La insensatez compartida

En otras latitudes los gobiernos, sean derechistas, centristas o izquierdistas, temen a la inflación porque saben muy bien que, si le permiten alcanzar una tasa anual superior al 5%, no les quedará más alternativa que la de aplicar un ajuste que para muchos tendrá consecuencias penosas. Es por este motivo que, cuando se encienden las luces de alarma, reaccionan en seguida enfriando la economía. Pero parecería que la Argentina, a pesar de haber sufrido más años de inflación crónica que cualquier otro país, ha aprendido muy poco. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para finalmente dignarse a prestar atención a lo que estaba sucediendo, esperó a que el índice de precios al consumidor aumentara más en un solo mes que en un año entero en Estados Unidos, Europa o el Japón. Puede que para oficialistas tan febrilmente heterodoxos como el jefe de Gabinete Jorge Capitanich “ la inflación proyectada para todo el año, del 30%”, sea meramente anecdótica y por lo tanto “no es causa suficiente de un paro general”, pero con la eventual excepción de los chavistas venezolanos, pocos compartirían su opinión. Con todo, si bien es comprensible que los sindicalistas opositores hayan convocado a una huelga general para protestar contra la política inflacionaria que tantos estragos está provocando, no lo es que se hayan opuesto con más fervor aun a los intentos de restaurar un mínimo de estabilidad monetaria. Mal que les pese, si más de un siglo de experiencia internacional nos ha enseñado algo, esto es que no existen soluciones indoloras, de suerte que los que quieren frenar la inflación tienen forzosamente que estar a favor de un ajuste, mientras que los contrarios a los ajustes son partidarios de la inflación. De haber decidido Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y otros sindicalistas movilizar a los trabajadores hace algunos años para advertirle al gobierno de lo peligrosa que era su resistencia a tomar medidas destinadas a impedir que la inflación cobrara fuerza, hubieran brindado al país un servicio muy positivo pero, claro está, nunca se les ocurrió hacerlo. Al contrario, antes de romper con el gobierno, Moyano procuraba convencer a todos de que no había vínculo alguno entre la tasa de inflación y la evolución de los salarios. Con todos los demás sindicalistas, contribuyó a su manera a asegurar que, andando el tiempo, la marea inflacionaria continuara subiendo hasta alcanzar su intolerable nivel actual. Puede argüirse que sería poco razonable exigirles a los sindicalistas pensar en el mediano plazo, ya que su papel sectorial los obliga a ser miopes, pero en el orden populista que hemos sabido construir su poder debería entrañar cierto sentido de responsabilidad. Si el bienestar de los afiliados les es prioritario, como suelen decirnos, no pueden darse el lujo de limitarse a aprovechar las oportunidades brindadas por la mala praxis gubernamental. Están en lo cierto los voceros kirchneristas que califican de “político” el paro general del jueves. El país ya ha entrado en una etapa de transición, que podría resultar ser muy larga. Distintas agrupaciones, entre ellas la conformada por el sindicalismo tradicional, están procurando posicionarse ventajosamente. Por desgracia, a muchas les parecerá conveniente asumir posturas que harán aún más grave la situación económica. Si el gobierno de Cristina no puede concretar las medidas necesarias para impedir que la inflación se salga por completo de madre, los mercados se encargarán de la tarea. Lo harían de manera brutal, como en el 2002. A esta altura, la alternativa a un “Rodrigazo en cuotas” que, según el exministro de Economía Roberto Lavagna, se puso en marcha el año pasado no es un regreso a la tranquilidad relativa, e insostenible, de dos o tres años atrás, sino un ajuste caótico en que virtualmente todos resultarían perjudicados. ¿Lo entienden los sindicalistas peronistas? A juzgar por las consignas usadas para justificar el paro general, la respuesta es negativa. Tampoco parecen tener ideas muy claras los dirigentes políticos opositores que están mirando desarrollarse el drama socioeconómico sin hacer mucho más que culpar, como es legítimo, al gobierno kirchnerista por haberlo provocado, acaso por entender que, si se animaran a formular propuestas concretas, se convertirían ellos mismos en los blancos predilectos de la ira de una mayoría aún populista.