Secta Rusa en Bariloche: «No me probaron nada», Konstantin Rudnev cruzó duramente a la Fiscalía

La reciente resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó sin efecto la prisión domiciliaria del ruso Konstantin Rudnev, dio pie a una nueva y compleja etapa en la causa judicial que se instruye en San Carlos de Bariloche por presunta trata de personas. Mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) difundió un extenso informe detallando los fundamentos para endurecer las condiciones de detención del ciudadano de origen ruso, su defensa técnica y su entorno directo salieron a cruzar con dureza los argumentos oficiales, calificándolos como una estructura basada en «afirmaciones falsas y conjeturas sin pruebas».

El abogado defensor, Martín Sarubbi, junto con allegados a Rudnev, afirmaron que la decisión judicial —la cual será apelada mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— convalece una interpretación de los hechos que omite elementos cruciales del expediente y presenta como acreditadas circunstancias que no existen en la causa. Según sostienen, buena parte de los argumentos de la acusación carecen del respaldo probatorio mínimo exigible tras más de un año de investigación de la justicia federal.

El cruce se generó después de que el jueves pasado, los camaristas Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, hicieron lugar a la impugnación presentada por la Sede Fiscal Descentralizada Bariloche, a cargo de su titular, el fiscal con funciones de coordinación en el Distrito General Roca, Fernando Arrigo, junto con los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal. Esta definición estableció el fin de la detención domiciliaria de Konstantin.

Contradicciones en los peritajes de estupefacientes

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Uno de los ejes más controvertidos del reclamo defensivo apunta a la referencia realizada por la Fiscalía sobre un supuesto caso de «narcotráfico agravado». Desde el círculo de Rudnev señalaron de manera tajante que en el expediente institucional no se encuentra incorporada ninguna evidencia de tráfico, distribución o comercialización de sustancias prohibidas.

El propio Rudnev realizó un fuerte descargo respecto a esta imputación: “Narcotráfico agravado significa que tiene que haber existido una gran cantidad de sustancia estupefaciente, y eso no se encontró. El tráfico también implica venta. ¿Y las pastillas que se encontraron? La Gendarmería Nacional sostuvo en sus peritajes oficiales que no son estupefacientes”.

El cuestionamiento a la hipótesis de una red transnacional

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La resolución judicial revocatoria apoya gran parte de los riesgos procesales en la presunta existencia de una organización criminal con ramificaciones internacionales. Sin embargo, el ciudadano ruso desestimó de plano dicha estructura argumental, haciendo hincapié en la falta de indicios y en su situación de reclusión.

“Nada de esto se probó. No se probó que seamos una organización. No se probó que yo haya influido en ninguna persona”, manifestó el imputado, agregando un factor de imposibilidad física debido a su detención: “Me metieron inmediatamente en la cárcel desde el inicio de la investigación y simplemente no podía influir en nadie estando preso”.

Para los asesores legales, la acusación apoya su hipótesis principalmente en inferencias derivadas de la llegada de distintas personas de nacionalidad rusa a la Argentina durante períodos similares. Sostienen que la coincidencia temporal de tránsitos migratorios no constituye en absoluto un elemento de cargo válido para tipificar la pertenencia a una banda delictiva. “El hecho de que varias personas viajen o ingresen a un país en fechas similares no es prueba de que formen parte de una organización. No existe ninguna prueba de una cadena de mando, distribución de funciones o actividades ilícitas coordinadas”, subrayaron.

La presunta víctima niega el delito y acciona contra los fiscales

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El punto de mayor quiebre radica en la postura de la mujer identificada en las actuaciones como la presunta víctima del delito de trata de personas. Según confirmaron fuentes del entorno del caso, la mujer manifestó formalmente y en reiteradas oportunidades no considerarse víctima de ningún ilícito.

“La víctima niega ser víctima y, por el contrario, hizo declaraciones contra los fiscales pidiendo su apartamiento del caso”, afirmó Rudnev en un comunicado al que accedió este medio.

Esta declaración alude a una presentación formal efectuada por Elena Makarova a través de sus abogados querellantes, en la cual se consideró formalmente como “víctima de los fiscales”, cuestionando con severidad el trato y las condiciones psicológicas a las que fue sometida durante el proceso de instrucción, incluyendo testimonios en Cámara Gesell donde negó los cargos imputados. La defensa entiende que estas circunstancias debieron ser valoradas de manera central por los tribunales al momento de mensurar los riesgos procesales.

Finanzas bajo la lupa y el desmentido patrimonial

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El aspecto económico también forma parte de las discrepancias sustanciales entre las partes. Mientras el comunicado fiscal alude a un flujo considerable de recursos financieros, alquileres suntuosos de alto valor nominal y la disponibilidad de vehículos de categoría, Rudnev rechazó esa interpretación de forma categórica.

“Mis fondos personales eran 6.000 dólares, mi esposa tenía lo mismo. Todo el resto del dinero pertenecía a otras personas”, detalló, aclarando que las propiedades inmuebles y los rodados mencionados en la causa tampoco eran de su propiedad personal ni comercial.

En idéntico sentido, cuestionó la hipótesis de una estructura económica bajo su mando directo: “Ninguna persona dijo que es miembro de una organización ni que está bajo mi dirección. Esta idea de organización no está probada”. Con respecto a las menciones vertidas en los dictámenes sobre una antigua organización vinculada al yoga en la Federación Rusa, explicó que corresponden a hechos ocurridos hace más de dos décadas en otro continente y que carecen por completo de relación jurídica o temporal con los hechos investigados en Argentina.

Denuncias por deterioro de salud y garantías omitidas

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Finalmente, frente a las afirmaciones fiscales que alegaban una sistemática negativa por parte de Rudnev a recibir atención médica, el procesado argumentó que sufrió una severa afectación física en el interior del penal: “Bajé 50 kilos, me sentía muy mal, me desmayaba y me mareaba todo el tiempo”. Si bien confirmó que asistió a determinados controles externos, cuestionó la rigurosidad y la transparencia de las evaluaciones de salud recibidas, señalando que sus dolencias no fueron debidamente asentadas y que la fiscalía le denegó sistemáticamente ser derivado a médicos especialistas que ya seguían su historial clínico.

Asimismo, el imputado buscó rectificar la interpretación oficial sobre el incidente ocurrido en las instalaciones del aeropuerto de Bariloche durante su captura inicial. Mientras el órgano acusador lo encuadró como un intento de suicidio para fundar el peligro procesal, Rudnev aclaró: “Yo no intenté suicidarme. Fue un acto de protesta contra mi detención ilegal”.

Con miras al recurso ante la Corte Suprema, el letrado Martín Sarubbi adelantó que impugnará los fundamentos referidos al domicilio donde se cumplía el arresto. Según se destacó, una comisión técnica inspeccionó formalmente la vivienda, verificando la viabilidad de la señal de monitoreo electrónico y considerándola apta.

Asimismo, se denunció que la Fiscalía omitió poner en conocimiento de los magistrados la existencia de dos garantes de alta reputación local —entre ellos el propio doctor Sarubbi, residente de la zona— quienes actuaron como fiadores personales del procesado.

Según la defensa, este ocultamiento deliberado impidió que la Cámara de Casación contara con una plataforma de análisis objetiva, inclinando la balanza hacia una restricción de la libertad que consideran arbitraria.