La política de género en Cipolletti: juicios abreviados
Es la estrategia del Ministerio Público Fiscal para acelerar los procesos penales. Se utiliza generalmente para los casos de menor gravedad. Hay una gran preocupación por la cantidad de víctimas que deciden no continuar con el proceso.
Catriel es una e las zonas con mayor índice e casos de violencia de género en la Cuarta Circunscripción
La política de género del Ministerio Público Fiscal en Cipolletti es clara: juicios abreviados y penas leves. Aplica generalmente para causas de gravedad moderada y baja, aunque hay algunas excepciones. Un rápido repaso por los fallos que se publican en el sitio web del Poder Judicial es suficiente para saber dos cosas: la gran cantidad de causas de violencia de género que hay en la Cuarta Circunscripción y la tendencia a lograr acuerdos.
Esta lógica responde a la necesidad de descomprimir la alta demanda, pero especialmente para evitar que las causas se archiven, o se caigan. Es un secreto a voces que hay una gran preocupación entre los agentes fiscales por la cantidad de denuncias que terminan en sobreseimiento por voluntad de las víctimas.
Es un flagelo multicausal, pero que tiene importante responsabilidad en el propio Estado que debe garantizar el acompañamiento y empoderamiento de las víctimas.
Los problemas surgen cuando se tratan de casos graves y donde existe un alto riesgo de vida para las mujeres. La región cuenta con tristísimos antecedentes y el más resonante fue el femicidio de Patricia Rendón Gutiérrez en Catriel, el 28 de junio pasado. Dos años antes hubo un proceso penal, pero la mujer decidió pedir el sobreseimiento.
En estos casos la fiscalía puede seguir con la persecución penal y es lo que pasó con algunos casos en los últimos tiempo. Es distinto a los casos de abuso sexual donde sin el testimonio de la damnificada es muy difícil llegar a un resultado.
En ese mecanismo de los abreviados los fiscales ceden terreno en las condenas a cambio de mejorar las estadísticas y provocar en el acusado un antecedente penal, que es el principal objetivo del fuero en esta temática. El precedente permite una automática prisión efectiva en caso que no se cumpla con las condiciones dispuesta por los jueces.
El trabajo del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti sigue buscando el mejor equipo y más eficaz para tratar está compleja temática. Desde la implementación del Código Procesal Penal han pasado varios nombres por esa unidad temática: Eugenia Vallejos; Rita Lucía -hoy jueza de Garantías-, Martín Pezzetta, Annabella Camporesi y hoy está a cargo de Rocío Guiñazú.
Los continuos cambios responden a la dificultad de dar una mejor respuesta. En ese camino hubo muchas causas que se cayeron o archivaron por falta de rigor. Uno de los casos más emblemáticos fue el abuso en la Facultad de Agronomía en el cual la fiscalía archivó, la querella continuó y logró una condena, paradójicamente similar a la actual política del Ministerio: un juicio abreviado y pena en suspenso.
Cuando una denuncia penal por violencia de género llega al fuero penal es porque algo falló. El proceso penal tiene un fin punitivista. Es cierto, hay excepciones como en toda norma y las resoluciones alternativas al conflicto son una de ellas. Sin embargo, no aplican para la violencia de género.
Generalmente antes de que una causa por delitos contra la integridad física llegue al fuero penal, atravesó por varias instancias, entre ellas comisarías de familia, juzgados de Paz y juzgados de Familia.
No es el punitivismo lo que va a bajar los índices del ejercicio de la violencia contra las mujeres; un claro ejemplo es que el femicidio contempla una sola pena que es la prisión perpetua, la más alta del código penal. Sin embargo, desde que se añadió ese encuadre delictivo las cifras no han bajado, todo lo contrario.
Los avatares el círculo de la violencia, las revictimizaciones constantes que sufren las mujeres narrando una y mil veces los hechos y la laxitud de ciertos procesos son suficiente para que la mayoría opte por abandonar un sistema que no las contiene.
Es una de las principales preocupaciones que tienen los fiscales de Cipolletti y de toda la Cuarta Circunscripción de Río Negro. Hay que preguntarse dónde está fallando el Estado en el acompañamiento y empoderamiento de las mujeres para que puedan -y quieran- llegar al final.
Una acuerdo polémico en un caso de abuso sexual
En los casos de abuso sexual también se recurre a los juicios abreviados. Sin embargo, el año pasado hubo uno paradigmático en Cipolletti: una jueza rechazó el acuerdo porque beneficiaba a un abusador. El arreglo entre el fiscal y la defensa fue un prisión en suspenso para un caso que incluyó abuso sexual agravado, violencia física e imágenes sexuales de niños y niñas.
La magistrada Alejandra Berenguer rechazó de plano el juicio abreviado y cuestionó la actitud de los representantes del Ministerio Público por el intento de forzar un acuerdo “con el solo fin de lograr el mismo con la imposición de una pena en suspenso”.
El fiscal Guillermo Merlo -hoy juez de Juicio – como la defensora de Menores Alicia Merino pactaron con el defensor particular una pena de tres años. La jueza no hizo lugar a ese acuerdo y deberá llegar a juicio.
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