La pelea más seria con el empresariado

Panorama nacional

No hay ninguna instancia de negociación con Tecpetrol, aseguran a esta columna fuentes seguras del gobierno nacional. “Responderemos a su reclamo administrativo”, agregan. Pero la compañía petrolera del grupo Techint tendrá, todo indica, una silla en la mesa sectorial que la secretaría de Energía convocó para este miércoles en el palacio de Hacienda, espacio que incluye a empresas con inversiones en Vaca Muerta (no así a las pymes), a los gremios y al gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez.

El conflicto ya es el más serio entre el gobierno y el sector empresarial de la era Macri. El caso encierra múltiples paradojas; la más notable y menos sociológica es tal vez que afecta a uno de los sectores de mayor dinamismo de una economía estancada, en el que el gobierno cifra en buena medida la recuperación. La pelea es por un recorte en los subsidios a la producción de shale gas de hasta 5.600 millones de pesos, según las proyecciones que dio a conocer la empresa. Por mucho menos, Cristina Kirchner ya habría hecho una cadena nacional para denunciar a Paolo Rocca por algún delito imaginario. Alguna vez lo hizo y ordenó un coro de intimidaciones: en respuesta a una crítica de Rocca a la política industrial, el ministro Kicillof dijo en 2012 que “habría que fundirlo”.

El gobierno maneja en cambio el conflicto con bajísimo perfil. La posición oficial es que el estado no puede destinar más recursos a acompañar nuevos proyectos en Vaca Muerta, como ha dicho el ministro Dujovne en una de las escasas declaraciones sobre el caso. Es una imposición del Fondo Monetario en busca del equilibrio fiscal, al que se debería llegarse este año. Frustrada la posibilidad de llegar a una solución de consenso, se pagará el valor de mercado cuando se supere el nivel de producción previsto. Sigue siendo una incógnita cuáles son las verdaderas convicciones de Macri sobre el asunto. Tal vez no las tenga.

Para el gobierno, la reinterpretación de las normas que determinan las compensaciones a las petroleras no implica un cambio en las reglas de juego para el sector. También por mucho menos que eso las empresas podrían estar hablando de un caso de inseguridad jurídica. Al despacho de Dujovne llegó la semana pasada un reclamo por el desconocimiento de derechos reconocidos en su momento por el estado nacional. Ha sido interpretado como el primer paso hacia una acción en la justicia.

En el despacho del secretario Energía Gustavo Lopetegui aseguran que la razón los asiste. Dicen que el sector energético no perderá su dinamismo y que el conflicto está focalizado en una sola empresa, que confían, seguirá invirtiendo en la formación. La pulseada impacta sin embargo en la producción: Tecpetrol anunció que bajará tres de sus cuatro equipos de perforación instalados en Fortín de Piedra, centro de sus operaciones en Vaca Muerta. Los especialistas advierten sobre un impacto en los precios y la exportación de gas. El gremio advirtió que no aceptará despidos y recordó los compromisos asumidos en la mesa sectorial. El año electoral acercó la política al conflicto: Miguel Pichetto estuvo el viernes en la zona acompañando el reclamo de los petroleros de su colega Guillermo Pereyra.

Titular de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Pichetto se encontrará en estos días con una ampliación del pedido de remoción del juez federal Luis Rodríguez formulada por Elisa Carrió en noviembre pasado. Carolina Pochetti, detenida, viuda del secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, declaró ante el juez Bonadio haber pagado a Rodríguez una coima millonaria para beneficiarla en una causa por enriquecimiento ilícito. Pochetti hizo otra revelación a Bonadio: dijo que parte del dinero ilegal que se atribuye a Muñoz fue invertido en emprendimientos inmobiliarios en el archipiélago Turks and Caicos, cercano a las Bahamas. Muñoz construyó una fortuna de alrededor de 70 millones de dólares.

El señalamiento a Rodríguez ilumina sin embargo una dimensión clave en el sistema de corrupción que imperaba en los gobiernos Kirchner: la complicidad de la justicia.

El caso encierra múltiples paradojas; la más notable y menos sociológica es tal vez que afecta a uno de los sectores de mayor dinamismo en una economía estancada.

El señalamiento a Rodríguez ilumina una dimensión clave en el sistema de corrupción que imperaba en los gobiernos Kirchner: la complicidad de la justicia.

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