La empresa Amancay discute en la Justicia una multa que le aplicó el municipio de Bariloche

El Ejecutivo municipal se negó a reconsiderar la multa por 1.240.000 pesos que le impuso a la empresa Amancay SRL por haber levantado el servicio de transporte urbano el pasado 1 de mayo y la concesionaria decidió llevar el diferendo a la Justicia, donde presentó una demanda contencioso administrativa.

El domingo 1 de mayo, por primera vez, Bariloche se quedó sin transporte porque los colectivos de Mi Bus (Amancay) no corrieron en ninguna de las líneas, luego de que el gremio UTA advirtiera un par de días antes que tomarían ese día como no laborable, en coincidencia con los festejos por el Día de los Trabajadores.

Amancay lo hizo público el viernes 29 de abril y ante la difusión informal del dato el municipio la notificó para que cumpla con el contrato. La respuesta de la empresa fue un compromiso a prestar el servicio con un esquema reducido, pero también lo incumplió.

La jefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala, recordó que la Justicia de Faltas le impuso días después una multa de 1.240.000 por violar una condición del contrato que la obliga a brindar el servicio de transporte público todos los dias, sin interrupciones.

La empresa pagó lo exigido (porque esa es la condición previa) y presentó un recurso de revisión de la multa ante el intendente Gustavo Gennuso, quien rechazó el planteo por resolución el pasado 22 de agosto. Ante ese nuevo revés, los directivos de Amancay decidieron recurrir a la Justicia civil, con el argumento de que si la ciudad se quedó sin transporte fue por razones “de fuerza mayor”.

En los hechos, la firma le transfirió la responsabilidad al gremio UTA, pero no consta que haya aplicado sanciones al personal, tampoco si ofreció el pago de una remuneración extra a los trabajadores para que cumplan tareas ese día, como ocurre en otras actividades.

González Abdala dijo que el municipio evaluó el caso, realizó una inspección y decidió sancionar a Amancay porque no aceptó las justificaciones.

Explicó que en el caso del 1 de mayo no hubo una medida de fuerza informada por la UTA con 48 horas de antelación, como la obligan las normativas, sino que fue una especie de asueto convenido entre las partes. Algo que no se había dado en los años anteriores.

El gremio de los transportistas realizó en los últimos meses numerosos paros (algunos de varios días) que impusieron la caída del servicio en toda la ciudad. Pero en esos casos Amancay SRL no fue multada por el municipio, a pesar de que en varias ocasiones la causa de la medida fue su propio incumplimiento en el pago de salarios.

González Abdala dijo que el 1 de mayo fue distinto porque “no hubo una medida de fuerza” y porque la empresa se había comprometido a prestar el servicio igual, con un esquema propio de días feriados. Explicó que la obligación del gobierno es velar por el cumplimiento del contrato y por el derecho de los usuarios de contar con un transporte regular, en las condiciones previstas y según los cronogramas anunciados.

La resolución de Gennuso que rechazó la apelación de Amancay subrayó que la sentencia de la jueza de Faltas Débora Vietti estaba “debidamente fundada y ajustada a derecho”.

Ese fallo determinó que la empresa incurrió en “falta grave” y le correspndía una multa superior al millón de pesos. Sostuvo que la decisión de Amancay fue “intempestiva”y afectó “el rol esencial que cumple el transporte público en la ciudad”.

Ahora Gennuso y su asesoría letrada deberán defender esa misma postura en los tribunales. La Jefa de Gabinete dijo que es la primera multa que se le impone a la empresa por incumplimiento del servicio desde que ella está a cargo de la comisión de Seguimiento del Transporte. Aseguró que se realizan inspecciones y actas cuando periódicamente se levantan líneas por razones de seguridad (cuando median ataques a los choferes) pero hasta ahora no llegaron a traducirse en sanciones.

Insistió en que el caso del 1 de mayo fue distinto a cualquier otro porque la empresa “fue intimada con anterioridad, presentó un esquema de trabajo y no lo cumplió”.

En su descargo la firma alegó que “la medida dispuesta por el gremio fue ajena a la empresa y que dicha situación de fuerza mayor derivó en la imposibilidad material de prestar el servicio”.

Para Gennuso, las excusas no valen y “la empresa es la responsable y tiene la carga de cumplir con la obligación contractual asumida”. Entendió que “no se advierte que la medida adoptada por el gremio haya sido intempestiva o imprevista y que haya impedido entonces a la empresa no solo implementar alguna medida alternativa a efectos de mantener el cumplimiento del servicio, sino también comunicar debida y fehacientemente dicha circunstancia al municipio”.