Licencias truchas en Bariloche: 3 mujeres fueron condenadas y 12 municipales, sobreseídos
La fiscalía, la querella y la defensa lograron un acuerdo pleno que fue homologado esta mañana. Dos empleados no lo aceptaron y en estos casos, la causa avanzará a juicio oral y público.
Doce empleados municipales de Bariloche fueron sobreseídos esta mañana. Foto: gentileza
Alicia Vega, Mariana Villalobo y Malén Castro fueron condenadas a tres años de prisión condicional por su participación en la entrega ilegal de licencias de conducir entre los años 2014 y 2016. Esto fue parte de un acuerdo pleno entre la Fiscalía, los abogados querellantes en representación del Municipio y los defensores que fue homologado, esta mañana, por la jueza Romina Martini.
La magistrada se dirigió a Vega, Villalobo y Castro (estas dos últimas, empleadas municipales de la Dirección de Tránsito) y les preguntó si entendían la acusación, si optaban por el acuerdo en lugar de un juicio oral y público y finalmente, si aceptaban la participación en los hechos. “Sí”, atinaron a decir las tres mujeres.
“Las declaro, entonces, autoras del delito de asociación ilícita en concurso real, junto con los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (a Castro y Villalobo) y a Vega por el delito de falsedad ideológica. También las condeno por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, sentenció Martini.
Además, se dictó la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público que implique manejo pecuniario. El abogado defensor Marcos Miguel resaltó “la perspectiva de género. Estas mujeres han aceptado su responsabilidad. Son sostén de hogar. Por eso, solicitamos esa inhabilitación de carácter especial, no total, para que puedan continuar su labor dentro de la municipalidad”.
El acuerdo también incluyó el sobreseimiento de José María Salazar, Walter Gallardo, Daniel Martínez, Luis Neculman, María Romina Paz, Javier Alejandro Namor, Fernando Sepúlveda, Sonia Ávila, Juan Amado Millalef, Nicolás Torres, Juan Carlos Barrientos y Juan Carlos López.
“Todas estas personas inicialmente estuvieron vinculadas a los hechos. Como es una causa compleja y todos ellos trabajaban en Tránsito, lo lógico era suponer que tenían un grado de implicancia en los hechos. Analizando cada caso en particular, forma parte del acuerdo desincriminar a estas personas porque no hay mérito ni certeza para seguir vinculándolos a la investigación”, indicó el fiscal Guillermo Lista.
La fiscal Jefe Betiana Cendon consideró que se trató de “una investigación compleja por lo que había que investigar y por la cantidad de personas a las que debíamos formular cargos”. Aclaró que dos de los imputados, Marcelo Oyarzo y Marcos Aguirre, no aceptaron el acuerdo pleno y decidieron continuar al juicio oral y público.
La maniobra
“En una fecha no determinada con precisión, pero en 2014, Castro, Oyarzo, Aguirre, Pereyra, Villalobo y Vega acordaron conformar una asociación destinada a cometer delitos, aprovechando su condición de empleados (a excepción de Vega que no era empleada). Se organizaron y desplegaron maniobras delictivas vinculadas a las licencias. Las entregaban a personas por dinero, eludiendo los requerimientos legales”, relató Cendón al comienzo de la audiencia.
Detalló la distribución de tareas: Castro, Oyarzo, Aguirre y Pereyra “se valieron de sus funciones en el área de licencias y tenían acceso a recursos para llevar a cabo sus tareas de manera solapada. Vega captaba los destinatarios, cobraba y entregaba las licencias. Villalobo hacía de enlace entre Vega y los restantes miembros de la asociación”.
Dijo que, entre el 11 de diciembre del 2014 y el 24 de agosto del 2016, “Castro, siguiendo el plan criminal y valiéndose de su calidad de empleada del área de licencias, emitió al menos 436 licencias de conducir evadiendo las previsiones de la ley de tránsito”. Esa tarea fue en el marco de “horas extras los días hábiles por la tarde y sábados a la mañana”.
Agregó que, además, se expidieron 973 certificados nacionales de antecedentes de tránsito, “defraudando a la administración pública municipal ya que generó un endeudamiento con el Ministerio del Interior”.
La denuncia penal fue formulada en 2017 por la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, a raíz de una inquietud de la jueza de Faltas que detectó irregularidades en ciertas infracciones de tránsito. “Se había inspeccionado a personas y al pedir los legajos, surgía que muchas de esas licencias (500 casos) no tenían legajos respaldatorios. O sea la licencia era apócrifa. Esa fue la punta del iceberg para iniciar la investigación. Además, había audios de personas que decían que habían abonado 3000 pesos a Vega por la licencia. Y hay un listado de escuchas telefónicas”, planteó Lista.
También se realizaron auditorías entre 2015 y 2016 en las que se observaron irregularidades en el área. A eso se sumó el testimonio de “particulares” que dieron cuenta del modo en que se llevaba a cabo la maniobra y el valor de las licencias. “Hablamos del año 2014. Sacar la licencia de conducir salía 350 pesos; la renovación, 150 pesos. Por las licencias, se cobraba 3.000 pesos. Y en ese momento, los sueldos promediaban los 14.000 pesos”, concluyó Lista.
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