Revelan que también están al límite en las comisarías neuquinas

Desde noviembre rige la suspension de nuevos ingresos por 6 meses sobre la capacidad de detención de la U11 y las cárceles del interior de Neuquén. Los alojamientos preventivos y condenas firmes se realizan en comisarías.

El ministerio Publico de la Defensa revisa las condiciones de alojamiento de las comisarías de la provincia debido a la medida judicial de no ingresar más internos a la U11 y a las cárceles del interior por sobrepoblación y hasta que finalicen las mejoras edilicias.

«El efecto rebote de la decisión acertada de suspender nuevos ingresos en las unidades carcelarias de la provincia, está en las comisarías. Las personas a las que se les dicta prisión preventiva o las que han quedado firme su condena no pueden ser enviados a unidades carcelarias y las comisarías están desbordadas», reveló Juan Galarraga, integrante del Equipo técnico del ministerio público de la Defensa, ejecución penal.

Indicó que la medida de la jueza Raquel Gass de suspender por 6 meses el ingreso de personas a la U11 (en Neuquén capital) por encima de su capacidad operativa, también fue replicado por la jueza Alicia Rodríguez para unidades del interior, como Cutral Co (20 y 21), Zapala (31) Chos Malal (32) o Junín de los Andes «que son unidades carcelarias más chicas y limitadas que la U 11, con capacidad de 233 detenidos, donde hoy hay 259», describió.

El trabajo de la defensa pública con el relevamiento en las comisarías de la capital y la provincia está en marcha, describió Galarraga, al tiempo que aclaró que es una estadística del equipo técnico que no es el de ejecución penal, que se ocupa de las cárceles específicamente.

El anuncio oficial del gobierno provincial de la apertura de un ala de de alojamiento de internos provinciales en la cárcel de Senillosa (Complejo Federal Penitenciario V) fue analizado con cautela por parte de la defensa de ejecución penal, aunque con clara aprobación de la medida. «En diciembre estuvimos recorriendo Senillosa y las adecuaciones que hay que realizar, son varias, no tenemos información de que esas tareas se solucionen en un mes», dijo Galarraga.

El anuncio desde el Gobierno provincial fue que se reanudaron las conversaciones con el ministerio de Justicia de la Nación y que en marzo se firmará el acuerdo marco para una convivencia en Senillosa, de 85 internos del sistema provincial en el sector IV del complejo federal.

La reubicación de la sobrepoblación carcelaria provincial requiere de obras de iluminación, de cerramientos y de infraestructura en la cárcel federal; además de un compromiso de construcción de viviendas institucionales para penitenciarios.

Según el miniterio de la Defensa, sector ejecución, también de acuerdos sobre el funcionamiento penitenciario provincial en la unidad federal y del acceso operativo del área educativa, entre otros aspectos.

Galarraga recordó que la suspensión de nuevos ingresos a la U 11 y cárceles del interior se produjo tras la muerte de dos internos en un incendio, en noviembre en las celdas de aislamiento -de mínima capacidad individual- por supuesta falta de espacio en el resto del penal.

En la audiencia judicial en la que se discutió las condiciones en la U11 cuando se dictó la medida cautelar, se solicitaron al gobierno provincial reparaciones que están en marcha en algunos pabellones (para los cuales se requieren traslados de internos hacia otras alas ya superpobladas), mejoras en el sistema de combate de incendios que aún no se implementaron y sectores que fueron anulados por problemas eléctricos aún en obra.


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