Piden 12 años de prisión para el policía que torturó a un joven en Cipolletti

El tribunal dará a conocer la condena el martes de 16 de agosto. La defensa solicitó el mínimo: 8 años.

Los acusadores pidieron 12 años de prisión para Cristian Caumillán, el policía que torturó a un joven en Cipolletti durante un procedimiento policial. Tanto el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna como el querellante Rafael Cuchinelli pidieron la máxima pena en esta instancia del juicio por cesura que se desarrolló ayer. La defensa solicitó el mínimo: 8 años. La lectura de la sentencia será el 16 de agosto.

La escala penal de la calificación prevé penas entre 8 y 25 años; sin embargo para exigir una condena superior a 12 es necesario un juicio por jurados que en esta oportunidad no se solicitó. Las torturas incluyeron un abuso sexual que fue ratificado por varios peritos durante el juicio.

En el debate de cesura, Márquez Gauna expuso los argumentos para solicitar dicha pena; en cuanto a agravantes consideró que la principal es la extensión del daño provocado en la víctima.

Mencionó que más allá de las consecuencias físicas que tuvo, había que tener en cuenta en particular las consecuencias sociales y psicológicas sufridas por el joven. También se refirió a los antecedentes de mala conducta que tenía el oficial que en ese momento prestaba funciones en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti.

La víctima, que se constituyó como querellante, contó en el juicio lo que vivenció esa noche y todas las consecuencias físicas y emocionales que le implicaron.

A mediados de abril, la jueza de Juicio Florencia Caruso declaró culpable al agente por el delito de torturas. No hay antecedentes de un proceso penal de estas características contra la fuerza policial de Cipolletti.

La magistrada también criticó la investigación que dejó varios cabos sueltos y no pudo determinar si el otro policía imputado estuvo involucrado en las torturas. Por eso, durante el juicio, las partes acordaron el sobreseimiento de Matías Galarce.

En el inicio de la investigación se apuntó contra otros efectivos de la fuerza que terminaron siendo testigos, pero no quedó claro la participación que tuvieron en el hecho. Ocurrió la madrugada del 17 de mayo de 2020, en plena pandemia y con fuertes restricciones a la circulación.


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