La diputada Martínez pide informes sobre la situación carcelaria

Lo hizo a partir de la muerte de dos personas que estaban en una celda en la Unidad 11 de Neuquén capital.





La legisladora Soledad Martínez (Frente de Todos) pidió informes mediante un proyecto de resolución sobre las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad en la Unidad 11, donde hace diez días murieron dos personas por el incendio de un colchón, y en otras dependencias carcelarias de la provincia de Neuquén.

También consultó sobre el Comité Penitenciario, el Programa Provincial de Inserción Socio-Laboral  “Segunda Oportunidad», talleres productivos y acceso a la salud.

La diputada, que ya había formulado un pedido de similares características en plena pandemia a la entonces Ministra de Seguridad y hoy defensora general Vanina Merlo -que nunca fue respondido- presentó una iniciativa en sentido similar.

La resolución refiere al monitoreo de los lugares de detención o encierro, cómo canalizan las personas privadas de la libertad sus denuncias por violaciones a su integridad psicofísica, torturas y malos tratos, u otras necesidades básicas no satisfechas; también busca conocer detalles sobre la confección de informes periódicos vinculados a las condiciones de detención y qué disposiciones rigen dentro de las unidades como comisarías y alcaidías, cantidad de internos alojados, y situación  edilicia, entre otros.

Por otro lado Martínez solicita precisiones en torno a garantizar el acceso al proceso educativo, desarrollo de talleres y para garantizar a la atención de su salud desde lo preventivo hasta la atención de patologías específicas.

En particular en el pedido también consulta sobre la Creación del Comité Penitenciario y el Programa Provincial de Inserción Socio-Laboral, denominado “Segunda Oportunidad”, de elaboración de la dirección provincial y conocer además resultados de la “prueba piloto de “Talleres Productivos para mujeres en contexto de encierro”, que llevan adelante la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que «una trágica noticia revela, sólo como muestra de una situación generalizada, el deficitario estado de las cárceles en la provincia y la falta de garantía a los derechos de las personas privadas de su libertad…. Esta situación registrada en la U11 es clara muestra de que se está violando el precepto constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas…».


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