La ley de fomento hidrocarburífero corre contrarreloj

La iniciativa debe resolverse antes de que las empresas definan los planes de desarrollo del 2022. El control del precio del crudo y los combustibles, uno de los ejes del proyecto.




Las expectativas en la industria petrolera y en las provincias productoras en torno al proyecto para crear una nueva ley de fomento de inversiones para la industria hidrocarburífera son buenas, pero la iniciativa corre contrarreloj dado que mientras la iniciativa deberá ser tratada en el Congreso en medio de un año electoral, en julio la mayoría de las compañías comienzan a cerrar los planes de inversión que ejecutarán el año que viene.

En las últimas semanas el equipo mixto encargado del armado de la ley, formado por referentes del ministerio de Economía, de la secretaría de Energía de la Nación y de YPF, se reunió con prácticamente todos los actores de la industria hidrocarburífera, desde las operadoras hasta las provincias productoras.

En esos encuentros el gobierno cumplió con su promesa de escuchar las necesidades y propuestas de los diversos sectores, y desde Energía aseguran que ahora comienza el armado final de la ley en sí, que amalgame las iniciativas que tiene el gobierno, las que impulsa YPF y las que propusieron las demás empresas y gobiernos provinciales.

Pero en esa definición deberán sopesarse además factores como el costo fiscal de algunas de las propuestas y las visiones de desarrollo del sector que tienen los diversos sectores que conforman el gobierno nacional.

Si bien el lanzamiento de una ley que fomente las inversiones en el sector fue uno de los ejes de la campaña que llevó al gobierno al poder, y que fue anunciada por el presidente Alberto Fernández tanto en la apertura de sesiones del Congreso de este año como en la del año pasado, desde las empresas consultadas se aseguró que aún no hay un texto claro, o un borrador formado, más allá de algunas ideas clave.

Las operadoras plantearon en los encuentros con Nación cuáles son sus necesidades.

El desafío de la cartera que conduce Martín Guzmán es lograr dar forma al proyecto en un plazo acotado para que diputados y senadores puedan tratarlo antes de mitad de año, de forma tal que el incentivo impacte de lleno en los planes de inversión de las empresas para el año que viene.

Para esto, el gobierno dio un primer paso acortando el camino con el dictado esta semana del DNU 234/21, el nuevo Régimen de Fomento de las Inversiones para las Exportaciones que, si bien es general, abarca al sector de los hidrocarburos.

Con ese decreto se zanjó en buena medida uno de los principales pedidos de las empresas multinacionales que es precisamente el acceso al mercado de divisas para poder no solo girar utilidades, sino también pagar préstamos internacionales.

Si bien el DNU 234/21 vino a versionar a normas que ya existían en el sector de los hidrocarburos como el decreto 929/13 y su modificación a través de la ley 27.007/14, lo cierto es que en la práctica no se estaba respetando los parámetros de acceso al mercado de divisas de la actual Ley de Hidrocarburos.

Es por esto que uno de los puntos clave que ahora se espera que aborde el proyecto de ley específico del sector es la creación de un sistema de fuelle que permita por un lado evitar un fuerte impacto en el precio de los combustibles y a la vez una caída brusca en el valor del crudo.

La iniciativa, que comúnmente entre las empresas es resumida como el nuevo sistema de barril criollo, busca en síntesis desacoplar el precio local del petróleo y las naftas del internacional -algo que en la práctica ya ocurre hace más de 15 años.

Para esto algunas de las propuestas presentadas en los encuentros apuntan a crear un mecanismo de estabilización del precio de los surtidores, una suerte de blindado para el valor local de las naftas de los grandes saltos del precio internacional del petróleo, pero garantizando a la vez que no se trata de un congelamiento.

Mientras que por el otro lado, se busca crear un fuelle que amortigüe una eventual caída en la cotización internacional del crudo como la que se registró el año pasado, por medio de un esquema en el que si el precio del crudo sube se incrementen los impuestos, pero ante una caída en el precio, los impuestos también se reduzcan mejorando así los ingresos del sector productor en tiempos de vacas flacas.

Esta iniciativa se une por un lado a la quita de las retenciones a las exportaciones, ya que uno de los objetivos es potenciar un incremento en la producción para que se generen saldos exportables, y por el otro lado se vincula con un nuevo sistema de exportaciones.

Al respecto, desde las empresas se solicitó en el caso del gas que las autorizaciones de exportación se den por plazos más largos, de más de un año, para permitir así mejorar el precio del gas que fluye al exterior. En tanto que en el caso del crudo, el pedido de las operadoras es que, una vez cumplido el abastecimiento nacional, se genere una suerte de permisos de exportación automáticos que evite el “cruce de barcos”, que es cuando una refinería puede impedir una exportación solicitando esos barriles.

Pero estos no son los únicos puntos planteados en la propuesta, ya que por ejemplo varias firmas solicitaron que se modifique el sistema de importación de equipos para agilizar y abaratar su llegada, mientras que desde el gobierno se impulsa también la incorporación de un sistema de fortalecimiento de la cadena de valor nacional, para apuntar el sector de las pymes locales.

Mientras desde algunas de las empresas consultadas se advirtió que “el diálogo fue muy positivo pero realmente no sabemos qué va a decir el proyecto que envíen al Congreso”, desde las provincias se advirtió que se reclamará que previamente al envío del proyecto, el texto sea revisado por la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos, la Ofephi, de forma de que tenga previamente la corrección o el aval de las diez provincias productoras.

Mientras desde las operadoras y los gobiernos provinciales se confía en que la iniciativa puede generar un impacto real en las inversiones, la carrera contrarreloj está en marcha y no son pocos los que recuerdan que con el otro gran programa de Nación, el Plan Gas Ar, el gobierno perdió en la carrera contra el tiempo.

Recuperar la confianza

Si bien todas las empresas consultadas por este medio aseguraron que esperan que el proyecto de una nueva ley de fomento al sector hidrocarburífero tenga un impacto positivo en la industria, no fueron pocos los que advirtieron que, como en la fábula del pastor mentiroso, es difícil creerle a un país que hoy tiene normas de fomento de las inversiones que sin embargo no pueden ser utilizadas.

Desde las operadoras se recordó que normativas como el artículo 19 de la ley 27007 están vigentes hoy en día pero que no logran hoy poder hacer uso del acceso al mercado de capitales para inversiones mayores de 250 millones de dólares que marca esa norma.

Este punto fue destacado en un reciente informe de la prestigiosa consultora G&G Energy Consultants, desde donde se advirtió que “es difícil que un proyecto que trate de lo mismo que ya fue aprobado, pueda despertar credibilidad sin cumplir previamente con los decretos y leyes ya vigentes y violados sistemáticamente por la autoridad”.

A su vez, desde algunas compañías se cuestionó que tanto el DNU 234/21 como las iniciativas que sobre el acceso al mercado de divisas pueda incorporar la nueva ley “terminan perjudicando a las empresas que pese al contexto adverso apostaron al país e invirtieron en los últimos años”.

Es que detallaron que mientras esas inversiones no pueden acceder a los nuevos beneficios que ahora se aplicaron “los que no invirtieron esperando oportunidades o especulando con los planes del Estado, ahora sí pueden aprovechar esas ventajas”.


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