Kirchner y la calle



Poco antes de decidirse la conformación de las comisiones de la cámara baja, a Néstor Kirchner se le ocurrió formular una amenaza sumamente grave no sólo a la oposición sino también al mismísimo orden democrático. Dijo el ex presidente que “si nos quieren echar de todas las comisiones, que lo hagan. Tenemos las calles del pueblo y todos los micrófonos para hablar”. Fue su forma de advertir que, a menos que el Congreso nuevo actuara con la obsecuencia típica del anterior, no vacilaría en movilizar a los piqueteros, camioneros y gente del conurbano bonaerense para que los legisladores, debidamente intimidados, aprendan a obedecerle. Parecería que lo que Néstor Kirchner tenía en mente era una suerte de golpe civil parecido a aquel que puso fin a la gestión del presidente Fernando de la Rúa, si bien en esta ocasión los responsables de impulsarlo serían personajes vinculados con el Poder Ejecutivo motivados por su voluntad de marginar al Legislativo y, por si acaso, al Judicial, para que el país sea gobernado por lo que en efecto sería una dictadura. Aunque nadie pensaría en negarles a los oficialistas el acceso a por lo menos algunos micrófonos, no “todos”, sólo los interesados en demoler las instituciones democráticas podrían aprobar la propuesta de sustituir el Parlamento por concentraciones multitudinarias.

Por fortuna, la idea de Kirchner no es más que una fantasía: el jueves pasado, cuando juraban los diputados elegidos medio año antes y se conformaban las comisiones parlamentarias, se hizo evidente que los kirchneristas ya han dejado de ser los dueños de la calle. La manifestación que fue convocada para enseñarles a los legisladores que no les convendría en absoluto rebelarse contra los Kirchner fracasó. A pesar de los esfuerzos por complacer a su jefe de los intendentes cautivos del conurbano y la participación de algunas agrupaciones subsidiadas de piqueteros, la muchedumbre que se reunió frente al Congreso no fue del todo impresionante y los asistentes comenzaron a abandonarla antes de que jurara, con la displicencia que lo caracteriza, su presunto caudillo. Por lo demás, desde hace varias semanas quienes han estado provocando los trastornos más molestos en las calles y plazas porteñas no han sido los oficialistas encabezados por personajes como Luis D´Elía sino piqueteros y sindicalistas antikirchneristas, los primeros por suponerse excluidos del reparto de favores clientelistas y éstos por la negativa del gobierno a poner fin a un modelo sindical de inspiración fascista que privilegia a los pesos pesados vitalicios de la CGT como Hugo Moyano y Juan José Zanola.

Desde inicios de su propia gestión en mayo del 2003 Néstor Kirchner ha procurado asegurarse el dominio de la calle -o sea, de cierto poder extraparlamentario equiparable con el de las fuerzas armadas en otros tiempos por basarse en la violencia latente- aliándose con los líderes de agrupaciones de piqueteros y con sindicalistas como Moyano, pero la estrategia así supuesta ya no parece viable. Tampoco le serviría para mucho dar a entender que podría contar con el apoyo de los sectores más pobres del conurbano que, merced al control de los aparatos clientelares por parte de intendentes forzosamente oficialistas, hasta hace poco conformaban el núcleo duro del electorado kirchnerista. Los habitantes de las zonas más depauperadas del conurbano superpoblado ya se han dado cuenta de que no les beneficia el “modelo” kirchnerista que es inflacionario y destructivo de empleos, mientras que a causa del deterioro económico reciente ha disminuido mucho la capacidad del gobierno para entregar fondos a sus simpatizantes. Por lo tanto, las amenazas del ex presidente de movilizar la calle a su favor sólo sirven para desprestigiarlo todavía más porque no está en condiciones de concretarlas. En cambio, parecen mucho más realistas las advertencias que acaban de formular el jefe del bloque radical en la cámara baja, Oscar Aguad, según la cual “si la presidenta utiliza el veto sistemático se va a encontrar con la ciudadanía en la calle”, y la peronista Graciela Camaño, que dijo que a menos que el Ejecutivo logre convencer a la sociedad de que son legítimos sus motivos para enfrentarse con el Congreso “pueden volver a sonar las cacerolas de la protesta como en el 2001”.


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