¿La hora de los costos para el MPN?



La pandemia en Neuquén transita la primera semana de una nueva fase: la Dispo, por las siglas que resumen el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. El mensaje que baja el gobierno provincial es que están preparados y que no habrá marcha atrás. El tiempo ganado con la cuarentena estricta, aseguran, no se está rifando, sino que hay condiciones para enfrentar los cambios en la curva de contagios, aun los más intempestivos como el vertiginoso ritmo de los últimas días en la capital neuquina.

Sin embargo, la compleja situación hacia la que el gobernador Omar Gutiérrez conduce a la provincia pondrá a prueba la elasticidad y la muñeca política de la sustancia de la que, desde hace algunos años, se nutre el MPN.

La anterior situación era mucho más cómoda para un gobierno que suele moverse con cautela y precaución. Ese perfil conservador, cultivado en los últimos años, mostró buenos resultados para la etapa donde todos se quedaban en sus casas y las sirenas de la policía y los bomberos anunciaban una especie de toque de queda a las 20. Fue tan efectivo que la sociedad neuquina todavía hoy la tiene incorporada.


La anterior fase era mucho más cómoda para un gobierno que suele moverse con cautela y precaución. Ahora enfrenta otro tipo de tensiones.


La hiperactividad del gobernador, que durante la pandemia parece funcionar a piñón fijo, tomando y supervisando todas las decisiones, como una fuente de verticalismo, entrará también en otra etapa. Por ejemplo, las tensiones entre los contagios, la movilidad creciente y los agujeros económicos, como el pago de los sueldos y aguinaldos en julio.

Unos 12.500 millones de pesos necesitará juntar el ministro de Economía Guillermo Pons para cancelar los haberes de la administración pública. Si bien aseguran que el mes más difícil ya pasó, crecen las versiones de un pago desdoblado o, al menos, diferido para la planta política.

El invierno abre otro frente. La asistencia en los barrios más vulnerables y los asentamientos, donde por lo menos hay 24.000 personas, demandará intensificar el aceitado mecanismo que tienen, tanto el gobierno provincial como el municipal, para cubrir las necesidades y evitar desplazamientos sociales que no dejan de ser un riesgo en épocas de coronavirus. El caso confirmado en el Ministerio de Desarrollo Social prendió una alarma temprana.

La conexión con Río Negro, a través de los pasos interprovinciales, es otro blanco de presión. Lo que el Ejecutivo no reconoce lo admiten sus colaboradores: el vínculo con una provincia que tiene circulación comunitaria debilita las defensas de la estrategia epidemiológica.

El viernes se resolvió la extensión de las restricciones en los puentes, sin embargo, aun así unos 8.000 rionegrinos entran todos los días a trabajar a la capital neuquina y también a utilizar los servicios habilitados en la Dispo. La ralentización del ingreso a la provincia con medidas, más del tipo administrativas que de eficacia sanitaria, parecen solo acrecentar el fastidio.


El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Oscar Massei, casi deja en ridículo al fiscal general, José Gerez, con la habilitación de los juicios.


Sin embargo, el gobernador todavía flota en los albores de la visita del presidente Alberto Fernández quien, después de las generosas muestras de afecto por parte de Gutiérrez, selló la reconciliación con el MPN y con la administración de Vaca Muerta. Enfrente, el peronismo neuquino todavía no digiere el trago amargo del esquivo asadito en El Messidor.

Pero tanta dulzura tuvo un corte esta semana y llegó desde el Poder Judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Oscar Massei, casi deja en ridículo al fiscal general, José Gerez, con la firma del decreto que habilitó los juicios en la provincia y que se conoció cuando sonaban las últimas estrofas del himno provincial en la Legislatura, donde se iba a tratar su proyecto de extensión a las prisiones preventivas.

Gerez es casi una rueda de auxilio del gobierno provincial en la resolución de conflictos, algo que, en otras épocas, era terreno de la muñeca política. La medida punitivista del fiscal buscaba blindar, una vez más, de costos políticos al gobierno ante el reclamo por la parálisis del servicio de justicia. Pero esta vez fue el bloque de diputados del MPN y sus aliados quienes, con un parche, alivianaron el golpe.


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