La oposición en el poder

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Desgraciadamente para el país, la mayoría abrumadora de sus dirigentes políticos se formó en el marco de la lucha – a menudo ficticia – entre civiles y militares, o sea, de aquel esquema muy latinoamericano según el cual los representantes del pueblo se dedicaban a gastar y los uniformados a restaurar un simulacro de orden cuando el despilfarro principista desembocaba en uno de sus desastres. Aunque la dictadura del Proceso, ella misma consecuencia de la negativa de los «políticos civiles» a ponerse a la altura de sus responsabilidades, supuso el fin definitivo de un sistema intrínsecamente perverso, son pocos los dirigentes que han logrado adaptarse a las circunstancias resultantes. Con escasas excepciones, siguen siendo opositores. Toda vez que pueden, tratan al gobierno de turno como si fuera una nueva tiranía castrense pero, puesto que saben que no lo es, atribuyen sus «crímenes» a una variedad exótica de conjurados locales y, claro está, extranjeros.

Incluso los peronistas, a pesar de su costumbre de jactarse de su «vocación de poder», cualidad que uno supondría compartida por todos los «dirigentes» sin excepción, nunca consiguieron transformarse en gobernantes vocacionales, de ahí aquellos choques ridículos entre el «ala económica» y el «ala política» que tanto contribuyeron a inutilizar la segunda gestión del presidente Carlos Menem. En cuanto a los aliancistas, su situación es peor aún. Ministros de ideas a su entender «progresistas» y el mismísimo titular de la UCR, Raúl Alfonsín, continúan hablando como si estuviéramos en el año 1980 y les correspondiera imputar todos los males habidos y por haber al «liberalismo» que en su opinión motivaba a los dueños del poder. Aún más nefasta es la conducta de ciertos diputados y diputadas mediáticos que, conscientes de que la «protesta» vende mejor que los esfuerzos serios por impulsar el desarrollo del país, se han entregado a la tarea para ellos gratificante de socavar desde adentro a lo que es en teoría su propio gobierno. ¿Lo están haciendo porque creen que el eventual fracaso de la gestión de Fernando de la Rúa beneficiaría a los pobres, que inauguraría una época signada por la prosperidad generalizada y la justicia social? Desde luego que no: todos entenderán que en tal caso se produciría una gran y muy dolorosa crisis política y económica que se prolongaría hasta que surgiera un gobierno decididamente más «derechista» que el actual. ¿Es lo que quisieran? Tal vez: los productos de una tradición política que hizo de la «lucha» contra el «régimen» de turno la actividad más noble sienten nostalgia por los tiempos en los que todo les pareció maravillosamente sencillo. A su modo, se asemejan a aquellos intelectuales españoles de un par de décadas atrás que solían bromar «contra Franco estábamos mejor», pero sucede que no son escritores que dan por descontado que su único deber es hacia su propia obra sino «dirigentes» cuyos caprichos pueden tener consecuencias bien concretas. Si lo que más les interesa es hablar de utopías convendría que confesaran que no están hechos para la política, para pasar entonces a ocuparse de otra cosa.

La «crisis» que estalló a pocos meses del inicio de la gestión de De la Rúa no es sólo fiscal, financiera o económica. Ni siquiera es solamente política. Es cultural en el sentido más lato de la palabra. Al país le falta una «clase dirigente» auténtica, un sector amplio conformado por personas dispuestas a hacer lo necesario por solucionar los problemas o, cuando esto es imposible, atenuarlos. ¿Cuántos políticos entienden esta realidad tan evidente como ineludible? ¿Cuántos obispos? ¿Cuántos intelectuales? Pocos, demasiados pocos, porque la mayoría prefiere imaginarse en «lucha» contra «el neoliberalismo», la «globalización» o «el modelo», abstracciones éstas que para ellos constituyen sustitutos adecuados de los enemigos militares u «oligárquicos» de carne y hueso de sus años de aprendizaje. Parecería que no se han enterado de que desde fines de 1983 la Argentina es una democracia y que en consecuencia los políticos también tienen la obligación de prepararse para asumir plenamente las responsabilidades gubernamentales.