Las personas con discapacidad buscan recuperar las pensiones caídas en Neuquén tras la auditoría nacional

Estiman que hay un centenar de damnificados en la capital. Instan a realizar las presentaciones en la Defensoría Federal a través de amparos.

Unas 30 personas con discapacidad iniciaron este lunes las acciones para recuperar por vía judicial las pensiones contributivas que suspendió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según los datos de la Defensoría Federal, el número se acerca al centenar de damnificados que fueron dados de baja en Neuquén capital.

Asociaciones de personas nucleadas en el Foro Permanente en Defensa de los derechos de las personas con Discapacidad de la provincia iniciaron una actividad «puente» para asesorar a quienes dejaron de percibir la pensión.

Las personas con discapacidad que fueron dadas de baja hicieron planteos en la Anses o en la subsecretaría de Discapacidad de la provincia, mientras que desde el foro se recomendó asistir a la Defensoría Federal para iniciar el trámite de devolución.

«En la Anses tomaron los reclamos, pero no les dan garantías de que les den el alta», se señaló.

Los reclamos comenzaron a llegar los primeros días de agosto. Según el defensor Pablo Matkovic, hay en trámite unas 60 presentaciones de personas que el equipo de la defensoría verificó y, en cada caso, se iniciará un expediente de amparo.

En el juzgado federal de competencia civil, se citaron alrededor de 30 personas. Muchos de los damnificados tienen problemas de movilidad o económicos para costear el viaje a diferentes dependencias públicas.

«El trámite hoy ante el juzgado es firmar la carta poder para accionar. Luego, aparecieron más personas, estimo que son un centenar, pero tenemos que hablar primero con cada uno para luego representarlos. En ninguno de los casos llegó una persona que no tuviera la discapacidad o hubiera cesado su condición», dijo Matkovic.

Desde el Foro se planteó que el procedimiento de auditoría de la ANDIS «presenta errores, carece de accesibilidad y genera profunda incertidumbre y angustia en las personas afectadas y sus familias. Consideramos imprescindible brindar el acompañamiento inmediato. Trabajamos en red para exigir la corrección de las prácticas administrativas y el restablecimiento de los derechos vulnerados», se indicó en el comunicado.

Hoy en la sede del juzgado federal de Illia y Leloir se llevaba a cabo la firma de poderes para el patrocinio legal.

Desde el Foro, Daniela Carrera explicó que en mayo o junio, las personas con pensiones contributivas recibieron una carta documento para que se presentaran en la clínica Pasteur de Neuquén con certificados médicos.

Las pensiones equivalen, en todos los casos, al 70% del haber mínimo.

«Hubo alguna entrega también en Cutral Co y Huincul, alguna en San Martín de los Andes, por correo Andreani; en todos los casos la carta documento estaba escrita poco entendible, para la lectura legal, con la cita a leyes y decretos, bajo el apercibimiento de que sería pasible de la suspensión de la pensión», describió.

Hubo personas que no la recibieron en su domicilio y que quedaron dados de baja al no acudir a la Pasteur.

Los damnificados por la baja de la pensión contributiva fueron hoy al juzgado federal de Neuquén a firmar los apoderamientos (foto Matías Subat)

Carrera agregó que muchas personas fueron para acreditar su condición y otras personas no supieron dónde tenían que ir o no recibieron en su domicilio la carta documento. Tampoco la segunda carta donde les notificaba la suspensión, por lo que dejaron de recibir la asistencia económica.

«La pensión contributiva está prevista para las personas que no pueden acceder a un trabajo. El Estado reconoce que el desempleo en una persona con discapacidad, duplica el de las personas que no lo tienen, inclusive desde los organismos públicos o privados, no toman a las personas con discapacidad», recordó Carrera.

Agregó que la modificación que se planteó para el otorgamiento de la pensión, basada en que la familia se debe hacer cargo, colisiona con «el principio de autonomía y vida independiente que establece la convención de las personas con discapacidad: no son carga de familia, el Estado debe velar por la vida digna», de las personas, dijo.

Accionar en medio del escándalo.


«Lamentablemente estas auditorías se ven empañadas con las denuncias de corrupción. La discapacidad aparece en la agenda pública desde un lugar distinto hace 15 días, nos preocupa mucho esto porque atenta con la humanidad de las personas con discapacidad. Desde el foro propiciamos que la justicia intervenga, que se investigue y que los fondos para las personas con discapacidad sean bien utilizados», agregó.

Describió que hubo un común denominador al recibir las cartas documento «de la gente que se siente desamparada y con temor. Han sido vidas difíciles, llenas de evaluaciones, con muchas certificaciones para acceder a la pensión y al recibir una carta documento llena de citas de leyes y decretos en letra chica, hace que la gente se quede sola, sin información. Les decimos que acuda a la Defensoría, que será un lugar donde lo van a tratar adecuadamente», planteó Carrera.

La Defensoría Pública Federal está ubicada en Neuquén en la calle Río Dulce 844 y atiende hasta las 13,30 (299 5052132), mientras que la subsecretaría por Discapacidad de la provincia está en Perito Moreno 334 (2994122356).


Unas 30 personas con discapacidad iniciaron este lunes las acciones para recuperar por vía judicial las pensiones contributivas que suspendió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según los datos de la Defensoría Federal, el número se acerca al centenar de damnificados que fueron dados de baja en Neuquén capital.

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