PAPEL/ Investigan a una afiliada del Ipross por presentar facturas truchas

Desde la obra social rionegrina advirtieron que a algunas les pasaron corrector y luego les cambiaron los montos.

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El fiscal Gustavo Herrera es quien lleva adelante la acusación por los disturbios en el Ipross. (Foto: archivo )

La afiliada del Ipross que está siendo juzgada por haber protagonizado un violento episodio en diciembre de 2017 otra vez se vio envuelta en un escándalo cuando desde la obra social provincial advirtieron que presentó facturas truchas por un monto mayor de 200.000 pesos. Ante las presuntas irregularidades, la fiscalía ya tomó intervención y se prevé que a principio de febrero sea acusada por el delito de falsificación y adulteración de documento privado.

El amparo que presentó el defensor de la mujer fue la clave para desnudar una posible estafa contra el Ipross.

El escrito fue admitido por el fiscal Gustavo Herrera en medio del juicio que se lleva en contra de la mujer tras haber protagonizado un violento episodio en la sede del Ipross.

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Allí se encontraron facturas de traslados de un taxista que estaban visiblemente adulteradas. “A algunas facturas les pusieron corrector y cambiaron los montos. Ante esta situación fue que empleados de la obra social se comunicaron con el supuesto chofer”, indicó una fuente cercana a la investigación.

Para cuando lograron dar con el hombre, les dijo a los empleados de la obra social de la provincia que no solo no conocía a la afiliada sino que además no era taxista.

“Nos contó que no se dedica al traslado de pacientes, sino que transporta vehículos porque tiene un camión-grúa”, agregó la fuente consultada. Son 12 las facturas que entregó y serán revisadas.

Otro dato que llamó la atención de la Justicia es que la afiliada intimaba a Ipross a pagar las facturas argumentando que recibía un trato discriminatorio y les decía que de ninguna manera podía contactarse con el taxista.

Las facturas que presentó la mujer fueron para que le reintegraran el dinero por los viajes que pagó para trasladar a su hija para ser tratada por diferentes médicos. La niña tiene síndrome de down y una displasia de cadera, por lo que suele viajar a Bariloche para ser atendida por un médico especialista en su patología.

“La investigación que se inició agrava toda la situación de la afiliada porque podría ser condenada por dos delitos”,

indicó una alta fuente judicial.

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“La investigación que se inició agrava toda la situación de la afiliada porque podría ser condenada por dos delitos”,

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