Las desprolijidades en la causa contra el empresario de Cipolletti condenado por violencia de género
El Superior Tribunal de Justicia expuso el retraso de la fiscalía para presentar un recurso para revocar la condicional. Pero antes también hubo graves errores del juez de Ejecución y de la Oficina Judicial.
Con la decisión de STJ culminó la causa en Cipolletti contra el empresario.
El intento de mandar a la cárcel a un reconocido empresario de Cipolletti se desmoronó por completo por un nuevo yerro en el proceso penal: esta vez por la demora de un fiscal que presentó el recurso fuera de tiempo. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro denegó la presentación que interpuso el fiscal de Ejecución Oscar Cid sin siquiera debatir los agravios.
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Es que presentó la documentación cuando los plazos estaban vencidos: a esta altura un clásico en esta causa. La sentencia del máximo órgano judicial de la provincia echó por tierra los intentos de una víctima de violencia de género que pretendía que su expareja cumpliera una condena en suspenso en prisión. Es decir que quería que le revoquen la condicional.
El empresario, reconocido en la región, fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. La víctima presentó pruebas según las cuales había incumplido con las condiciones impuestas para cumplir la pena en libertad. En un primer momento fue el juez de Ejecución Lucas Lizzi quien no hizo lugar al reclamo, pero demoró tanto su resolución que el pedido de revisión llegó tarde: primera demora.
Para eso contó con «ayuda» de la Oficina Judicial que alimentó el atraso. Su condena se venció el 9 de mayo y el organismo que fija fechas llegó, fuera de tiempo, con una audiencia recién el 22 de ese mes: segunda demora.
Igualmente el fiscal Cid interpuso un agravio ante el Tribunal de Impugnación que también fue rechazado por lo que solicitó el control extraordinario. “El TI advierte que lo decidido carece de impugnabilidad objetiva y estima que no debió admitirse la impugnación ordinaria, dado que se tuvo por cumplimentado el plazo de las pautas de conducta”, sostiene la introducción de la sentencia del STJ.
La discusión que debía darse en el máximo tribunal judicial no prosperó porque el fiscal llegó tarde con la demanda: tercera demora. Explica el fallo que la fiscalía fue notificada del rechazo de Impugnación el 15 de agosto pasado y que tenía tiempo hasta el 23 de ese mes para recurrir al STJ. Sin embargo, el recurso ingresó al sistema el 24 de agosto. “Por los motivos que anteceden, proponemos al acuerdo rechazar sin sustanciación el recurso de queja deducido por el MinisterioPúblico Fiscal”, dice el fallo.
La víctima había denunciado que el empresario incumplió las condiciones interpuestas por un tribunal de primera instancia y pretendía revocar la condicional. Sólo el juez de Ejecución Lucas Lizzi escuchó a la víctima con las pruebas que presentó la fiscalía, pero no hizo lugar al pedido.
Entendió, así lo explicó en sus argumentos, que no hubo tal desacato por parte del hombre que también fue denunciado por violencia de género en otra ciudad rionegrina. Incluso el magistrado cuestionó la solidez de los argumentos de Cid.
Desde allí, una serie de desmanejos, que involucró al propio juez, la OficinaJudicial y la fiscalía contribuyeron para que nadie más pueda revisar si la decisión de Lizzi era correcta. El Poder Judicial tiene una estructura que permite revisar varias veces una sentencia. Se trata de una pirámide estructural que a medida que avanza hacia la cúspide la capacidad de juzgamiento es más precisa y válida.
Sin embargo una jueza de juicio, el Tribunal de Impugnación y el STJ llegaron a la misma conclusión: demoras y presentaciones tardías pusieron fin al proceso penal. El empresario ya cumplió la condena y ahora resta que se defina su situación procesal por una denuncia en Las Grutas.
El caso tomó relevancia en la ciudad porque tras la denuncia se viralizó un video cuando intentaba prender fuego el auto de su expareja y ejerció violencia de género sobre ella. Pero luego volvió a resurgir con la denuncia en la ciudad costera. A partir de esa causa al empresario le colocaron dos tobilleras electrónicas: no hay antecedentes de algo así en la provincia. Tras el vencimiento de la condena en Cipolletti quedó con un dispositivo electrónico y al menos, por ahora, evitó ir a prisión.
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