La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal de Claudio «Chiqui» Tapia: rastrean cuentas y criptomonedas

El juez Ariel Lijo ordenó 20 medidas de prueba por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la CEAMSE. La investigación incluye oficios a bancos, registros de la propiedad y un exhorto a la Conmebol.

Redacción

Por Redacción

Al igual que otros tantos referentes del fútbol argentino, el presidente de AFA pidió que se dejen de alimentar falsas teorías.

Al igual que otros tantos referentes del fútbol argentino, el presidente de AFA pidió que se dejen de alimentar falsas teorías.

El cerco judicial sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, sumó un capítulo nuevo en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Ariel Lijo ordenó este martes una batería de 20 medidas de prueba para investigar al dirigente por presunto enriquecimiento ilícito derivado de su paso por la función pública en la CEAMSE.

La causa tomó fuerte impulso la semana pasada tras la imputación formal impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Según detallaron fuentes judiciales a Clarín, el magistrado dispuso el levantamiento inmediato del secreto fiscal, bancario y bursátil del titular de la AFA. Al mismo tiempo, y de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, se libraron oficios masivos para reconstruir al detalle la evolución de su patrimonio y sus movimientos financieros durante la última década.


El rastreo de bienes: exhorto a la Conmebol y declaraciones juradas


El foco de la denuncia, originada por una presentación del empresario Guillermo Tofoni, no apunta a los ingresos de Tapia en la calle Viamonte (cargo que ejerce ad honorem), sino a los fondos que manejó como directivo de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), según lo publicado por Clarín.

Allí se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2024, y asumió la presidencia por la Provincia de Buenos Aires en enero de 2025.

Para trazar la ruta de sus bienes, el juzgado reclamó todas las declaraciones juradas y anexos reservados presentados en ese período. El mapeo patrimonial incluyó oficios a diversas dependencias:

  • Entidades públicas: ARCA, ANSES, Migraciones, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Registros patrimoniales: inspección General de Justicia (IGJ), Registro de la Propiedad Inmueble y Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
  • Ámbito internacional: la Justicia emitió un exhorto formal dirigido a la CONMEBOL, entidad con sede en Paraguay donde Tapia se desempeña actualmente como vicepresidente.

Billeteras virtuales y cajas de seguridad: el circuito del dinero que investiga la Justicia


El frente más duro de la orden emitida por Lijo recae sobre el sistema financiero y bancario. Se instruyó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que distribuya una circular exigiendo a todos los bancos del país que informen si Tapia opera u operó como titular, cotitular o apoderado.

La Justicia busca arrinconar posibles maniobras financieras exigiendo información sobre:

  • Banca tradicional: detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, compra de divisas, transferencias al exterior y acceso a cajas de seguridad, incluyendo fechas de apertura y cierre.
  • Dinero digital y criptoactivos: se pidieron reportes a billeteras virtuales y exchanges (plataformas de intercambio de criptomonedas) para detectar si existen fondos o activos digitales ocultos.
  • Trazabilidad total: la empresa Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) deberá aportar todos los datos sobre cuentas de pago (CVU, alias) y el historial completo de transferencias y destinatarios vinculados al dirigente deportivo.

Con información de Infobae y Clarín.


El cerco judicial sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un capítulo nuevo en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Ariel Lijo ordenó este martes una batería de 20 medidas de prueba para investigar al dirigente por presunto enriquecimiento ilícito derivado de su paso por la función pública en la CEAMSE.

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