La emergencia económica salió con escándalo

La aprobó el Deliberante de Bariloche. La sesión fue copada por empleados municipales. Los ediles recibieron empujones e insultos. Una concejal resultó herida. Al final los leales al intendente y el Pro impusieron su mayoría. El gremio se despegó del incidente.





La emergencia fue para “pedir ayuda económica”

El municipio dejó atrás hace unos días el estado de “emergencia económica, administrativa y financiera” que impulsó el intendente Gennuso a poco de asumir, pero desde el gobierno aseguraron que no habrá cambios en la política de gasto.

La ordenanza aprobada en diciembre durante una escandalosa sesión que terminó con incidentes protagonizados por el Soyem estableció numerosas restricciones en la asignación de horas extra, viáticos, uso de teléfonos y vehículos oficiales, etc.

Pero esos artículos fueron sólo una formalidad, ya que el verdadero propósito de la emergencia fue el de crear condiciones de excepción para recibir auxilio económico externo, según fue pactado con los gobiernos nacional y provincial.

El secretario de Hacienda, Ariel Gomis, admitió ayer que la norma de la polémica era la única herramienta que les permitía “exponer la situación” del déficit municipal, para “generar ayuda de Nación y Provincia”. Sin la emergencia declarada quedaría un antecedente para que cualquier otro municipio pidiera lo mismo, fue el argumento.

Con esa normativa en la mano la gestión Gennuso tramitó y obtuvo adelantos de coparticipación del gobierno provincial y un ATN de 10 millones de pesos otorgado por la Nación. Gomis dijo que “todos sabían cuál era el motivo de la emergencia: el gremio, los ediles, todos”. Dijo que por esa razón no entendió la resistencia que encontró el oficialismo durante el accidentado debate.

En aquella sesión los ediles del FpV insistieron en que no hacía falta dictar ninguna “emergencia” y que todas las reformas que pretendía hacer Gennuso eran posibles sin la ordenanza.


Violencia en el Concejo

BARILOCHE (AB).- Durante una sesión que terminó con graves incidentes, el Concejo Municipal aprobó ayer por mayoría la ordenanza de emergencia económica promovida por el intendente Gustavo Gennuso, que lo faculta a recortar gastos y aplicar una “reestructuración general” en el Municipio.

El Soyem colmó desde temprano la sala del Concejo con la intención de impedir la aprobación. Con cantos y abucheos pidió que los empleados no sean tomados como “variable de ajuste” y que el proyecto sea retirado.

El oficialismo buscó atemperar las críticas con un agregado de último momento que deja expresamente a salvo el Estatuto del Trabajador Municipal. Pero nada fue suficiente. Luego de casi cuatro horas de debate, los concejales de Gennuso desecharon un cuarto intermedio y forzaron la votación, que terminó en un escándalo mayúsculo.

Los siete concejales de Juntos Somos Bariloche impusieron su mayoría, con el apoyo del único de Pro, y los tres representantes del Frente para la Victoria votaron en contra. Apenas se levantaron las manos comenzaron las agresiones.

El presidente del Concejo, Diego Benítez, dio por terminada la sesión y los oficialistas se levantaron para irse, pero los manifestantes más exaltados lo impidieron. Algunos dirigentes del Soyem intentaron aplacar el enojo, pero otros participaron de los forcejeos. Los mismos trabajadores municipales (mujeres incluidas) que instantes antes replicaban los discursos a puro grito y a centímetros de los concejales, comenzaron a empujarlos y escupirlos.

No tardaron en volar varias copas y platitos que había sobre la mesa se sesión. También rompieron una jarra. Las astillas lastimaron en una mano a la concejal Cristina Painefil (Juntos).

Otros concejales como Daniel González (Pro), Claudia Contreras, Julia Fernández y Diego Benítez (todos de Juntos) sufrieron amenazas, patadas y golpes.

El oficialismo logró así su objetivo de sancionar la emergencia, tal como la planeó el intendente. La justificó en la aguda crisis económica que atraviesa el Municipio, incluida una deuda superior a los 600 millones de pesos.

Los concejales anticiparon que por el desvío de fondos específicos que practicó el gobierno anterior para gastos corrientes habrá denuncias penales. Andrés Martínez Infante (Juntos) subrayó que “no se va a disminuir ningún derecho adquirido e los trabajadores”.

Desde el FpV, Daniel Natapof, quien fue secretario de Gobierno hasta hace pocos días, reivindicó lo actuado en los últimos tres años y negó que exista una crisis terminal. “Quieren crear la sensación de un municipio prendido fuego, y es absolutamente falso”, argumentó.


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