Relacionan la explosión de la escuela en Aguada San Roque con la corrupción en Neuquén

Después de 8 horas de audiencia, la jueza Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos contra cinco funcionarios del gobierno provincial de Neuquén y tres empresarios. Rechazó todos los planteos de la defensa.





Inspecciones que no se realizaron, utilización de materiales distintos a los que figuraban en la licitación, contratación de obreros sin registrar y sin equipamiento de seguridad, falsificación de certificados sobre el avance y final de obra. Estas son solo algunas de las irregularidades y hechos de corrupción que precedieron a la explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque de Neuquén, en la que murieron dos operarios y una maestra.

Estas maniobras de corrupción descriptas por la fiscalía en su acusación y que causaron tres muertes, tuvieron además un costado económico. Un mes después de la explosión, la empresa contratista cobró de la provincia más de medio millón de pesos en base a un falso certificado de finalización de obra, y nunca le cobraron las multas correspondientes por no haber cumplido los plazos del pliego licitatorio.

Las imputaciones formuladas ayer involucran a cuatro funcionarios de Obras Públicas, uno de Educación y tres empresarios. También figuran como acusados dos funcionarios del Consejo Provincial de Educación que no se presentaron a la audiencia porque su abogado defensor está de viaje.


Rechazo a todos los planteos de la defensa


La jueza de Garantías Lupica Cristo tuvo a su cargo la audiencia. (Foto: Andrea Vázquez)

La jueza de Garantías de Cutral Co, Patricia Lupica Cristo, tuvo por formulados los cargos y otorgó un plazo de investigación de cuatro meses. También avaló la hipótesis de trabajo de la fiscalía y la querella: «Hay un acople entre el estrago culposo y el fraude a la administración pública», dijo.

Los abogados defensores, todos particulares, presentaron un arsenal de cuestionamientos. Pueden dividirse en dos grupos: por un lado, dijeron que la fiscalía y la querella no explicaron cómo ocurrió la explosión. Es más: culparon de la misma al gasista Nicolás Francés, una de las víctimas fatales.

Por el otro, le pidieron a la jueza de Cutral Co que se declare incompetente para resolver todos los hechos de presunta corrupción (la falsificación de documentos, el fraude a la administración pública) ya que, de haber ocurrido, «sucedieron en Neuquén capital» y debería intervenir un juez o jueza de esa jurisdicción.

A la magistrada le tomó apenas diez minutos derribar todos los argumentos de los abogados con una sólida fundamentación, y dejó en pie la formulación de cargos.


8 horas de audiencia


La dirigencia del gremio ATEN, querellante en la causa, asistió a la audiencia. (Foto: Andrea Vázquez)

La audiencia de ayer comenzó a las 9 y terminó a las 17. La mayoría de los imputados y sus defensores se conectaron por zoom desde Neuquén capital. (Los funcionarios de Obras Públicas lo hicieron desde su despacho, como demostración de que tienen el respaldo del Poder Ejecutivo).

Fue tan extensa por la complejidad del caso, por la cantidad de participantes y por los frecuentes cortes debido a la mala conectividad a la red de internet.

Como se sabe, el 29 de junio de 2021 a las 13:50, en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, se produjo una explosión e incendio por una fuga de gas. Murieron los operarios Nicolás Francés, su sobrino Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara.


Falsedades y omisiones


Durante la investigación del hecho, la fiscalía y la querella -en representación de las víctimas y del gremio ATEN- descubrieron una serie de irregularidades que serían hechos de corrupción. Por eso además de los responsables de la empresa adjudicataria, están imputados los funcionarios que debían controlar la obra y no lo hicieron, y los que autorizaron la vuelta a clases aunque sabían que los trabajos estaban sin culminar.

Según la fiscalía, ni siquiera le dieron «intervención obligatoria al Ente Regulador (YPF-Gas) para que materialice las inspecciones previas tanto con la cañería al descubierto, y así verificar la hermeticidad de la instalación, como la inspección con la cañería tapada».

El inspector Sergio Percat, por ejemplo, firmó actas para dejar constancia de visitas presenciales a la obra en marzo del 2021. Pero los obreros lo desmintieron, y una pericia demostró que su teléfono celular estaba esos días en Neuquén capital.


«Trabas, trabas y más trabas»


La fiscalía y la querella tuvieron a su cargo la formulación de cargos. (Foto: Andrea Vázquez)

Al Coordinador Interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, Gabriel Potas, se lo acusó de saber que la escuela estaba en obra, y de todos modos autorizó el inicio de clases el 28 de junio del 2021. Al día siguiente se produjo la explosión. «Mandó chicos y docentes a esa escuela. ¿No fue capaz de levantar un teléfono y preguntar por el estado de la obra?«, lo cuestionó la fiscal jefa Sandra González Taboada.

Destacó además que el ministerio de Educación, en el que trabaja Potas, «puso trabas, y trabas y más trabas» a la investigación.

En cuanto a que el culpable de la explosión fue el gasista Francés, por haber accionado el encendedor de los calefactores en un ambiente cerrado con una pérdida de gas, la fiscal jefa contestó a los defensores con ironía.

«Ni siquiera miraron las fotos. Los calefactores están intactos, en la pared, tal como los colocaron. Si la explosión se hubiera iniciado ahí, habrían volado hasta Añelo», señaló.


Imputados y acusaciones


Los imputados y los presuntos delitos que se atribuyen a cada uno son los siguientes:

• Subsecretario de Obras Públicas Roberto Deza: administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público (lo defiende Martín Segovia)

• Director de Obras Contratadas Carlos Córdoba: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta (lo defiende Martín Segovia).

• Director de Obras Contratadas Raúl Capdevilla: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta (lo defiende Martín Segovia).

• Inspector de la obra Sergio Percat: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta (lo defiende Gonzalo Rodríguez)

• Coordinador Interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación, Gabriel Potas: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo (lo defiende Juan Coto)

• Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta (lo defiende Diego Vázquez)

• Diego Bulgheroni, representante técnico: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta (lo defiende Melina Pozzer)

• Eduardo Afione, constructor: estrago culposo agravado por su resultado muerte (lo defiende Nicolás Faletti)

• Director General de Educación Rural Fabio Luna: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo. (Ausente ayer, lo defiende Gustavo Palmieri)

• Directora Provincial de Nivel Primario Patricia Cresatti: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo (ausente ayer, la defiende Gustavo Palmieri).

La fiscalía está representada por Sandra González Taboada y Gabriela Macaya. Los querellantes son Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno, por ATEN y por familiares de las víctimas Mónica Jara y Mariano Spinedi, mientras que el abogado Scianca representa a los familiares de Nicolás Francés.


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