La dama sin venda: el año que la Justicia tocó fondo

Prisiones preventivas haciendo equilibrio en el borde difuso de la legalidad; clima de impunidad marcado por una maratón de excarcelaciones de ex funcionarios y empresarios kirchneristas que hasta hace poco cumplían, precisamente, prisiones preventivas; ninguna condena; jueces de Cámara sospechados y abiertamente acusados de haber recibido dinero por un fallo; tensiones entre el gobierno nacional y la misma Corte Suprema por la designación de tribunales. Y, en el medio de todo –o quizás como consecuencia–, la desconfianza en una Justicia que, de acuerdo con estudios y encuestas de credibilidad en las instituciones, ha tocado fondo.

El Poder Judicial parece nunca haber contado con una gran confianza, pero en los últimos años habría ingresado en una caída inédita. De acuerdo con el último informe Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), publicado a fines de marzo, “los mayores niveles de confianza se dan en 2010 y 2011 (21,4% y 23,7% respectivamente), para luego moderarse hasta 2016, año en el que inicia una tendencia descendente que se profundiza en 2017 mostrando el valor más bajo de la serie”. La cifra: apenas un 11,7%.

Si el 2016 se caracterizó por la detención, con preventiva, de una importante cantidad de ex funcionarios K involucrados en graves causas de corrupción, los primeros años del 2017 estuvieron marcados por excarcelaciones. El ex vicepresidente Amado Boudou, acusado por lavado, enriquecimiento y asociación ilícita en la causa Ciccone, salió en libertad en enero, tras poco más de dos meses en prisión. Lo siguieron el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el dirigente social Luis D’Elía , que se encontraban detenidos por encubrimiento del atentado de la AMIA. Días antes había sido liberado también Roberto Baratta, número dos del exministro de Planificación, Julio De Vido, hasta entonces detenido por negociados con el gas licuado.

Pero sin duda el caso más resonante fue la liberación de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, por quedarse con $ 8.000 millones (17.000 actualizados) de la AFIP. La Sala 1 de la Cámara Federal, con votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, revocó la prisión preventiva de López y De Sousa, y además decidió cambiar la carátula de “administración fraudulenta” a la mucho más leve “apropiación indebida de tributos”. Los camaristas ignoraron además un fallo previo de Casación, tribunal superior, que ahora deberá volver a resolver la cuestión tras la apelación de la AFIP.

De acuerdo con una encuesta de Giacobbe & Asociados sobre el caso, el 67% consideró que detrás del fallo de Cámara hubo una mano política: 48,4% lo atribuyó a “la mafia judicial para perjudicar al gobierno”; 18,5% lo consideró un “acuerdo político” entre la Justicia y el gobierno. La noche del viernes 16 de marzo, López dejó la cárcel con actitud altanera y prometió entrevistas y duras críticas a la Justicia. Prefirió luego el silencio.

El escándalo que generó el fallo desató dos investigaciones en el Consejo de la Magistratura. Por un lado, la diputada Elisa Carrió pidió directamente investigar si los camaristas recibieron dinero a cambio del fallo. La Magistratura ya pidió las declaraciones juradas del camarista Ballesteros.

Por el otro, la misma Corte Suprema ordenó investigar si hubo “irregularidades” en la conformación de la Cámara. El asiento que ocupó Farah estaba vacante por la destitución de Eduardo Freiler. Fue Ballesteros quien eligió a Farah para emitir el fallo en el caso López, y lo hizo sin sorteo argumentando que ya había intervenido en una causa conexa. Magistratura ya investiga.

Mientras tanto, la tensión entre el gobierno y la Corte le suma niebla a un paisaje ya brumoso. La ex presidente Cristina Kirchner iba a ser juzgada por el Tribunal Oral Federal Nº 9 en las causa por encubrimiento de la AMIA, y una megacausa por irregularidades en la distribución de la obra pública junto a “la ruta del dinero K” (causa por lavado que tiene en el centro a Lázaro Báez). Sin embargo la Corte definió que ese tribunal nunca fue “habilitado” y ordenó volver a sortear. El TOF9 era un tribunal oral criminal. El oficialismo había logrado la sanción de una ley que permitía la “federalización” de ciertos tribunales. Finalmente, las causas se repartieron en otros dos tribunales.

En medio de este clima, todos los actores hablan de “reforma”, pero nadie alcanza a precisar cuándo, ni en qué dirección.

Rosler: “Mucha gente cree que el Derecho es un autoservicio”

Andrés Rosler es doctor en Derecho (Oxford) y profesor de filosofía del Derecho (UBA).

P: ¿Qué consecuencias tiene para una comunidad el descrédito en su Justicia?

R: Basta con abrir la ventana y ver lo que pasa en Argentina. Yo me dedico a la teoría del Derecho penal. En el caso Luis Chocobar lo que dice el Derecho es muy claro, en el caso Luis Muiña, con el 2×1, también. En el caso Chocobar, por ejemplo, gran cantidad de gente creía que aquel que apuñaló al turista merecía, lisa y llanamente, morir. A pesar de que fue muerto mientras escapaba del delito. Y eso es absurdo. El policía con razón fue procesado porque se excedió en su deber, no puede matar a alguien que se escapa de un delito. A juzgar por lo que sucedió con Chocobar, a la gente no le importa lo que dice el derecho vigente. Y la Justicia lo que tiene que hacer es aplicar el derecho. Cuando la Corte, en el caso Muiña, aplicó la ley vigente, a la gente tampoco le cayó bien que la Corte cumpla su deber. Como el 2×1, por motivos morales o políticos, no puede ser aplicado a criminales de lesa humanidad, había que hacer lo necesario para que no se cumpliera esa ley. Y el Congreso sancionó una ley retroactiva, algo que está prohibido por la Constitución.

P: ¿Cómo se traduce entonces?

R: Cuando no hay un sistema de justicia que funcione pasa esto. Mucha gente cree que el Derecho es como un autoservicio, y puede elegirse lo que más le gusta. O aplicamos o no el Derecho. Para eso tenemos que creer en la cultura jurídica, en la autoridad del Derecho, me beneficie o no. Porque si no, no reconozco esa autoridad. Como en el fútbol, el árbitro es el que decide si fue penal o no. Sabemos que los árbitros se equivocan, pero sabemos que no se puede jugar al fútbol sin árbitros. En cambio, en el Derecho creemos que es como un picado en una plaza y una sociedad puede funcionar sin autoridad judicial. Es absurdo.

P: ¿Qué forma hay de recuperar la credibilidad en la Justicia?

R: No se si se trata de recuperar, sí puede ser que empeoró su poca credibilidad, pero no sé si hay una edad de oro a la que volver. Pero si lográramos que se aceleraran los procesos, que la Justicia fuera independiente, que los jueces designados lo sean, si fueran removidos a tiempo… Se creó el Consejo de la Magistratura para eso y evidentemente no dio resultados. Todo eso contribuiría a mejorar mucho el servicio de Justicia.

P: ¿Es un riesgo de todos los sistemas jurídicos o es algo argentino? ¿Dónde estaría el origen de eso?

R: En otros lugares la Justicia tiene un prestigio. En EE. UU. la Corte Suprema decidió una elección, el caso Bush-Gore. Lo pudo hacer por el prestigio que tiene la Justicia allí. En Chile también. Es una cuestión cultural, y las cuestiones culturales dependen del tiempo, de muchos años. No hay nada en Chile o Argentina que nos haga como somos. O habría algo natural en un argentino que impide que esto cambie. Y no hay un gen argentino, no es natural.

Sabsay: “Lo que se ve es que la Justicia garantiza impunidad”

Daniel Sabasay es profesor de derecho constitucional (UBA).

P: ¿La justicia tocó fondo?

R: Ha tenido un impacto enorme en la gente el fallo del caso Cristóbal López. Ya tenía un descrédito importante la Justicia, pero después de esto se metió en una situación de decadencia enorme. La Justicia está entre las últimas en índices de credibilidad. Ami modo de ver, es tocar fondo.

P: ¿Cómo explica ese descrédito?

R: Se explica por muchos factores. Para lo sectores de menos recursos, el acceso es tan distante, difícil y caro, que en realidad no cuenta la Justicia para esos sectores, es ajena. En eso se agrega la lentitud terrible. Pasos muy sencillos de procesos pueden llevar meses. La fijación de una audiencia en sede laboral, el primer paso, puede llevar más de un año. Agregamos la corrupción: en la justicia federal penal es explícita, no hay más que ver el modo en el que viven los jueces, muchos de ellos multimillonarios. Lo que se ve es que la Justicia garantiza la impunidad, no la capacidad de condena. No se condenan funcionarios, no porque no haya corrupción.

P: ¿Qué reformas se necesitan?

R: Fundamental es la reforma del Consejo de la Magistratura. La posibilidad de duplicar el número de juzgados en lo federal penal de Comodoro Py es importantísimo. Modificar los códigos de procedimientos, en particular lo penal, apuntando a acortar los procesos. Hoy hay una cantidad de disposiciones que permiten a los abogados buitre eternizar los procesos. No por casualidad los procesos de corrupción tienen un promedio de 14 o 15 años. Impedir tantas apelaciones y reconsideraciones. Hay que rever en lo penal las libertades condicionales, conmutaciones, la llamada puerta giratoria. Proveer de defensorías para que sectores de menores recursos cuenten con patrocinio letrado gratuito, y poner tribunales más cercanos. Y otras contra los privilegios: impuesto a las ganancias; horario de trabajo,ocho horas igual que todos, vacaciones, 45 días no nadie tiene. Son privilegiados impresionantes. Y terminar con el nefasto nepotismo, que es un privilegio también. Cada juez puede designar cantidad de familiares, no sólo en tribunales sino en organismos de apoyo.

P: ¿Por qué tan difícil reformar?

En Argentina somos refractarios a las reformas. Y la familia judicial es particularmente conservadora, hay una defensa corporativa tremenda. Eso pesa a la hora de reformar. Y dirás, las reformas se hacen con leyes, sí, pero reformas hechas por el poder Legislativo muchas veces son declaradas inconstitucionales por la Justicia.

P: ¿Cómo se puede lograr?

R: Es muy importante la presión que la gente imponga. Cuando las autoridades ven una situación de gran costo político, las cosas cambian. Este jueves 12 tiene que haber una manifestación muy importante a tribunales, que implique una señal muy grande. La movilización, pacífica, es muy útil.

El jueves, marchas en todo el país

Convocada en las redes, pero con la adhesión de legisladores, dirigentes políticos y referentes del mundo judicial, se organiza para el 12 de abril una marcha “por la justicia”. El llamado a marchar nació en Twitter y Facebook bajo la consigna #SinJusticiaNoHayRepública. La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires, el jueves a las 19 frente al Palacio de Justicia, pero se llamó a replicarla en “todas las plazas del país”. La iniciativa cuenta con la adhesión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que también se sumó a convocar.