La fiscalía investiga al IPVU y tres empresas por contratos de 37 obras

Tres constructoras radicadas en Buenos Aires encabezan la investigación abierta por la fiscalía de Delitos Especiales para determinar si hubo irregularidades en la contratación de las 37 obras que realizaron para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU-ADUS) y si esas firmas están vinculadas a un grupo de ex empleados del gobierno provincial.

La investigación comenzó con una denuncia de una vecina en medio de la campaña electoral del 2015, pero en el allanamiento realizado en la sede del IPVU, el 24 de mayo pasado, surgieron elementos que llevaron al fiscal Andrés Azar a solicitar el jueves que la causa se declare compleja y que se le permita mantener bajo la figura que antes era el secreto de sumario a algunas de sus diligencias.

El fiscal reveló que tras el allanamiento recibieron una denuncia anónima con documentación anexada, que requirió mantener en secreto hasta tanto pueda ser incorporada formalmente.

Es que si bien en la denuncia que abrió el caso se acusó a Rodolfo Káiser, por ser en esa época el presidente del IPVU-ADUS, actualmente hay un grupo de personas y varias empresas investigadas.

En la causa se busca determinar por un lado si no se respetaron las formas de contratación del Estado, realizándose contratos directos repetidamente por sumas millonarias, y por el otro si los montos pagados se corresponden con las obras efectivamente realizadas.

Tres empresas oriundas de Buenos Aires, y relativamente nuevas, encabezan la investigación, dado que sobre unas 100 obras realizadas entre 2011 y 2015 las firmas obtuvieron 37 contratos. Estas empresas son Cotrac SA que realizó seis obras, Texico SA que realizó 15 obras y Constructora Limay SA con otras 16 obras, realizadas en su mayoría en Cuenca 16 de esta ciudad, en la nueva meseta de Añelo y en Chos Malal.

Pero en el allanamiento en el cual se secuestraron cerca de cien expedientes de obras, se detectó que varios expedientes “están desaparecidos porque no se los pudo encontrar ni con la ayuda del mismo personal del IPVU”.

Paralelamente a la forma de contratación que se investiga, Azar detalló que también se contratarán ingenieros para peritar si las obras que efectivamente se hicieron concuerdan con los valores que fueron pagados, siendo estos fondos nacionales destinados a planes de viviendas.

Marcelo Iñiguez, el defensor Káiser, planteó que la causa estaría vencida por no haberse formulado la apertura de la investigación y llevó a que el juez Martín Marcovesky anunciara que recién el lunes dará a conocer su definición.

Las normas provinciales regulan cuando los contratos requieren de licitaciones públicas, privadas o pueden ser por contratación directa.