Fiscales sostuvieron que hubo «interés financiero» de Néstor y Cristina Kirchner en beneficiar a Báez
En el juicio por obra pública en Santa Cruz, el fiscal Diego Luciani acusó a los exmandatarios de "manejar durante doce años de manera discrecional los fondos públicos" de esa provincia.
Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los fiscales del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 aseguraron hoy que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner tuvieron un «interés financiero y personal» en beneficiar al empresario Lázaro Báez.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron hoy su séptima audiencia de alegato acusador, en el marco del debate oral y público que encabeza el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uruburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron con la idea de que las obras públicas viales que le fueron adjudicadas a empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz lo fueron a través de licitaciones simuladas y señalaron que el empresario fue favorecido por el vínculo personal que supuestamente tenía con los expresidentes.
«Los 51 procedimientos licitatorios que hemos estudiado fueron direccionados. No fueron verdaderas licitaciones, fueron simuladas», «un empleado bancario en tres años se convirtió en el contratista más importantes de Santa Cruz» y «Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Kirchner», fueron algunas de las frases que volvieron a utilizar los fiscales.
Luciani dedicó buena parte de su exposición a referirse a lo que calificó como «vínculos comerciales» entre empresas de Báez y firmas relacionadas con la entonces familia presidencial e invocó, como ejemplo, que Valle Mitre, de los Báez, «fue designada (en 2008) como administradora de tres de los cuatro hoteles de la exfamilia presidencial».
En ese contexto, el fiscal acusó a los exmandatarios de «manejar durante doce años de manera discrecional los fondos públicos» para favorecer a Báez con «contratos viales de manera ilegal e irregular» mientras que «celebraban todo tipo de acuerdos comerciales» con el empresario.
Hacia el final de la audiencia, Luciani volvió sobre los mensajes extraídos del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito, en los que habla con empresarios y con otros funcionarios públicos en lo que se refiere a obras públicas y licitaciones en Santa Cruz.
La audiencia de hoy había comenzado también con una exposición de Luciani en la que se refirió al proceso de control de la obra pública en Santa Cruz como una «mala praxis institucional histórica».
Superada la primera instancia de la etapa de las recusaciones, rechazadas todas el viernes a última hora, los fiscales retomaron la descripción de los hechos que, según anticiparon, derivarán en pedidos de penas severas para los 13 acusados.
Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (estos dos últimos, recusados) decidieron el viernes, en sendas resoluciones, rechazar los pedidos de apartamientos que los involucraban a ellos mismos y también los de los fiscales.
Esa decisión pasará ahora “en consulta” a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá ratificar el rechazo o podrá, en su defecto, modificar la decisión respecto de algunas o todas las recusaciones.
Ello, no obstante, no impedirá de momento la continuación del proceso, que entró en la recta final de la etapa acusatoria.
El rol querellante lo tenía la Unidad de Información Financiera (UIF), pero antes de la feria judicial de invierno anunció que no formularía acusaciones y dejó esa misión reservada sólo a la fiscalía.
A Luciani y Mola les restan la de hoy y otras dos jornadas de audiencias que, por el feriado del lunes, se extenderá hasta el lunes de la semana que viene, para luego darle lugar a los alegatos de las defensas.
En esa instancia, cada defensa dispondrá de tres jornadas para alegar, pero varios abogados habían adelantado antes de que se produjera la acusación fiscal que planeaban utilizar menos tiempo que el concedido.
La incógnita ahora es si, a raíz del tenor de las acusaciones, utilizarán todo el tiempo disponible para refutar la acusación.
En cuanto a las recusaciones, después de la intervención de la Cámara de Casación quedará pendiente la decisión de la Corte Suprema.
Atento a que los recusantes invocaron la presunta violación de la garantía constitucional de ser juzgados por un juez imparcial, con la intervención de un fiscal “objetivo”, el tema amerita la intervención del máximo tribunal.
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