Una familia del Alto Valle logró que su hijo con discapacidad pueda seguir en su escuela tras una decisión judicial
La Justicia de Roca garantizó la continuidad escolar de un niño con discapacidad luego de que su familia reclamara judicialmente ante la negativa de la institución.
Un niño con discapacidad del Alto Valle podrá concluir el ciclo lectivo 2025 en la misma escuela a la que asiste desde hace cuatro años. Su familia acudió a la Justicia luego de que la institución condicionara la renovación de la matrícula a la incorporación de un acompañante terapéutico, medida que las profesionales que lo atienden consideraron innecesaria.
El caso fue impulsado por la defensora de menores e incapaces, quien advirtió que la familia “se sintió acorralada entre lo que recomendaban las profesionales y las exigencias impuestas por la escuela”. La intervención judicial permitió asegurar la vacante del niño durante todo el año, garantizando así su derecho a la educación.
Las pericias confirmaron la necesidad de continuidad
A partir de la presentación formal, se solicitaron informes interdisciplinarios que fueron incorporados a la causa. Estos documentos coincidieron en que el niño había mostrado una notable evolución en las áreas de comunicación, interacción social y habilidades cognitivas, y que su continuidad en el entorno escolar resultaba crucial para sostener su progreso.
Una de las especialistas destacó que “su permanencia en la institución escolar elegida por la familia es esencial para garantizar su estabilidad emocional y la consolidación de sus avances”.
La otra profesional remarcó que la imposición de un apoyo terapéutico innecesario «podría afectar su autonomía y su socialización», y que un eventual cambio de escuela «generaría desregulación emocional, afectación conductual y depresión».
La decisión judicial y el interés superior del niño
El Ministerio Público de la Defensa, el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°3 y la Cámara de Apelaciones de Roca coincidieron en que la vacante debía ser garantizada “a fin de asegurar el derecho a la educación y el acceso al ciclo lectivo 2025”.
En su resolución, la Cámara tuvo en cuenta “los postulados constitucionales que reconocen el derecho a la educación y el plus protectivo dirigido al interés superior del niño, así como el sistema de protección integral de las personas con discapacidad”.
El fallo ponderó además el “peligro en la demora” frente a la negativa de la escuela y evaluó el derecho de admisión invocado por la institución, concluyendo que debía prevalecer el interés superior del niño.
Un fallo con mirada interseccional
La jueza civil que intervino en la causa destacó que, al estar involucrados los derechos de un niño con discapacidad, correspondía aplicar una mirada interseccional que considere sus factores de vulnerabilidad.
“Esta perspectiva exigió otorgar amplia protección y resolver el pedido priorizando sus derechos y garantías por sobre la postura de la escuela”, explicó.
De este modo, la Justicia rionegrina resolvió que el niño continúe en su escuela habitual, sin la obligación de contar con acompañante terapéutico, asegurando su derecho a la educación inclusiva y su bienestar emocional.
Un niño con discapacidad del Alto Valle podrá concluir el ciclo lectivo 2025 en la misma escuela a la que asiste desde hace cuatro años. Su familia acudió a la Justicia luego de que la institución condicionara la renovación de la matrícula a la incorporación de un acompañante terapéutico, medida que las profesionales que lo atienden consideraron innecesaria.
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