La lección de Cavallo
Si hay algo que no quieren ni los profesionales de la política ni los intelectuales que a través de los años los han acompañado, proveyéndoles sus ideas, esto es un debate serio en torno de las causas de la incapacidad aparente de la Argentina para evolucionar en una democracia próspera y relativamente equitativa comparable con las que se dan en Australia y Canadá. Prefieren atribuir el fracaso a las actividades siniestras de Estados Unidos, del FMI o de sus aliados locales, al «liberalismo» y a la influencia a su juicio nefanda de personas determinadas cuya identidad dependerá de sus propios intereses inmediatos. Huelga decir que entre los considerados responsables del colapso de fines del año pasado están el ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Según parece, cuanto más culpables hayan sido éstos, más inocentes serán los demás, sobre todo aquellos que están, nos aseguran, tratando de arreglar el caos que «heredaron».
Por lo tanto, es tal vez natural que la reacción oficial frente a las declaraciones que formuló Cavallo en el transcurso de un programa televisivo que fue difundido el domingo pasado haya consistido en procurar negarle el derecho a decir nada o en tratarlo como un «loco», pero sucede que las aclaraciones que hizo el ex «superministro» se ajustan decididamente más a la verdad, que el discurso vehemente de la mayoría de sus detractores. Por cierto, tiene razón al admitir que cometió un error garrafal al aceptar integrar un gobierno liderado por un conservador pero con una base política conformada por «una centroizquierda absolutamente anacrónica» que, como es notorio, dedicó buena parte de sus esfuerzos a jaquear al Poder Ejecutivo hasta provocar su caída. Asimismo, aunque sería legítimo criticar al propio Cavallo por no haberse concentrado en intentar encontrar una salida no traumática de la convertibilidad, es innegable que la forma de hacerlo elegida por los peronistas y sus socios del radicalismo bonaerense difícilmente pudo haber sido peor. Según parece, sus dirigentes -el actual presidente Eduardo Duhalde, los radicales Raúl Alfonsín y Leopoldo Moreau y otros- tomaban en serio su propia retórica contestataria, convenciéndose de que para construir un «modelo» mejor les sería suficiente romper con el statu quo.
De todos modos, a esta altura achacar la catástrofe que se ha abatido sobre el país a «Cavallo» o a «De la Rúa» no sirve para nada. Aunque realmente fuera así, sería necesario explicar cómo fue posible que en una democracia libre los dos presuntos malhechores, ninguno de los cuales contaba con el apoyo de una línea política interna o partido significante, se las arreglaran para ubicarse en la cima del poder. La respuesta a dicho interrogante es evidente: lo lograron gracias a la irresponsabilidad apenas concebible de una clase política integrada por personajes que están más que dispuestos a permitir que otros manejen la crisis de turno por suponerse capaces de beneficiarse de cualquier resultado. En efecto, de haberse reanudado el crecimiento económico durante la gestión de Cavallo, los radicales no hubieran vacilado en aprovechar las ventajas políticas tal y como ya lo habían hecho con la imagen pasajeramente atractiva de De la Rúa; puesto que la economía siguió deteriorándose, optaron por imputarlo al odiado extrapartidario.
La parábola trazada por Cavallo el año pasado debería sernos aleccionadora. Comenzó el año como un salvador, un mesías, para terminarlo como el gran culpable de todos los males nacionales y víctima previsible de «la Justicia». Mientras sus acciones estaban en alza, casi todos los políticos, encabezados por los radicales, querían sacar una tajada; cuando, para fruición de sus muchos enemigos, entraba en caída libre, hasta sus presuntos amigos se ponían a maldecirlo y a festejar su encarcelación aunque sabían que el pretexto era absurdo. Es innecesario decir que este episodio extravagante nos ha dicho muy poco acerca de Cavallo mismo pero mucho, nada de ello bueno, acerca de la clase política nacional, conjunto que con escasas excepciones sigue resistiéndose a reconocer que es su deber ineludible afrontar las crisis del país, no limitarse a pensar en la manera más eficaz de sacarles provecho.