Magistrados de Río Negro respaldaron a los denunciantes de la fiscal jefa de Bariloche

La entidad que agrupa a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Río Negro respaldó a los denunciantes de la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón por maltrato y violencia laboral, previo a que se reúna este miércoles el Consejo de la Magistratura en la cordillera.

Cendón fue denunciada por los fiscales de la tercera circunscripción judicial Guillermo Lista y Tomás Soto, los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora pública adjunta Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres por presunto mal desempeño, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

La presentación aún no tuvo tratamiento en el Consejo de la Magistratura que casualmente se reúne esta tarde en Bariloche. En el temario tiene la toma de entrevistas de dos concursos en trámite y luego los aspectos disciplinarios. En este segundo bloque la atención está puesta en el ingreso o no del expediente contra Cendón.

En paralelo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro emitió esta mañana un comunicado formal para referirse a la denuncia que generó un revuelo importante en el interior de los tribunales barilochenses.

Sin puntualizar en el nombre de la denunciada ni los denunciantes, en el comunicado oficial se expresó el “acompañamiento a nuestros afiliados que se han visto afectados por esa situación”.

La entidad reafirmó su “compromiso de promover la tolerancia cero frente a la violencia y el acoso laboral” y en este punto mencionaron una acordada de 2021 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Procuración General que aprueba un protocolo de prevención y protección frente a la violencia laboral en el ámbito del Poder Judicial.

El colegio destacó el “indeclinable compromiso con el respecto del debido proceso y las garantías constitucionales y convencionales para todas las personas involucradas”.

Además, promovieron “que se garantice a la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras judiciales un ambiente laboral sano, seguro y sin discriminación, donde se haga efectivo el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia, hostigamiento y acoso”.

Finalmente, la entidad que reúne a los funcionarios y magistrados propició “que se cumplan además los principios éticos y legales que rigen la conducta funcional, en beneficio de toda la ciudadanía, con la finalidad de brindar un adecuado servicio de justicia”.

La denuncia contra la funcionaria del ministerio Público Fiscal contiene diversos hechos como expresiones verbales, manifestaciones de tono discriminatorio, agravios, entre otros, que consideran los denunciantes que socavaron “la dignidad de los funcionarios y la estabilidad de la institución, contraviniendo la normativa y los principios que rigen la función judicial”.