Explosión en la escuela de Aguada San Roque: «corrupción no es sólo pagar una coima»
Ya corren los cuatro meses de plazo para la investigación del hecho en el que murieron tres personas. Las responsabilidades incluyen a funcionarios de Obras Públicas y de Educación de la provincia.
La primera audiencia se hizo el 26 de abril de este año a ocho de los diez imputados. (Archivo/Andrea Vázquez)
«Corrupción no es sólo pagar una coima, eso está en el imaginario simbólico», afirmó Darío Kosovsky, uno de los abogados de las víctimas fatales por la explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque de Neuquén. «Corrupción es no cumplir con las obligaciones propias de los funcionarios, desviar fondos, pagar tareas no ejecutadas, afirmar en libros de obras visitas no realizadas, mencionar tareas de seguridad como pruebas de hermeticidad tampoco realizadas. Y todo esto se pagó como si se hubiera hecho. Esa es la definición amplia de corrupción que figura en los tratados internacionales que firmó la Argentina», agregó.
El martes, durante la audiencia de formulación de cargos por la explosión del 29 de junio del 2021, la fiscalía y la querella dejaron al descubierto que funcionarios de Obras Públicas de la provincia falsificaron documentos, pagaron por trabajos no realizados, nunca inspeccionaron la escuela, y que el Consejo Provincial de Educación apuró la habilitación de las clases pese a que la obra de gas no estaba terminada.
Kosovsky representa a los familiares de dos de las víctimas: la maestra Mónica Jara y el operario Mariano Spinedi. También falleció el gasista Nicolás Francés. Es además abogado del gremio docente ATEN.
Fueron aceptados como querellantes en la investigación del estrago culposo agravado por el resultado muerte, y en los delitos de administración fraudulenta y falsedad ideológica de los que están acusados siete funcionarios públicos.
«Los defensores plantearon que los familiares de las víctimas no están legitimados para investigar hechos de corrupción», explicó Kosovsky. «Buscaron dividir la causa en dos, traer una parte a Neuquén capital, elegir un juez, un fiscal, para que las responsabilidades se diluyan. Ya sabemos lo que pasa cuando las causas se fragmentan: lo que se persigue es lograr la impunidad», agregó.
La jueza que dirigió la audiencia, Patricia Lupica Cristo, rechazó este pedido de los defensores. «Estamos de acuerdo con lo que resolvió la magistrada. Cuanta más participación ciudadana haya en causas donde se debate un tema de interés público, donde hay fondos públicos comprometidos, más luz habrá», dijo el abogado.
Diferenciar responsabilidades
Kosovsky agregó que junto con la fiscal jefa Sandra González Taboada «trabajamos todo este tiempo en silencio para diferenciar las responsabilidades de Obras Públicas y de Educación, porque sabemos que la derivación de responsabilidades es algo que se va a venir. Para la investigación es clave determinar el rol de cada uno».
«A los funcionarios de Obras Públicas -continuó- se les achaca responsabilidad en la ejecución de la obra, los pagos indebidos, la falsificación de actas. Y a Educación, el haber avalado por acción u omisión. Ellos sabían que los trabajos debían estar terminados en marzo. ¿Le pidieron información a Obras Públicas? ¿Le advirtieron a la ministra que no se podía abrir la escuela porque la obra no estaba concluida?«, preguntó.
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