La auténtica batalla cultural

En principio, se trata de un programa social que es a un tiempo progresista y realista: a cambio de un subsidio no muy grande pero así y todo importante, los beneficiados asegurarían que sus hijos asistieran a la escuela, lo que no sólo los ayudaría personalmente sino que también contribuiría a frenar el aumento de la cantidad de excluidos condenados a la marginación permanente. Sin embargo, parecería que, como tantos otros programas sociales emprendidos por gobiernos presuntamente bien intencionados, el supuesto por la asignación universal por hijo ha fracasado por completo. Según un informe que acaba de difundir el Observatorio de la Educación Argentina, su impacto pedagógico ha sido virtualmente nulo ya que muy pocos padres han aprovechado la oportunidad que les ha brindado para que sus hijos reciban por lo menos una educación rudimentaria pero, a pesar de no cumplir con lo acordado, han seguido cobrando la asignación familiar. Aunque los resultados de los esfuerzos por medir las dimensiones del gravísimo drama social que está protagonizando el país suelen ser discutibles, el que se haya estimado que aproximadamente 600.000 jóvenes de entre 12 y 17 años no van al colegio y que la mitad de los menores no termina el ciclo secundario no puede sino alarmar a los preocupados por el futuro tanto de los jóvenes mismos como del país. Por ser cuestión de un pacto entre los beneficiados por la AUH por un lado y, por el otro, el Estado, la responsabilidad por el fracaso del programa está compartida. Como es habitual, muchos han reaccionado ante la encuesta del Observatorio, que ha contado con la colaboración de la UBA y el apoyo del Ministerio de Educación, atribuyéndolo a la negligencia de los empleados públicos que deberían velar por el cumplimento de las condiciones fijadas y por lo tanto negarse a entregar el subsidio a aquellos padres cuyos hijos no asistan a las clases: señalan que en Brasil, donde un programa similar ha producido resultados muy promisorios, las autoridades sí han tratado con severidad a los reacios a asumir sus obligaciones. En cambio, en nuestro país parecería que la combinación de una fuerte tradición clientelista que ha estimulado el parasitismo, la sensiblería propia de los acostumbrados a tratar a los pobres como víctimas de un sistema social perverso que nunca podrían considerarse responsables de su condición y el temor a tener que enfrentar protestas organizadas por agrupaciones izquierdistas ha sido suficiente para que los encargados de controlar el programa se hayan limitado a repartir dinero. Así y todo, esto no quiere decir que el Estado sea el único responsable de los resultados decepcionantes obtenidos por la AUH. También han hecho su aporte los padres. Si son “víctimas” de algo, es de lo que podría calificarse de una cultura de la dependencia pasiva, de la resignación de quienes, a menudo aleccionados por políticos, se suponen incapaces de hacer mucho más que reclamar beneficios sociales porque, al fin y al cabo, tienen derecho a recibirlos. A diferencia de sus equivalentes de países asiáticos, como China, que son mucho más pobres que la Argentina, demasiados no sienten ningún entusiasmo por la educación y por cierto no pensarían jamás en presionar a sus hijos para que aprovechen plenamente todas las oportunidades disponibles. He aquí la clave del desastre educativo argentino y uno de los motivos por los que el presunto compromiso con la justicia social de una larga serie de gobiernos y del grueso de la clase dirigente no ha impedido que se haya ampliado cada vez más el abismo que se da entre una minoría acomodada que es relativamente sofisticada y los demás. A juicio de muchos, incluyendo a integrantes del gobierno actual, para reducir la brecha así supuesta bastaría con luchar contra el neoliberalismo al “redistribuir el ingreso” y garantizar el derecho de todos a acceder a la educación, pero sucede que, además de tener consecuencias económicas negativas, las medidas que impulsan quienes piensan así sólo servirían para que sean cada vez más los autoexcluidos que no estén en condiciones de aportar mucho al bien común y que, en una época en que el conocimiento es considerado la clave del éxito económico, constituirán una barrera acaso insuperable en el camino del desarrollo.