como “el Loro Vera”.

Dinamarca se presentó como “una persona trabajadora, padre de familia”, también aseguró que no entendía por qué estaba acusado de un delito. “Nunca amenacé a nadie, estamos sentados en el banquillo por algo que no hicimos, no se puede usurpar lo que no es tuyo”, se defendió.


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