La mitad de los empleados judiciales sufren estrés

VIEDMA.- El estrés invade al Poder Judicial, y según cálculos gremiales afecta a unos 600 agentes, lo que significa la mitad de la actual planta.

El planteo se multiplica mediante otros actos de persecusión, discriminación salarial y sumarios laborales; de acuerdo a una denuncia presentada a la Legislatura rionegrina.

Algunos empleados están con tratamiento psiquiátrico, ataques de pánico y «mooving» laboral a raíz de recargas horarias y métodos de presión como investigaciones penales por supuestas falsificación de certificados médicos y daños en edificios durante protestas sindicales.

El crudo informe fue elaborado con la participación de los titulares gremiales de las cuatro circunscripciones judiciales, Nelsón Belich (Viedma), Edgardo Quezada (General Roca), Gustavo Pantucci (Bariloche) y Miguel Russo (Cipolletti).

Durante la presentación ayer, se hizo referencia a la existencia de cámaras «ocultas» en el edificio central que sólo sirven para vigilar a los empleados. Belich explicó al respecto que allí se produjeron en el último tiempo cinco hechos delictivos como el robo de monedas a los teléfonos semi-públicos pero «no se pudo descubrir nada» salvo «para vigilarnos».

Los perjuicios se dan también en cambios unilaterales en el reglamento judicial. Ante ello, se llegó a la conclusión de que los empleados no pueden llegar un minuto tarde, sin sufrir descuentos. Se detectó lo que consideraron una «deshumanización» del «Area de Recursos Humanos» mostrando «su peor cara y siendo tan elitista que desmerece la función del empleado». En consecuencia, se observó que «no se contempla al individuo sino que se explota al empleado con descuentos 'salvajes'» puesto que «la primer llegada tarde de un minuto a 10, es perdonada, la segunda en el mes, tiene un descuento de 30 por ciento del día laboral. La tercera sube al 60 por ciento y de ahí en adelante es del ciento por ciento». Los casos se extienden a que cualquiera que exceda los 10 minutos, el ciento por ciento de descuento. En todos los casos el agente debe quedarse en su puesto de labor, siendo una doble sanción.

La interpretación sindical es que el STJ el único organismo que aplica una doble sanción por un solo hecho, manteniendo a una «minoría selecta y destacada» sin estos controles, en razón de que el resto de los funcionarios no tienen comprobante de una contraprestación razonable con el Estado, pues «no  fichan, ni tienen control alguno de asistencia a sus labores».

En cuanto a las desigualdades, el documento hace mención a que algunos empleados cobran adicionales diferentes como «funcionarios» sin revistar en una categoría de ley mientras a otros «se los explota sin retribución alguna». En ese mismo sentido se planteó las restricciones al cobro de contribuciones obligatorias en un 20 por ciento sobre cada juicio a la vez que aquellos que son abogados dentro de ese poder tienen un reconocimiento por antigüedad desde la obtención del título.

La investigación gremial da cuenta de «sobresueldos» con un «significativo aumento» para magistrados de segundo grado, «un poco» a los de rango intermedio y «como siempre para los pobres empleados solamente se les aplicó un porcentual tan bajo y tan entrañado que dio como resultado una escala salarial de 25-30 a 1». Los dirigentes sindicales pusieron como ejemplo que un juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) «puede cobrar entre 25.000 o 30.000 pesos» aunque «desconocemos la escala salarial y un empleado ingresa con 1.100 pesos aproximadamente».

Al ver sus derechos laborales afectados, la representación incluyó en el diálogo previo con los legisladores que el documento les permita desembocar en un proyecto de ley que avala una discusión paritaria. Belich mencionó que la base será esa discusión a fin de que «se termine en la confección de un estatuto laboral que no lo pueda tocar el STJ».

Fuente: (AV).