El traslado de internos de Neuquén a Senillosa no soluciona el problema carcelario dijo la Defensoría neuquina

El gobierno anunció que el mes que viene firmará con el ministerio de Justicia de la Nacíon el inicio de la remodelación de la ex U9. Se agregó la habilitación de la cárcel federal de Senillosa para trasladar la superpoblación carcelaria neuquina a esa unidad

La defensora de ejecución penal, Luciana Petraglia, opinó que la apertura de la cárcel federal en Senillosa para alojar detenidos provinciales solucionará la coyuntura de sobrepoblación en la U11 y en el interior, pero que se requiere de una planificación profunda para no tener el mismo problema de hacinamiento en un año más.

Petraglia dijo que la resolución de la jueza Raquel Gass de noviembre de 2022 en la que ordenó que en el penal de la provincia no podrán alojar más de 265 internos (que es el cupo) tiene un plazo de 6 meses de vigencia.

Destacó que el cumplimiento de tareas por parte del Ejecutivo en este tiempo, fue parcial.

Detalló que se abrieron 2 de las 3 casas de pre egreso que debían estar abiertas (la unidad tiene 6 para poner en funcionamiento, dijo) y que aún no se cuenta con un sistema de prevención de incendios, tras el listado de compras que había sugerido la división de bomberos.

Agregó que en la audiencia de partes se habló de un traslado de medio centenar de personas (que es el exceso actual de internos) a la cárcel de Senillosa en marzo, sin embargo, de la información de Río Negro indicó que mes que viene recién se firmará el convenio marco. “Como tampoco informaron a las partes, entiendo que no está firmado”, aclaró.

El acuerdo que firmará Neuquén con el ministerio de Justicia de la Nación será para contar con la posesión definitiva del terreno de la ex U9 y hacer la remodelación que fue concursada para transformar lo que queda de la vieja edificación en las 4,7 hectáres del centro, en un espacio cultural, recreativo, deportivo y cultural.

Se incluyó en ése acuerdo que se firmará obras de iluminación e inversiones en infraestructura en el la cárcel federal de Senillosa para alojar en el sector 4 a 50 detenidos de alta seguridad y 35 de mediana que serán trasladados de las cárceles neuquinas.

Consultada por el anuncio, Petraglia indicó que «al no estar firmado el convenio, no sabemos cómo se va a distribuir la seguridad o el acceso a la educación. Tiene que haber una definición profunda en materia de planificación penitenciaria y de acceso a los derechos que no se termina con la apertura de Senillosa”, agregó.

Indicó que si bien a fines del año pasado se logró una medida para afrontar el desborde de medio centenar de personas en la U 11 “sin planificación, en un año más podremos estar de nuevo en la misma situación crítica, el número de ingresos es creciente cada año y la apertura de Senillosa (para internos provinciales) no es la única solución”.

Enumerdó que en la provincia no hay trabajo remunerado, el gabinete técnico tiene un atraso de 3 a 4 meses en la emisión de informes criminológicos, no hay planificación en la infraestructura para educación porque todos los años hay reclamos por las condiciones edilicias ya que los alumnos no entran en los espacios destinados al estudio, ni hay internet para el grupo universitario.

“Hay una serie de definciencias que involucran derechos de las personas privadas de libertad que no están garantizadas en las cárceles neuquinas”, dijo.

Consideró necesaria una mesa inter institucional para resolver éstos temas con las personas interesadas en el abordaje de los derechos y las condiciones carcelarias.

Describió que en la U11 todos los pabellones están superpoblados, con situaciones críticas en el 2 y el  7; indicó que se hicieron arreglos en el 4 y que en el 1 siguen trabajando dos meses más en obras, sin que se cuente con un informe de la remediación completa que se solicitó en la audiencia judicial en la que se abordó la medida de crisis.

“La solución de (alojamientos) Senillosa  es a corto plazo, no implica que se tenga que no se tenga que trabajar en la cuestión carcelaria”, recordó

Petraglia recordó que la medida cautelar no sólo fue para la U11 sino también para el interior y que desde la Defensoría penal se inició un trabajo de monitoreo en el alojamiento que se produce en las comisarías.


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