Tras una ruptura, una expareja no pudo acordar qué hacer con su mascota y la Justicia de Viedma intervino

Una perra de 10 años quedó en el centro de una disputa judicial en Viedma después de que una pareja se separara y no pudiera sostener los acuerdos que había establecido para compartir su cuidado. Lo que comenzó como un conflicto familiar terminó convirtiéndose en un fallo que podría marcar un antecedente en la forma en que la Justicia aborda los vínculos entre las personas y sus mascotas.

La decisión fue adoptada por una jueza de Familia de la capital rionegrina, quien resolvió que la discusión no debía centrarse en quién era el propietario del animal, sino en los lazos afectivos construidos a lo largo de casi una década y en la necesidad de garantizar su bienestar.

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El conflicto obligó a la Justicia a intervenir ante la falta de regulación específica

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Durante años, la perra formó parte de la vida cotidiana de ambos integrantes de la pareja. Tras la ruptura, continuó alternando estadías entre los dos hogares mediante acuerdos informales. Sin embargo, con el tiempo surgieron diferencias y uno de ellos acudió a la Justicia para pedir que se garantizara la continuidad del vínculo.

El caso obligó al juzgado a abordar una cuestión para la que no existe una regulación específica. ¿Qué ocurre con una mascota cuando una pareja se separa y no logra ponerse de acuerdo sobre su cuidado?

En su resolución, la magistrada entendió que limitar el análisis a una cuestión patrimonial resultaba insuficiente. Aunque el Código Civil y Comercial todavía considera a los animales dentro de la categoría de bienes muebles, sostuvo que esa mirada no alcanza para reflejar la realidad de los vínculos que muchas familias construyen con sus mascotas.

Por ese motivo, decidió apartarse de esa interpretación tradicional y adoptar el concepto de «ser sintiente», una noción que reconoce que los animales son capaces de sentir, experimentar dolor, placer y desarrollar relaciones afectivas.

La sentencia también recupera antecedentes doctrinarios y judiciales que en los últimos años impulsaron una visión diferente sobre los derechos de los animales. Entre ellos aparece el conocido caso de la orangutana Sandra, que abrió un amplio debate jurídico en el país.

A lo largo del proceso, distintos testimonios permitieron reconstruir el rol que la perra ocupó dentro de la dinámica familiar. Quedó acreditado que ambas personas participaron de su crianza desde que era cachorra, compartieron gastos, cuidados veterinarios y responsabilidades cotidianas.

Para la jueza, esos elementos demostraron la existencia de un vínculo socioafectivo consolidado, un concepto que cada vez gana más espacio dentro del derecho de familia y que pone el foco en las relaciones construidas a partir del afecto.

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Ante la ausencia de reglas claras, la Justicia debió intervenir

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Uno de los aspectos más llamativos del fallo fue la postura adoptada respecto de la titularidad del animal. Si bien durante el juicio se acreditó que la perra había sido obsequiada originalmente a una de las integrantes de la pareja, la magistrada consideró que ese dato no era determinante.

Según sostuvo, la conducta desarrollada durante años por ambas partes tuvo mayor relevancia que cualquier discusión sobre propiedad. En ese marco, concluyó que la mascota fue criada y cuidada conjuntamente, integrando plenamente el proyecto de vida compartido.

La resolución también puso especial atención en las necesidades actuales del animal. La perra tiene una edad avanzada, un gran porte físico y presenta dificultades para los traslados, factores que fueron considerados al momento de definir la solución.

Finalmente, la jueza dispuso que continúe el esquema que ambas partes venían aplicando de manera provisoria. La mascota permanecerá una semana con una de las personas y dos semanas con la otra. Además, deberán mantenerse informadas sobre cualquier problema de salud o tratamiento veterinario, mientras que los gastos de traslado serán compartidos.