La complicidad de jueces y abogados durante la dictadura

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“¿Usted también, doctor?”

“¿Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura”, es el título del libro que acaba de sacar a la venta la editorial Siglo XXI, llamado a generar un fuerte impacto en la opinión pública del país, en el marco de la pulseada entre el gobierno nacional y miembros del Poder Judicial actual.

El editor del libro es el cipoleño Juan Pablo Bohoslavsky, abogado, doctor en Derecho y experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU.

En los capítulos que integran el trabajo, de 448 páginas, participan también como autores Marcelo Alegre, Jessica Almqvist, Claudia Bacci, Lorena Balardini, Valeria Barbuto, Leticia Barrera, Lucía Castro Feijóo, Agustín Cavana, Horacio Javier Etchichury, Leonardo Filippini, Hannah Franzki, Roberto Gargarella, Juan Francisco González Bertomeu, Enrique Groisman, Juan Bautista Justo, Sofía Lanzilotta, Paula Litvachky, Alejandra Oberti, Andrea Pochak, Sabina Regueiro, Laura Saldivia Menajovsky, Pablo Gabriel Salinas, María José Sarrabayrouse Oliveira, Susana Skura, Carolina Varsky, Virginia Vecchioli y Carla Villalta.

En el prólogo, el exjuez español Baltasar Garzón señala que “El Poder Judicial y por ende los jueces y fiscales de entonces, con honrosas excepciones, no debieron haber ocultado la cabeza debajo del ala, poniéndose así del lado de los represores”. A su juicio, “entre 1983 y 2003 la impunidad fue la regla” y que sólo tras llegar a la presidencia Néstor Kirchner “las cosas definitivamente cambiaron en este país”.

Al introducir el planteo del libro, al que pondera como “un proyecto colectivo”, Bohoslavsky señala que la actividad de jueces y abogados frente al denominado Proceso de Reorganización Nacional que se implantó tras el golpe militar de 1976 osciló entre complicidad militante, la complacencia banal y la valiente independencia”.

Para Bohoslavsky, “la comprensión cabal del rol que juegan funcionarios judiciales y abogados en contextos autoritarios” y la elaboración de teoría sobre el tema son “asignaturas pendientes que gradualmente están siendo saldadas”. Consigna que hasta el momento, “más de ciento cincuenta funcionarios judiciales han sido vinculados formalmente con el terrorismo de Estado, ya sea a través de procesos penales o de remoción. El llamado juicio a los jueces en Mendoza, cuya sentencia se espera para abril del 2015, es el proceso penal más emblemático en esa dirección”.

A su juicio, el efecto de la remoción de los jueces de la Corte Suprema en 1983 fue en parte diluido por la continuidad de varios funcionarios judiciales designados por las Juntas en todo el país. A eso atribuye “la connivencia” -ya en democracia- de gran cantidad de jueces y fiscales para “obstaculizar o dilatar los juicios contra los genocidas, perseguir a quienes denunciaban a los funcionarios cómplices (caso “Kimel”).

Recordó que durante el anterior gobierno militar (1966-1973), a través de la Cámara Federal conocida como “Camarón”, se instrumentó “un plan de persecución judicial de opositores políticos”. “Con la llegada del gobierno constitucional de 1973 ese tribunal fue disuelto y muchos de los opositores encarcelados por el “Camarón” fueron amnistiados”, aunque “el 16% de esos sería desaparecido después del golpe de 1976”.

En cuanto a las acciones de “colaboración activa” que una parte significativa del Poder Judicial tuvo con la dictadura, citó “la denegación sistemática de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la reticencia a investigar seriamente los crímenes, la instrucción de causas penales fraudulentas para extorsionar a empresarios en connivencia con las fuerzas de seguridad, el apercibimiento a los jueces de instancias inferiores que realizaban las instrucciones penales, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y de las razones de esas muertes, la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la prestación de ayuda para interrogar e incluso torturar a detenidos de manera ilegal y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas”.

Como contrapartida, señaló que “se registraron verdaderos actos de independencia y compromiso por parte de unos pocos funcionarios judiciales y de numerosos abogados, a quienes, en algunos casos, llegaron a costarles sus propias vidas”, actos de resistencia que “salvaron a numerosas personas de ser torturadas, asesinadas y desaparecidas”.

Consignó Bohoslavsky que el argumento que las Juntas Militares usaron para justificar su autoridad fue que “el derecho de la nación a resistir la amenaza de su propia existencia”, por lo cual subordinaron “la Constitución nacional a la voluntad de las Fuerzas Armadas, todo lo cual fue confirmado por la jurisprudencia nacional” de la Corte Suprema.

En cuanto al rol personal de los jueces, señaló que “si bien el informe Nunca Más de la Conadep exponía y denunciaba el rol cómplice del Poder Judicial, fue con las denuncias interpuestas ya en democracia por la sociedad civil y por agencias del Estado contra funcionarios judiciales de la dictadura (que están o han estado hasta hace poco en sus respectivos cargos) cuando se comenzó a tomar una dimensión más cabal de la amplitud y profundidad de su involucramiento en la dinámica del gobierno cívico-militar. Por lo menos 90 funcionarios fueron denunciados penalmente, de los cuales 53 se encuentran imputados, y 60 enfrentaron cargos disciplinarios. Aproximadamente la tercera parte de dichos funcionarios aún continúa en sus cargos.

En el capítulo correspondiente, se hace mención a que se tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén (a cargo de Luis Villanueva) una investigación por colaboración indispensable con el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Jefatura de la Subzona de Seguridad 52, a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI), que tiene por imputados a los exjueces federales Pedro Laurentino Duarte, Rodolfo Ramón López Marquet, María Ester Borghelli de Poma (también exdefensora federal), Mirta Ebe Fava, Cecilio Alfredo Pagano y Dardo Ismael Sosa, los exfiscales federales Víctor Marcelo Ortiz, Hernán Etcheverry y Leopoldo Fuentes. Señala que “el fiscal García Lois solicitó al juez Villanueva, en diciembre del 2013, la indagatoria de los exfuncionarios mencionados por haber intervenido en causas en las que se habían ordenado detenciones de víctimas, aun desoyendo las denuncias de que habían sido interrogadas bajo tormentos, y por haber rechazado hábeas corpus y amparos, algunos de manera sistemática y con costas para los familiares, así como también por no haber investigado denuncias por delitos sufridos por las víctimas”.

Añade que “hubo sólo un puñado de funcionarios judiciales independientes que asumieron actitudes valientes y comprometidas investigando y reclamando por las víctimas, aun en desmedro de su integridad física”. Entre ellos citó que “Carlos Pagliere fue juez provincial de instrucción penal durante la dictadura e investigó en 1977 hasta las últimas consecuencias -a pesar de las intimidaciones provenientes de las Fuerzas Armadas y de la propia Corte Suprema provincial- el secuestro del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en Tandil”.

En el capítulo 19, Andrea Pochak profundiza sobre “el caso ‘Kimel’ y las resistencias corporativas en democracia para esclarecer la complicidad judicial con la dictadura”. Eduardo Kimel, historiador y periodista que había expuesto, ya en democracia, la contribución del exjuez de la dictadura Guillermo Rivarola para garantizar la impunidad en la masacre de San Patricio, se vio sometido, como represalia, a una persecución judicial por parte del propio Rivarola y de numerosos jueces argentinos (incluida la Corte Suprema), que fue recién interrumpida por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.