La Procuración autorizó una millonaria contratación directa en Bariloche

El Poder Judicial pagará 7,2 millones de pesos por seis meses de alquiler del edificio que ocupa el Ministerio Público en Bariloche. El monto superaría los topes vigentes.

La Procuración General del Poder Judicial autorizó una contratación directa por 7.200.000 pesos para alquilar por 6 meses el edificio donde funciona el Ministerio Público en Bariloche.

Así lo dispuso la resolución 238/22 que el Procurador General subrogante Fabricio Brogna López dictó el 30 de septiembre último. Argumentaron que se recurrió a ese procedimiento excepcional porque las dos licitaciones públicas, que se hicieron meses atrás, quedaron desiertas.

El monto autorizado para esta contratación directa supera, en principio, los topes que se manejan en el Poder Judicial.

La Disposición 538 que la Administración General del Poder Judicial dictó el 25 de marzo pasado estableció una actualización de los montos de las contrataciones debido al incremento en los precios.

Determinó para una licitación pública un piso de 2.325.000 pesos, con 1 centavo. En cambio, fijó un rango desde 1.162.500, con 1 centavo hasta 2.325.000 pesos para una licitación privada, mientras que un concurso de precios va desde los 348.750 hasta 1.162.500 pesos. El tope para las contrataciones directas se estableció en 348.750 pesos, según esa Disposición.

Datos

$1.200.000
es el costo mensual que los contribuyentes de la provincia deberán pagar por del alquiler del edificio de las fiscalías.

$185.500
abonaba en marzo de 2019 el Poder Judicial por alquilar ese inmueble, según la información oficial de ese momento.

Río Negro consultó en el Ministerio Público por el tema y explicaron ayer que las contrataciones se rigen por la ley de administración financiera y control interno del sector público provincial.

La normativa vigente brinda un paraguas para este tipo de procedimientos especiales. Se puede contratar directamente “cuando existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y se demuestre que su realización por cualquiera de los procedimientos licitatorios resienta al servicio o perjudique el erario, debiendo determinar en cada caso si ha existido imprevisión por parte de algún funcionario”. También, lo permite “cuando resulte desierto el proceso licitatorio y que por razones fundadas no sea conveniente realizar otro acto similar”.

La reglamentación de esa norma aclara que la sola declaración de licitación desierta “no justifica por sí la contratación directa, debiendo fundarse en base a la urgencia o daño inminente para el erario fiscal fehacientemente demostrado que justifique la conveniencia de no realizar otro llamado similar”.

En la resolución que Broga López firmó se indicó en los considerandos que se tramitó la contratación directa por el término de 6 meses” del edificio ubicado en Anasgasti 799.

La contratación directa se fundó en que el 30 de septiembre del 2022 venció la prórroga del contrato que el Poder Judicial mantenía con la propietaria.

Mencionaron que se tramitó la licitación pública “tendiente a locar un inmueble para el Ministerio Público, cuyos primer y segundo llamados fueron declarados desiertos…”

“Teniendo en cuenta los plazos administrativos de dicho proceso y la proximidad del vencimiento de la prórroga del contrato actual, resulta necesario propiciar la suscripción de un contrato que habilite la permanencia del Ministerio Público en el inmueble actual, motivo por el cual se impulsó la contratación directa 129/22”, destacó la resolución.

El Procurador Jorge Crespo dictó el 1 de agosto pasado la resolución 176/2022 que incluyó el anexo con el pliego de bases y condiciones para el segundo llamado a licitación pública, donde se estimaba un costo de 20.643.030 pesos por el alquiler de 36 meses.

Las fiscalías están desde junio de 2017 en ese edificio, que el Poder Judicial remodeló. La obra costó 4.774.678 pesos, a valores de ese entonces, según se informó oficialmente.


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