La oposición intenta suspender a Castillo

CENTENARIO (ACE).- La oposición intentará hoy suspender al intendente Luis Castillo y para ello buscó ayer el apoyo de los «vecinos autoconvocados en contra de la corrupción», que deliberaron en la plaza de Los Pioneros por más de dos horas.

Fueron dos las solicitudes elevadas al presidente del cuerpo, Jorge Moreno (MPN): la de la Alianza que solicitó que la sesión especial para suspender a Castillo se lleve a cabo hoy a las 20 bajo los términos del artículo 107 de la Carta Orgánica Municipal (por serias irregularidades), y la del bloque Justicialista, que pidió lo mismo pero no puso día y hora.

Las cuatro firmas de la oposición habilitan el llamado a sesión especial, aunque para que opere la suspensión, deberán contar con la adhesión de ediles del MPN porque no cuentan con la mayoría. Hasta ayer se desconocía si el oficialismo se iba a mantener en una postura sin rupturas en adhesión a Castillo.

El intendente, que está acusado por la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública de ser el presunto jefe de la banda de los subsidios, se encuentra de licencia por 60 días, «pero lo que corresponde es suspenderlo; esto no es un cambio de figuritas mientras se toma unas vacaciones, lo que se busca son cambios profundos hasta que termine el juicio que defina su responsabilidad en este asunto», dijo ayer la aliancista María Maldonado.

«No hemos tenido las respuestas del MPN, pero es hora de que la comunidad les haga sentir lo que piensa, tienen que ayudarnos para que sean ocho las manos alzadas para suspender a Castillo y decirle que se vaya a su casa hasta que la Justicia diga si es corrupto o no», dijo ayer Sonia Masip, la concejal que instó a los vecinos reunidos en la asamblea a que se sumaran a la sesión solicitada para hoy.

La convocatoria de los vecinos no fue lo masiva que se esperaba. Muchas personas acudieron a la plaza, firmaron el petitorio y luego se retiraron.

En la solicitud -que en dos días ya sumó unas 1.000 firmas- se pidió al juez Alfredo Velasco Copello que actúe sin tregua contra los corruptos, que la Legislatura sancione la ley de protección al testigo, que el fiscal habilite una línea gratuita para «aportar datos» a la investigación y que el Deliberante actúe en el nivel local. La lista de oradores comenzó con el testimonio de Fernanda Zabala, que instó al resto a «no tener miedo a hablar, porque no tenemos por qué bancar entre todos a los corruptos que tenemos en la municipalidad».

La joven apuntó a Emilio Cimolai -quien atropelló y mató a su padre en un accidente de tránsito-, el director de Producción de la comuna que está imputado en la causa por autorizar pagos realizados a empresas que cobraban por el trabajo que fue realizado por los desocupados como parte de la contraprestación laboral a la que están obligados para percibir los 150 pesos. Hubo al menos dos testimonios de personas que denunciaron públicamente que se habían enterado en la fiscalía que otros habían cobrado subsidios o aportes en su nombre.

«Hoy (por ayer) íbamos un colectivo lleno de gente a la fiscalía, todos por el mismo tema. A mi me habían otorgado un subsidio de 100 ó 150 pesos que se cobraron por casi un año, porque en total llegaban a los 1.400», dijo ayer un desocupado de la UOCRA que vive en Villa Obrera y que prefirió que su nombre no fuera publicado.

Piden custodia para resguardar a los testigos

CENTENARIO (ACE).- La edil de la Alianza, María Maldonado, solicitó ayer la custodia de la fiscalía para algunos testigos que sufrieron amenazas por el testimonio que prestaron en la Justicia.

«Nos preocupa que al salir a la calle el expediente se conocen nombres directos de algunos denunciantes que a través de parientes sufrieron intimidación», dijo ayer la edil. «Tené cuidado con lo que está diciendo; mirá que tenés más familiares», le dijeron a los padres de una persona que habría brindado detalles a la Justicia sobre cómo se cometían algunas irregularidades de las que se investigan.

Según se conoció, copias del expediente judicial -facilitadas presuntamente por los abogados que tienen acceso a la causa- circulan desde hace dos días en la ciudad; que por estas horas es un corrillo incesante de versiones. Hasta ayer la única entidad intermedia que se pronunció públicamente por la situación institucional que atraviesa la ciudad fue la sede local de la iglesia católica, que en un comunicado firmado por tres sacerdotes del pueblo, repudió los hechos de corrupción que afectan a los sectores más carenciados.

El comunicado fue leído ayer en la asamblea de los vecinos autoconvocados en contra de la corrupción.

«Si las personas que sufrieron vejámenes como los que hemos escuchado en los últimos días no acudieron a las instituciones, es porque no confiaron en ellas y debieron sufrir solas», cuestionó ayer el vecino César Gutiérrez, quien llamó a la gente a continuar participando de las convocatorias públicas.

«Molina no es un piquetero, es un puntero político trabajando para el MPN», se quejó un estudiante en la asamblea que solicitó a la gente no descreer de los grupos con actividad social o política.

Según se conoció, en el grupo de desocupados la expectativa de un cambio de la situación está cifrada en los avances que logre el proceso judicial. «Dicen que en un mes más Molina sale de la cárcel y todo va a continuar igual; por algo Castillo no va preso», manifestaron algunos incrédulos.