Rechazan domiciliaria al docente acusado de 11 abusos en Río Negro: seguirá detenido en Viedma

La Justicia resolvió prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva del docente detenido desde el año pasado en el Penal 1 de Viedma, en el marco de una causa por múltiples hechos de abuso sexual contra 11 alumnas. La defensa había solicitado nuevamente el arresto domiciliario, fijando un domicilio del barrio porteño de Núñez con monitoreo electrónico, pero el pedido fue rechazado.

La decisión fue tomada por el juez Favio Corvalán, tras una extensa audiencia realizada este martes por la mañana, con participación presencial y virtual de todas las partes. El magistrado coincidió con el Ministerio Público Fiscal, la querella y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en que los riesgos procesales se mantienen vigentes y que la libertad del imputado podría entorpecer la investigación en curso.

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Una causa con múltiples hechos denunciados

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Al maestro se le imputan 11 hechos de abuso sexual, presuntamente cometidos contra alumnas de dos escuelas primarias de San Antonio Oeste. La complejidad del caso, la cantidad de víctimas involucradas y la etapa probatoria aún en desarrollo, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por las partes acusadoras para solicitar la prórroga de la medida de coerción.

El fiscal Gustavo Arbues indicó que todavía restan numerosas diligencias, entre ellas declaraciones testimoniales de familiares de las víctimas, ampliaciones de informes periciales y documentación por parte de organismos técnicos y educativos. “Queda mucha prueba pendiente”, coincidieron los abogados querellantes Santiago Alonso y Damián Torres.

Ambos remarcaron que el eventual otorgamiento de la libertad al imputado podría dañar la confianza pública en la Justicia y revictimizar a las niñas y sus familias.

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El pedido de arresto domiciliario y su rechazo

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La defensa particular, integrada por los abogados Emiliano Gallego y David Lavsky, había planteado la posibilidad de una morigeración de la medida actual, proponiendo el cumplimiento de la prisión preventiva en un domicilio ubicado a dos cuadras de una comisaría, en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires, con control electrónico.

El juez Corvalán rechazó el planteo por considerar que no se habían modificado las condiciones que motivaron la detención original y que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Estamos ante un caso donde más de 11 niñas habrían sido víctimas de abuso sexual”, sostuvo al fundamentar su decisión.

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Tensión en la audiencia y pedido de auxilio judicial

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Durante la jornada, hubo dos partes en la audiencia, ambas con participación presencial en la sala de Viedma y conexión remota del resto de los involucrados. En la primera, la defensa pidió un “auxilio judicial” para poder entrevistar a padres de víctimas que, según indicaron, se han mostrado reticentes a dialogar con ellos.

Lavsky argumentó que esa falta de colaboración obstruye el trabajo investigativo de la defensa, que debe construir su teoría del caso. Sin embargo, el juez consideró que no era procedente otorgar una orden jurisdiccional para obligar a esos encuentros, ya que esa facultad corresponde al Ministerio Público Fiscal, quien no formalizó tal requerimiento.

A pesar del yerro inicial al citar el artículo 209 del Código Procesal Penal, el juez aclaró su postura tras el señalamiento de la defensa, aceptando que el artículo aplicable en este caso sería el 122, aunque igualmente desestimó el pedido por falta de formalización por parte de la acusación.

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Discusión sobre los riesgos procesales

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Uno de los momentos más tensos de la audiencia ocurrió durante el análisis de los riesgos procesales. El abogado defensor Gallego cuestionó la continuidad de la prisión preventiva, señalando que los argumentos se van modificando con el correr del tiempo. «Antes era porque había que hacer pericias; ahora es porque hay que tomar testimoniales. ¿Dónde está el riesgo real de interferencia?», preguntó.

Además, sostuvo que «se agregan nuevos riesgos» sin sustento firme y que no se está solicitando una nueva medida cautelar, sino la extensión de una ya vigente sin elementos objetivos que justifiquen su continuidad.

Sin embargo, tanto la fiscalía como las querellas mantuvieron su postura. “La posibilidad de que el imputado recupere su libertad ya genera daño”, indicó Alonso, quien reiteró que el deber del Estado es proteger a las víctimas. “Los riesgos subsisten porque quedan muchas declaraciones pendientes de personas directamente vinculadas a las niñas denunciantes”, agregó Torres.

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La resolución judicial

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Finalmente, el juez Corvalán resolvió hacer lugar al pedido del fiscal Arbues, los querellantes y la Defensoría, prorrogando la prisión preventiva por cuatro meses más, hasta el 20 de septiembre.

Además, el magistrado destacó que la defensa podrá continuar ejerciendo sus derechos en la etapa preparatoria, solicitando la realización de las diligencias necesarias, siempre dentro del marco legal establecido.

La defensa, por su parte, dejó planteada la reserva de impugnación y apelación de la medida.

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Lo que viene

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El caso continúa en etapa de investigación preparatoria y, según detalló el Ministerio Público Fiscal, durante los próximos meses se espera la producción de más testimoniales clave, así como informes complementarios de distintas áreas técnicas: criminalística, informática forense, gabinete de telecomunicaciones y autoridades educativas.

La magnitud de los hechos imputados y la cantidad de víctimas involucradas convierten a este expediente en uno de los más complejos -además de sensible- en el ámbito judicial de Río Negro en los últimos años. Cabe destacar que todo el proceso avanza bajo estrictas medidas de protección para las niñas y sus familias.