Presentan una demanda contra la provincia de Neuquén por el protocolo de violencia laboral

Aseguran que la implementación es profundamente defectuosa: quienes piden la intervención ante una situación de maltrato en el Estado no pueden acceder a las actuaciones, no hay seguimiento y hubo casos en que hablar les trajo consecuencias.

La Colectiva Feminista La Revuelta y Socorro Violeta presentaron una demanda contra la provincia de Neuquén por el protocolo de violencia laboral, de género, acoso y discriminación que decretó el gobernador Omar Gutiérrez. Sus integrantes sostienen que el abordaje planteado es «regresivo» y que su implementación «perpetúa la impunidad».

«Era una deuda pendiente y puede ser totalmente perfectible», dijo la ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferrareso, cuando anunció el 27 de octubre de 2022 la puesta en marcha del protocolo, en el contexto de la crisis que significó para el gobierno la renuncia de dos funcionarios denunciados por ejercer violencia de género, acoso y abuso sexual contra empleadas y empleados.

La idea era construir un mecanismo que permitiera prevenir comportamientos y prácticas de hostigamiento en el ámbito del Estado, que generalmente realiza personal jerárquico sobre el plantel, y si se detectan, actuar.

En marzo de este año La Revuelta hizo un reclamo administrativo en el que señalaba una serie de puntos problemáticos que tenía el protocolo, que es de aplicación obligatoria en el Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados, con el fin de que fuesen revisados. Ninguno de los cambios propuestos prosperó y se ratificó el documento. Agotada esta vía, la Colectiva impulsó una acción procesal administrativa que ahora está en manos de la jueza Cecilia Gómez.


«Le quitan absolutamente todo tipo de agencia»


¿Qué es lo que se cuestiona? En principio que el protocolo relega situaciones que no considera de violencia laboral como reclamos sobre condiciones de trabajo, exigencias organizacionales, estrés laboral y síndrome de agotamiento profesional.

En la demanda, la Revuelta afirma que «las exclusiones resultan absolutamente insólitas», que «claramente constituyen formas clásicas de violencia laboral» y que este es «un burdo intento por invisibilizarlas».

Se crearon dos estructuras: la oficina de intervención de violencia laboral y la comisión de prevención. En el caso del primer equipo el plantel no fue designado por concurso de antecedente y oposición (sólo se les hizo una entrevista), no está garantizada la estabilidad en su función y tienen dependencia directa del ministerio de Economía. La comisión responde funcionalmente a la Jefatura de Gabinete, con representantes de organismos. Consideran que esto afecta la «independencia».

En cuanto al procedimiento, una de las abogadas que promueve la demanda, Angélica Acosta Meza, explicó que las personas que se comunican con la oficina para relatar una situación de violencia laboral lo hacen a través del correo electrónico, de una plataforma, del teléfono o concurren personalmente. Se pauta una entrevista, que generalmente se toma en dupla, y nunca reciben una respuesta sobre la actuación.

No saben qué curso tuvo el trámite, qué medidas se adoptaron, no hay seguimiento. Tampoco se remiten a otra área que pueda establecer sanciones (una junta disciplinaria) o se inician sumarios.

«Esta prohibido decirle a las víctimas, le quitan absolutamente todo tipo de agencia. La víctima, contrariamente a lo que establece la ley 26.485 que tiene derecho a participar de todo el procedimiento, a saber el estado de las actuaciones, a estar informada, a proponer medidas, a ser escuchada, nada de esto ocurre», aseguró.

Mencionó que han recibido el testimonios de mujeres que después de presentar sus reclamos «perdieron» el cargo político. La abogada manifestó que esa prueba también se ofrecerá a la jueza. Lo que le piden es que ordene la readecuación a la normativa vigente, en materia de derechos humanos de las mujeres.

Hasta el momento saben que han hecho uso del protocolo personal de hospitales, escuelas, del ministerio de Desarrollo Social, Vialidad y Estadística y Censos.

El Ejecutivo es el único poder que tiene un protocolo por decreto. El Tribunal Superior de Justicia acordó el suyo en el convenio colectivo de trabajo. La Legislatura tiene el propio, regulado en la ley 3168.


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