Piden informes sobre la licitación de la terminal de ómnibus de Regina

Vocales del Tribunal de Cuentas solicitaron al intendente Marcelo Orazi detalles de los requisitos exigidos en la licitación para renovar la terminal.

Luego de conocerse la oferta económica que hizo la única empresa que se presentó en la licitación para renovar el edificio de la terminal de colectivos de Regina, vocales del Tribunal de Cuentas solicitaron un informe sobre los requisitos exigidos a las compañías para participar en la compulsa.

La solicitud obedece a que solo una empresa constructora participó de la licitación pública, pero con dos propuestas que exceden ampliamente el presupuesto oficial con el que cuenta el municipio para llevar adelante los trabajos.

El pedido de informes es impulsado por los vocales Domingo Vallejo -que preside el órgano de control- y Gimena Cerda.

Gimena Cerda y Domingo Vallejo pidieron un informe sobre los requisitos exigidos en la licitación pública.

“Hasta el año pasado llegaban por mail todas las licitaciones o concurso de precios, como una comunicación oficial del Poder Ejecutivo hacia el Tribunal de Cuentas. Por una extraña razón dejaron de enviarlo, lo que nos llamó poderosamente la atención”, apuntó Vallejo al explicar los motivos del pedido de informes.

Señaló que si bien no está regulado la participación del Tribunal de Cuentas en las licitaciones, históricamente siempre se informó previamente de estos actos.

“La vocal Gimena Cerda participó de la apertura de sobre, y cuando trajo los montos de la única oferta, se nos encendió una luz amarilla, porque tenemos un presupuesto de $75 millones con un proyecto que no conocemos. Nos pareció extraño que se presente una sola empresa con dos presupuestos, uno por $467 millones y otro por $127 millones, y que no se presente ninguna firma de Regina”, subrayó.

El presidente del Tribunal de Cuentas, indicó que ante la diferencia presupuestarias y la falta de ofertas de mayor número de empresas, es que se pidió al Poder Ejecutivo el informe sobre los requisitos exigidos en el marco de la licitación.

Dato

75 millones
es el presupuesto oficial para el plan de remodelación de la terminal de colectivos.

“Pedimos que nos mande el pliego, las condiciones y también el proyecto. Cómo podemos controlar nosotros lo que se pretende hacer, si no tenemos los requisitos que el municipio le está exigiendo a las empresas”, sostuvo.

Otro punto que generó alerta en los integrantes del organismo de control, fue la posibilidad planteada por funcionarios del ejecutivo para llegar a un acercamiento entre la propuesta que presentó la empresa para la obra y el presupuesto municipal.

En este sentido, Vallejo enfatizó que “esa posibilidad no está contemplada en la ordenanza de licitaciones. Si en la licitación se presentó un solo oferente y la propuesta no coincide con lo que el municipio ha planteado, la licitación debe declararse desierta”.

“Nos preocupa la posibilidad de que el municipio entre en un estado de negociación con la empresa por ser el único oferente, y transformen lo que fue una licitación pública en una contratación directa”, indicó.

Insistió que las ordenanzas municipales que regulan los proceso de licitación pública, privada, los concurso de precios y la contratación directa, establecen en forma clara los límites presupuestarios para cada caso.

Dato

127 millones
es la oferta económica más baja que recibió el municipio para realizar los trabajos.

“No se puede hacer una contratación directa, porque están establecidos los montos básicos, y además, deberían hacer un nuevo llamado a licitación si es que hay una modificación tanto del proyecto técnico como del presupuesto, porque ambas cosas están relacionadas”, agregó el presidente del Tribunal.

La licitación para renovar el edificio de la terminal fue lanzada en enero por el municipio con una primera fecha de apertura de sobres en febrero, aunque luego se prorrogó hasta el 3 de marzo por el pedido de empresas interesadas en participar.

Sin embargo, algunas de las firmas interesas, no presentaron propuestas al no tener garantías de actualización presupuestaria.


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