La letra chica



Diputados aprobó una nueva, amplia y generosa moratoria fiscal que pretende ayudar a las empresas y personas que atraviesan una difícil situación económica por la pandemia. Sin embargo, la letra chica del texto alimenta las sospechas de un plan a medida de amigos del poder investigados por corrupción.

El texto con media sanción amplía una iniciativa anterior, ya que la moratoria vigente lanzada en diciembre pasado sólo estaba pensada para las pymes y la nueva iniciativa beneficia a grandes empresas, monotributistas y particulares.

Las moratorias siempre son polémicas. Los frecuentes cumplidores las ven como un premio a deudores crónicos. En la historia reciente del país se lanzaron unos 210 blanqueos impositivos, producto de las recurrentes crisis económicas. Siempre se las plantea como la “última oportunidad”, pero la mayoría sabe que, ante nuevas necesidades de caja fiscal, cada nuevo gobierno hará la suya, generando un horizonte de expectativas donde es más rentable eludir el pago actual y confiar en que más adelante habrá oportunidades para licuar capital e intereses en un nuevo plan de facilidades, ayudados por la inflación.

De todos modos, nuestro país tiene una pesada carga impositiva para las personas y las empresas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), para una familia asalariada la carga tributaria de los tres niveles de gobierno (municipios, Provincia y Nación) se ubica entre el 49 y el 58% de su ingreso total. Para las empresas, la Cámara Argentina de Comercio estima que la carga impositiva sobre el margen bruto de un comercio puede llegar de un 30 y un 45%. Esto hace que, ante cada penuria económica, eludir los pagos sea una forma de sobrevivir.

No se puede ignorar que hay algunos que, con capacidad contributiva, aprovecharon la situación para financiarse eludiendo el pago de impuestos y ahora buscan licuar sus deudas.

No hay dudas de que la situación de estos cinco meses de pandemia amerita una consideración especial. En una economía que ya venía en recesión, muchas firmas y trabajadores independientes sufrieron el cierre de locales, limitaciones al transporte, la baja en el consumo y la incertidumbre por las medidas sanitarias. La gastronomía, turismo, hotelería, servicios personales, gimnasios, educación privada, entre otras, no operan desde marzo y tampoco tienen un horizonte de cuándo retomarán sus actividades, ni cómo pagarán las deudas acumuladas.

Por ello resulta razonable que el Estado alivie la presión fiscal extendiendo en el tiempo el pago de obligaciones y condonando intereses y punitorios que a menudo se transforman en montos impagables. También es positivo que se beneficie a quienes sí pagaron a pesar las dificultades.

Sin embargo, no se puede ignorar que hay algunos que, con capacidad contributiva, aprovecharon la situación para financiarse eludiendo el pago de impuestos y ahora buscan licuar sus deudas.

Quizás el artículo más polémico del texto sea el artículo 11, apodado “cláusula Cristóbal López”, aludiendo al empresario K investigado por la Justicia penal por defraudaciones al Estado. Este apartado incluye en la moratoria al sector de “combustibles líquidos, gasoil y gas licuado”, a la realización de apuestas (juego) y a empresas en situación de quiebra. El grupo que lidera López fue acusado de apropiarse de impuestos por hasta $8.000 millones como “agente de retención” del gravamen a los combustibles para financiar su expansión empresaria. La moratoria no sólo implicaría que el Estado dejara de cobrar unos US$ 100 millones, sino que permitiría al empresario eludir una condena penal. La iniciativa podría beneficiar a otros empresarios ligados al poder como Lázaro Báez o los propietarios de OCA, señalan analistas y líderes opositores. Sería saludable modificarla o excluirla del texto final.

El gobierno debiera tener en claro que esta moratoria es apenas un paliativo. Tras la situación excepcional que dejará de la pandemia, será necesario lograr el equilibrio fiscal y comercial que permitan estabilizar la moneda y la economía. Se impone también una profunda reforma tributaria que beneficie a contribuyentes y empresas cumplidores, evitando las excepciones que terminan favoreciendo a quienes eluden impuestos y cometen graves delitos contra el fisco.


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