Piden a la justicia de Neuquén que investigue la presunta corrupción en el EPEN por irregularidades en los pagos a CALF
El titular de la CTA en Neuquén, Alfredo Marcote, pidió a la fiscalía que investigue el contrato del EPEN con CALF y el viernes, presentó el caso a la actual administración, para que se facilite información al ministerio público. Planteó una maniobra de defraudación en contra del organismo y que se investigue tanto a los beneficiarios como al funcionario que habilitó la operatoria.
Piden la investigación por irregularidades en el pago por el transporte de energía de la Estación transformadora Gran Neuquén (foto archivo)
El secretario general de la CTA Autónoma en Neuquén, Alfredo Marcote, pidió que la fiscalía investigue la presunta defraudación y otros actos delictivos por el convenio en 2020 entre el EPEN y CALF por el transporte de energía en las estaciones transformadoras Gran Neuquén y PIN. Marcote sostuvo que, adrede, la provincia le cobra a CALF la mitad de cada actualización por el transporte de energía, a través de una modificación en la fórmula matemática de la operatoria.
«El importe, actualizado a la fecha y con intereses, podría superar los 1.000 millones de pesos», se planteó en la presentación. El pedido de investigación lo hizo Marcote con los abogados Federico Egea y Marcos Pastoruti. Quieren que la fiscalía investigue si existe fraude a la administración pública en la ejecución del contrato de transporte de Energía entre el EPEN y CALF.
La información consignó que, adrede, se puso un signo de suma (+) en vez del de multiplicación (x) en la fórmula matemática que rige para la cláusula de actualización semestral del «cargo por potencia transportada», en el contrato por la capacidad de transporte de las estaciones transformadoras Gran Neuquén y PIN. Se explicó que en vez de multiplicar las variables, estas se suman, lo que le costó al EPEN un detrimento patrimonial importante en los últimos 2 años.
Marcote pidió que se investigue al supuesto «ganador de la compulsa» y a los funcionarios que tuvieron participación en la maniobra, ante la posibilidad de existencia de sobornos
Específicamente se ejemplificó que en 24 meses, CALF dejó de abonar unos 200 millones de pesos por este contrato. El acuerdo se firmó entre el entonces presidente de CALF, Carlos Ciapponi; el expresidente del EPEN, Francisco Zambón y el gerente general del organismo Raúl Barahona. «Ese día también estuvo presente el director por los trabajadores, Mario Chiappe y su tío Marcelo Severini, actual presidente de CALF», se citó.
Marcote planteó ser querellante en la causa y solicitó que se ordene la producción de prueba.
El viernes, el dirigente gremial notificó del pedido al ministerio de Infraestructura por considerar que se trataría «de un hecho de corrupción de características significativas» que afectó y afecta gravemente a las arcas públicas y que requerirá de la colaboración de la administración actual para la puesta a disposición de los documentos a los fiscales para «el conocimiento de la verdad material, recupero de fondos y la determinación de responsabilidades».
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