La sorpresa que se llevó un fiscal de Neuquén en plena audiencia y tuvo que pedir disculpas
Ocurrió en una audiencia ante un Tribunal de Impugnación. Pablo Vignaroli informó que iniciará una investigación interna. En rigor, debería auditar todo el legajo, plagado de irregularidades.
El fiscal de Neuquén se llevó la sorpresa "en vivo" durante la audiencia. (Archivo/Florencia Salto).
Una vez es casualidad, dos es coincidencia, tres es un patrón. La antigua frase puede aplicarse en el caso de los apremios ilegales que sufrió Roberto Tecker, que casi le cuestan la vida el 9 de febrero de 2019 en Neuquén. De los cuatro policías involucrados, sólo uno tuvo condena firme. El resto, por una sucesiva serie de calamidades cometidas por la fiscalía, recibieron penas leves o fueron sobreseídos.
La última ocurrió días atrás. Después de argumentar durante 32 minutos, el fiscal jefe Pablo Vignaroli tuvo que admitir de manera implícita que no había revisado el legajo, que lo hizo «en vivo» durante la audiencia y que descubrió -porque los defensores se lo dijeron- que la impugnación había sido presentada fuera de término, por lo tanto, no era válida.
«Me hago cargo, pido disculpas y voy a iniciar algún tipo de investigación disciplinaria porque esto no puede suceder», dijo Vignaroli.
Sentado detrás de él estaba Tecker, el hombre que todavía sufre las secuelas de la paliza que le dieron los policías y que espera una respuesta judicial que ya no llegará.
Segunda llegada tarde
No por casualidad, la audiencia era para impugnar el sobreseimiento de dos de los policías involucrados en los apremios a Tecker. Los desvincularon de la causa porque a la fiscalía se le vencieron los 3 años de plazo que otorga el Código Procesal Penal para llegar a una resolución definitiva. Es decir, llegó tarde dos veces.
La responsabilidad puede alcanzar a la abogada querellante, Gisella Moreira, quien deberá conversar con la familia de la víctima. Pero ella no dispone del millonario presupuesto ni del ejército de funcionarios de la fiscalía.
El resumen del caso
Para resumir el caso de la manera más breve posible, Roberto Tecker fue agredido por policías de la comisaría 17 cuando esperaba un colectivo para ir a la fiesta de la Confluencia. Estuvo internado y corrió riesgo de vida. Aún padece las secuelas de ese ataque.
Por vejaciones fueron condenados a 6 años de prisión efectiva el sargento Jorge Sevilla, mientras que el agente Sixto Meza Vitale recibió tres años de prisión. Un fallo posterior morigeró esa última pena, de efectiva a suspensiva.
El exoficial inspector Julio Alberto Sandoval y el exoficial principal Luis Jesús Canales habían sido condenados a 2 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado, pero el 23 de abril pasado la jueza Carina Álvarez los sobreseyó por extinción de los plazos.
Cinco días, no siete
La fiscalía y la querella tenían 5 días hábiles para impugnar. Lo hicieron el 5 de mayo, 7 días después.
En otro episodio desopilante, la audiencia de impugnación fue fijada por la Oficina Judicial y se hizo de todos modos, el pasado viernes 16, ante los jueces Luis Giorgetti, Juan José Nazareno Eulogio y Patricia Lúpica Cristo.
Al inicio, el juez Giorgetti les preguntó a los defensores Marcelo Muñoz (particular, de Canales) y Mauricio Macagno (público, de Sandoval), si iban a objetar la admisibilidad de la impugnación. Ambos dijeron que sí, pero no expusieron sus fundamentos en ese momento.
De modo que el fiscal jefe Vignaroli, acompañado por la fiscal del caso Paula González, argumentó durante 30 minutos y pidió que se anule el sobreseimiento de Canales y Sandoval. A continuación hizo la misma petición la querellante Moreira.
Tras un cuarto intermedio, los defensores plantearon su objeción a la admisibilidad: «los plazos están vencidos. Tenían 5 días e impugnaron al séptimo día».
En el escrito de al lado, en la sala de audiencias, Vignaroli empezó a revisar nervioso sus papeles y a hablar con González.
«Pido disculpas personalmente»
Luego habló al Tribunal.
«Quiero pedir disculpas personalmente. Vine a esta audiencia entendiendo que el escrito había sido presentado en tiempo y forma. Entendí que no era algo que debía yo revisar, porque entendí que era claro que había sido presentado dentro de los 5 días, situación que de acuerdo a los defensores, y aquí se constató, fue presentado fuera de término», dijo.
«Como fiscal jefe concurrí a la audiencia a fin de sostener la impugnación que no elaboré, más allá de haberla controlado. Me hago cargo, pido disculpas y voy a iniciar algún tipo de investigación disciplinaria porque esto no puede suceder. Eso es todo».
La querellante Moreira argumentó que, en su interpretación, tenía diez días para impugnar.
Tras otro cuarto intermedio, el Tribunal declaró por unanimidad que los recursos de la fiscalía y de la querella «fueron presentados fuera de término» y ratificó el sobreseimiento de Canales y Sandoval. El juez Eulogio la dejó pasar, y anunció que no cobrarían costas porque hubo «buena fe procesal». Lúpica Cristo adhirió.
El deber estatal y el tiempo perdido
Sólo el juez Giorgetti remarcó que «corresponde el deber estatal de responder a este tipo de delitos. La tutela judicial efectiva, el celo y la debida diligencia debe partir de las partes, para no incurrir en semejante error».
Todo el proceso consumió una hora y 11 minutos en la agenda de dos jueces de Impugnación, un fiscal jefe (los sueldos más altos del Poder Judicial), un juez de Garantías, una fiscal del caso, un defensor público, un defensor particular y una querellante.
Antecedentes
No es la primera vez que la fiscalía tiene dificultades al investigar causas que involucran a policías. Sucedió hace poco con las muertes de los internos Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola en la Unidad 11 (el Tribunal de Impugnación ordenó reabrir el caso) y antes con los apremios que sufrió un joven en la comisaría 41, y la acusadora olvidó presentar las pruebas claves.
Lo más emblemático sigue siendo su negativa a investigar la causa Fuentealba II.
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