La defensa oficial penal sin recursos para investigar

Solo los fiscales tienen en Bariloche los equipos técnicos para sus investigaciones. El procurador dijo que armarán un gabinete científico para los defensores.

Defensoras adjuntas y personal trabajan en un piso del edificio de Tribunales. Foto: Alfredo Leiva

La balanza del Ministerio Público luce, a simple vista, desequilibrada cuando se pone la lupa en la Tercera Circunscripción Judicial, cuya cabecera es Bariloche.

Mientras los fiscales cuentan con recursos de todo tipo para investigar los hechos que se denuncian todas las semanas, los defensores oficiales hacen malabares para poder trabajar en sus propias teorías del caso.

Los defensores oficiales no cuentan con equipos de investigación propios: no tienen gabinete de Criminalística, ni psicólogos ni psiquiatras a disposición, ni personal especializado para la atención de la víctima.

Sus primos hermanos del Ministerio Público Fiscal tienen además el auxilio directo de la Policía provincial.

Así la igualdad de armas que se pregonan desde la cúpula del Poder Judicial de la provincia no se percibe al momento de las investigaciones.

La reforma procesal penal obliga a fiscales y defensores a desarrollar sus propias hipótesis para tratar de esclarecer los hechos. Pero los fiscales desde la partida arrancan con varios cuerpos de ventaja.

Los defensores oficiales defienden a las personas sin recursos, que no tienen dinero para contratar un abogado, que se dedique exclusivamente a su caso.

Una condena genera en las calles un humor social diferente a una absolución. En los pasillos de Tribunales algunos operadores judiciales opinan –en voz baja– que tal como está diseñado el sistema, los fiscales salen, por lo general, mejor parados. Sobre todo, en un momento histórico y social donde sectores de la sociedad están ávidos de condenas.

El Ministerio Público es la piedra angular de la reforma procesal penal que el Poder Judicial de la provincia puso en marcha el 1 de agosto de 2017, con los millonarios recursos que la provincia inyectó. Está dividido entre Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa

La ley del Ministerio Público 4199 establece que “en cada Circunscripción Judicial habrá un Agente Fiscal por cada fracción no mayor de 20.000 habitantes y un Defensor en el Fuero Penal cada tres fiscales. No obstante ello, podrán excepcionalmente incrementarse los números indicados, para aquellos lugares de mayor índice de conflictividad. Ley 4199 del Ministerio Público”.

La Tercera Circunscripción del Poder Judicial comprende Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu, Comallo y las localidades del Departamento 25 de Mayo no incluidas en la Segunda Circunscripción Judicial. Todos los delitos que ocurren en esas localidades los deben investigar los fiscales de Bariloche. Sólo El Bolsón tiene un fiscal y un fiscal adjunto.

Río Negro

Defender a los pobres

Los defensores oficiales asisten a todas las personas imputadas, que no pueden pagar un abogado.

El Ministerio Público Fiscal cuenta con 2 fiscales jefes, 8 fiscales titulares y 8 fiscales adjuntos. El Ministerio Público de la Defensa tiene 4 defensores titulares y 3 adjuntas.

La ley indica que la proporción debe ser cada 3 fiscales 1 defensor. Aunque fuentes judiciales admitieron que tendría que haber más defensores “porque la relación no puede ser estática, tiene que ser dinámica”.

Fuentes judiciales indicaron que cada defensor tiene, en promedio, 5 audiencias por día. Los datos oficiales indican que el año pasado hubo 3.091 audiencias en la Tercera Circunscripción.

En todas intervinieron fiscales o fiscales adjuntos. En cambio, los defensores oficiales no necesariamente participaron de la totalidad, porque una parte de los imputados son asistidos por abogados.

La carga de trabajo tampoco es pareja. Los defensores deben redactar los recursos para recurrir las resoluciones de los jueces ante el Tribunal de Impugnación de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Además, elaboran los recursos extraordinarios ante el STJ para tratar de llegar a la Corte Suprema. El defensor general recién interviene cuando hay que redactar el recursos de queja ante la Corte.

Los fiscales tienen la asistencia de los fiscales jefes para los juicios, para los casos complejos y para los recursos ante el Tribunal de Impugnación y el STJ. También, tienen al fiscal general.

Pero las fuentes recordaron que los fiscales deben hacer todo el trabajo que demanda la etapa preliminar y preparatoria tras las denuncias de un supuesto delito. Es una labor que puede durar varias semanas. Explicaron que los defensores oficiales intervienen a partir de la detención del imputado y la formulación de los cargos.

Edificio

Otra diferencia a la vista está en la infraestructura. El Ministerio Público Fiscal tiene a disposición un edificio alquilado en Anasagasti y Otto Goedecke, pero renovado, de tres plantas y amplios espacios, con oficinas para atender a las víctimas con la privacidad que se requiere.

Los defensores oficiales y las defensoras adjuntas están apiñados, con los 11 empleados que tienen, en un solo piso en un ala del edificio de Tribunales de la calle John O’Connor al 20. Hay una improvisada sala de espera, donde no entran más de 5 personas sentadas, junto a un ascensor.

Además, el piso asignado a la Defensa penal tiene una capacidad limitada para soportar peso por sus características edilicias y constructivas. Por eso, el sindicato judicial presentó esta semana una nota donde advirtió su preocupación por el problema y pidió respuestas al titular de la Superintendencia de la Circunscripción Judicial.

El procurador, Jorge Crespo, reconoció que los defensores oficiales no tienen equipos propios para investigar sus casos. Foto: archivo

Crespo:“Se cumple con la proporción que dice la ley”

“Una defensa efectiva y eficiente es fundamental para el servicio de justicia”, afirmó ayer el Procurador del Poder Judicial, Jorge Crespo.
Dijo que una “defensa efectiva y eficiente es necesaria para ponerla al servicio de la gente con todos los recursos disponibles”. Crespo sostuvo que la defensa oficial para que cumpla su rol hay que dotarla de la mejor manera.

Aseguró que en la parte penal “los recursos de la Defensa pública en Bariloche cumplen con la proporción que establece la ley 4199, que es 3 fiscales cada 1 defensor”.

“Lo cierto es que no tienen equipos de investigación propios, pero por instrucciones mías pueden contar con el equipo de la Procuración”, sostuvo.
Crespo dijo que están trabajando “para implementar un equipo propio, un gabinete científico para la Defensa oficial, que esperamos que esté listo antes de fin de año”.

“Cuando la defensa desarrolla su propia teoría del caso, desde la Procuración se le ofrecen todos los medios científicos para esa teoría del caso”, aseguró.

Cuando se le preguntó si pensaba si los defensores oficiales cumplen con esa premisa de desarrollar una defensa efectiva y eficiente, respondió: “Hacen de la mejor manera todo lo que tienen que hacer”.

Dijo que el tema edilicio no le corresponde intervenir, pero indicó que el defensor general, Ariel Alice, estaba ayer en Bariloche por ese tema. Reconoció que problemas de espacio hay en todos lados, excepto Roca y Viedma.


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