Un expolicía de Cipolletti deberá indemnizar a un hombre que hirió de bala: el gobierno eludió la demanda

La justicia civil  lo condenó a pagarle 2,4 millones de pesos a la víctima. Lo novedoso del fallo es que el gobierno provincial eludió la demanda porque la demanda se presentó fuera de término. El hecho ocurrió en 2014 y el herido casi pierde un brazo.

El gobierno de Río Negro logró eludir una demanda civil de un ciudadano de Cipolletti que en 2014 sufrió una herida de bala de goma y casi pierde un brazo. Luego de varios años de litigar en el fuero civil la justicia desligó las responsabilidades del Estado provincial porque la presentación se hizo fuera de los tiempos que establece el código.


Si bien el Estado es responsable porque el autor del disparo era un policía, la causa prescribió y por eso la condena recayó exclusivamente contra el exagente policial Nicolás Armando Apeleo.

Deberá pagarle cerca de 2,5 millones de pesos al damnificado por las lesiones que le provocó. Según se desprende de la sentencia, estuvo varios días internado y debió someterse a una serie de operaciones para salvar el brazo.

En los alegatos, los asesores legales argumentaron que la demanda se presentó fuera de término, dos años en ese entonces, y que por tal motivo no tenían responsabilidad con el ciudadano, a pesar que en el fuero penal el policía fue condenado.

No es la primera vez que el gobierno provincia logra esquivar una demanda penal por delitos de policías. Hay antecedentes en Cipolletti, una de las ciudades con mayor índice de violencia policial en Río Negro.
Sin ir más, entre el 9 y 10 de enero pasado Jorge Gatica murió en la Comisaría 45 luego de sufrir una tortura. Hay cinco policías imputados por el hehco, tres de ellos con prisión preventiva y dos con domiciliaria.


El año pasado Cristian Caumillan fue condenado a 9 años de prisión por torturar y abusar sexualmente de un joven en un operativo policial, en mayo de 2020.

En este caso, Apeleo fue condenado por vejaciones en un operativo que ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2014. Del fallo se desprende que había una escena de violencia entre varios vecinos y que en ese contexto el policía hizo una serie de disparos “en aras de dispersar el tumulto”.

Los perdigones dieron en la mano, brazo y abdomen de la víctima que fue trasladada al hospital local donde permaneció internado varios días. Le practicaron distintas operaciones con el fin de evitar que perdiera el brazo.


Tanto para la defensa del imputado como para los asesores del gobierno provincial, el agente actuó en los términos que establece el protocolo. Incluso en el juicio civil, el condenado dijo que fue “un infortunio de la física”.

Explicó que disparó al suelo, pero la bala rebotó y golpeó en el hombre que resultó “lastimado porque él se encontraba en los disturbios arrojando piedras”. También informaron que otro agente resultó herido por un piedrazo.


El 15 de febrero pasado, la jueza Soleda Peruzzi hizo lugar a la demanda y condenó a Apeleo a pagar la suma de $ 2.449.176 “más los intereses que correspondan desde la firmeza de la presente y hasta su efectivo pago conforme la tasa de la Doctrina legal”. Además liberó de responsabilidades al estado provincial.


Según el código, el demandante tiene hasta dos años para presentar la demanda y fue interpuesta el 26 de octubre de 2017, casi tres años después. Si bien los acusadores intentaron en los alegatos justificar la demora como consecuencia de los procedimientos judiciales, la magistrada entendió que la presentación fue fuera de término. 


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