Paro de la CGT: la Justicia ordenó a Bullrich abstenerse a filmar y requisar a los manifestantes
Un juez federal de La Plata hizo lugar a un hábeas corpus presentado por vecinos de la provincia de Buenos Aires. El recurso tuvo como antecedente el accionar de las fuerzas de seguridad en las anteriores marchas suscitadas durante la era Milei.
Paro de la CGT: la Justicia ordenó a Bullrich abstenerse a filmar y requisar a los manifestantes
A menos de 24 horas del paro general de la CGT, un juez federal de La Plata ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación abstenerse a filmar a los manifestantes o efectuar requisas sin justificación alguna a los pasajeros del transporte público.
Así lo dictaminó el magistrado Ernesto Kreplak, quien hizo lugar a un hábeas corpus presentado por unos habitantes de provincia de Buenos Aires. El recurso fue presentado debido a las requisas que se hicieron en anteriores manifestaciones, una vez que asumiera Javier Milei, a partícipes de protestas sociales.
En el reclamo, señalaron que es una afectación a sus derechos puesto que a aquellos que se movilizan en transporte público se les hicieron requisas y se los filmó sin justificación.
“La eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos -esto es, la filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, por el sólo hecho de presumir que van a participar de una movilización social- implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional”, sostuvo el juez en el fallo.
Y añadió: “Las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluya requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional”.
El fallo judicial apunta a que la ministra Bullrich se abstenga de dar esas directivas a las fuerzas federales y sobre todo de aquellos manifestantes que se trasladen en transporte público o en los acceso a las unidades de trenes, “todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado”.
Qué dice el hábeas corpus
Por su parte y según asegura el habeas corpus, el pedido es en favor de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que decidan convocarse desde distintos puntos de la provincia para participar de la movilización del 24 de enero, con motivo del “Paro Nacional” y convocatoria realizada por la CGT.
Según indicaron, el pedido es en razón de “…la amenaza actual e inminente que padecen a partir del cercenamiento de su libertad ambulatoria, provocada por requisas personales y filmaciones sistemáticas, arbitrarias e inconstitucionales de las Fuerzas Federales de Seguridad de la Nación los días que se realizan convocatorias o movilizaciones populares como protesta social en la Capital Federal, sin fundamento ni motivación alguna ni orden judicial, en los transportes públicos (ómnibus y trenes) dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y en las cercanías de los accesos a la Capital Federal o bien en el acceso de las estaciones de distintas localidades bonaerenses…”.
En este sentido agregaron que las “…requisas y filmaciones en los transportes públicos en las adyacencias de los ingresos a la Capital Federal o en el acceso de las estaciones de distintas localidades bonaerenses, forman parte del modus operandi estatal que las fuerzas de seguridad federales comenzaron a implementar a partir de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, por la que se regulo el “PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN”…” (sic.).
Los accionantes indicaron que el riesgo de que se vean afectados sus derechos encuentran fundamento en que ya fueron víctimas de filmaciones y /o de requisas realizadas por “Fuerzas de Seguridad Federales” sin que existiera motivo alguno ni orden judicial, con motivo de participar el en distintas marchas y convocatorias, cuando se dirigieron en transportes públicos desde las localidades en que residen en la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Según dijeron, fueron filmados por personal de fuerzas de seguridad federal y a los manifestantes que llevaban una mochila, bolsa o remera asociada a alguna organización social o política, se les solicitó documentación.
“Fuimos requisados cuando concurríamos en las líneas de transporte público, haciendo constar que en ningún momento se labró acta alguna. Concretamente se sucedieron sobre la Autopista Bs.As-La Plata, en el acceso de Quilmes, y el acceso Sudeste Dock Sud, otro sobre Avenida Hipólito Irigoyen a la altura de la Estación de trenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Avellaneda), y en la Colectora Acceso Oeste a la altura de Haedo. Lo mismo sucedió en las estaciones de trenes de La Plata, Temperley, Morón, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Avellaneda) donde había personal de fuerzas federales que en el ingreso a las estaciones realizaron requisas sin motivo alguno a las personas que iban con una mochila o con vestimenta relacionada con la pertenencia a alguna organización social. También se supo por las redes sociales de casos en el norte de la Provincia de Buenos Aires (Pilar y Escobar)…”, informaron.
En respuesta, el Dr. Fernando O. Soto, Director de Normativa y Enlace Judicial de dicha cartera Ministerial, informó que “…no se ha expedido, ni está previsto expedir, una orden dentro de la jurisdiccional territorial de Vuestro Juzgado dirigida a las fuerzas de seguridad (ya sea de manera escrita o por cualquier otro medio) en relación a la movilización prevista para el próximo día 24 de enero, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para filmar y/o interceptar a personas en la vía pública -ni a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes-, con el fin de identificarlas y/o requisarlas…”.
En este sentido, ninguna de las fuerzas de seguridad puede al momento de que un manifestante se traslade por cualquier medio de trasporte público o privado; detener el transporte sin motivo, detener o demorar sin motivo al manifestante, filmar manifestaciones, requisar sus pertenencias sin orden judicial previa o interceptar a las personas con el fin de identificarlas
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